Por Roberto Álvarez Mur
El nivel de vulnerabilidad al que es arrojado el colectivo trans y travesti toma su expresión máxima en una esperanza de vida que no supera los 35 años. En este marco, la vejez es casi imposible de concebir, salvo por el testimonio de las sobrevivientes a la violencia institucional y la exclusión de las políticas de Estado, hoy impulsoras de la Ley 2.526, destinada a resarcir de manera económica a quienes hoy transitan la tercera edad con las secuelas de tal desidia.
“Nuestra venganza va a ser vernos llegar a viejas”, fue una de las consignas que tomaron lugar en la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, en referencia al punto de atención máximo de la iniciativa, donde se contempla la necesidad de un acompañamiento legislativo hacia las garantías de una vejez digna para las personas trans.
La propuesta establece un resarcimiento económico a quienes den cuenta de haber sido víctimas de violencia institucional bajo la vigencia de los edictos policiales, en especial entre las décadas del setenta y noventa.
“Tiene que ver con toda la violencia institucional que ejerció el Estado argentino hacia la identidad de género en las personas trans. Si bien es cierto que repara ciertas cuestiones en términos de calidad de vida, también da cuenta de una reparación histórica hacia nuestro sector, violentado durante décadas por la Policía y el sector judicial”, dijo a Contexto la titular de Otrans Argentina, Claudia Vásquez Haro, cuyo organismo acompañó la iniciativa pensada en sus orígenes desde el colectivo Lohana Berkins, luego retomada por un conjunto de agrupaciones y entidades vinculadas a la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI.
“Tiene que ver con toda la violencia institucional que ejerció el Estado argentino hacia la identidad de género en las personas trans.»
Según estipula el Artículo 1º de la Ley 2.526 D-2016: “Establécese una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal».
«Serán beneficiarias, indiscutiblemente, las personas a las que se les haya aplicado los incisos ‘f’, ‘h’, e ‘i’ del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina”, continúa el texto.
En tanto, Alma Fernández, referente del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis que acompañó la presentación del proyecto, dijo a Contexto: “La Ley establece un resarcimiento económico de 10 mil pesos, con el 30% móvil. Es, de alguna forma, hacer justicia por las compañeras que no pudieron llegar a gozar de este privilegio, como Lohana Berkins o Diana Sacayán. Es decir, interpelar a un Estado para que piense las políticas públicas para el colectivo trans”.
Según remarcó Vásquez Haro, los registros existentes muestran que la cantidad de trans que superan los cuarenta años de edad son apenas trescientas, quienes serían indemnizadas de ser aplicada la ley.
«Es, de alguna forma, hacer justicia por las compañeras que no pudieron llegar a gozar de este privilegio, como Lohana Berkins o Diana Sacayán.»
“El desafío es pensar cómo reparar a esas sobrevivientes. Hay muchas compañeras que sobrevivieron a la dictadura. A muchas se les aplicó este código de faltas y se les han acumulado los antecedentes. Hay una compañera que tiene 132 causas armadas”, explicó la referente de Otrans.
“Las beneficiarias de esta ley serán quienes demuestren haber sido violentadas durante la vigencia de los edictos. Pero allí también hay complejidades, porque las detenciones de trans en las comisarías no entraban en los libros de actas, por ejemplo. Esta clase de impunidades incluso propició que muchas murieran en calabozos”, agregó.
“No vemos mujeres trans mayores de edad. Entonces, nos era imposible pensar en esa etapa de la vida. El proyecto se da para poder, al menos, ayudar a constituir una vejez digna para este colectivo”, expresó Vásquez Haro.
Según la Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros, realizada por el INADI y el INDEC, el promedio de vida de las personas trans es de entre 35,5 y 41 años. La encuesta hizo partícipe a 209 personas; 73 de ellas (35%) expusieron que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80% restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales. La Policía apareció como la institución considerada como causante de graves hechos de discriminación y violencia: en un 83% para las mujeres trans y en un 40% para los hombres trans.
