La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata volvió a fallar a favor de Vidal en un tema sensible para los bolsillos. El 17 de mayo había suspendido un fallo de primera instancia que obligaba al Gobierno a devolver los descuentos salariales aplicados a los docentes por adherir a huelga. En este caso, con las firmas de los jueces Gustavo De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, la Cámara aceptó un pedido de queja del Ejecutivo y le dio efecto suspensivo a la medida precautelar que dictó el juez Luis Arias para frenar el tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires.
La precautelar de Arias suspendía los efectos de la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que fijaba el nuevo cuadro tarifario, con incrementos que promediaban un 58%. Sin embargo, la entidad de consumidores DEUCO analizó las subas y advirtió que eran superiores a las informadas, llegando incluso al 130%.
En diálogo con Contexto, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias cuestionó la “excepcionalidad” de la Cámara cuando trata temas que resultan importantes para la Administración de Vidal. “La Cámara siempre se aferra a la excepcionalidad o a cualquier otro argumento para cambiarle el efecto a los recursos de apelación que interpone el Ejecutivo, sobre todo cuando el tema es muy sensible, y así termina suspendiendo las medidas”, afirmó.
“Después la apelación no la resuelve nunca más, y queda suspendida para siempre. Pasó el año pasado con la tarifa de la energía eléctrica cuando anulamos el aumento por falta de audiencia pública. Teníamos una amplia jurisprudencia a favor y sin embargo la Cámara no se expidió, mantuvo suspendida la medida y finalmente, cuando se realizó la audiencia, resolvió que ya era abstracta”. Arias ejemplificó los casos de los docentes y los estatales, a quienes la Justicia les dio la espalda en los conflictos que disputan con Vidal.
A partir del fallo de la Cámara, en principio, el Gobierno puede aplicar el tarifazo, pero como la medida de Arias era precautelar, está habilitado para dictar la medida cautelar la semana próxima, y así suspenderlo nuevamente.
El Gobierno provincial había argumentado el ajuste sosteniendo que «los servicios públicos de electricidad suministrados por los distribuidores deben ser ofrecidos a tarifas justas y razonables», pero ese concepto de «razonabilidad» se apoyaba «en cuanto al impacto de las variaciones de precios en el tiempo».
En respuesta, el primer paso contra el nuevo tarifazo lo había comenzado el Defensor del Pueblo de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien había presentado un recurso para frenar la suba por considerar que era “poco razonable”. El juez Arias dio lugar a este recurso y suspendió los aumentos de las distribuidoras EDELAP (La Plata), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las cooperativas del interior.
Lorenzino, quien consideró que la “razonabilidad” estaba dada en que el aumento era “desmedido”, se basó en un análisis del cuadro tarifario realizado por la entidad de consumidores DEUCO, donde plasmaron que los aumentos para La Plata, Gran La Plata y el interior de la provincia llegaban al 130%. Una cifra muy por encima de los números que dio el Gobierno de Vidal, y más encima aun de los porcentajes de aumentos salariales del 20% que ofrece la gobernadora, brecha que profundiza el ajuste en los bolsillos.
Ayer, luego de la suspensión del fallo, Lorenzino remarcó que proseguirán en el reclamo: “Esta sentencia es parte de un proceso judicial, y recién terminará cuando haya una sentencia firme. Lo que se rechazó fue una medida precautelar, pero redoblaremos nuestros esfuerzos cuando se discuta la medida cautelar, que es una instancia posterior, y ahí seguiremos luchando por tarifas razonables y para que la gente pueda pagar, cosa que ahora no sucede”, señaló.
Por su parte Roberto Daoud, secretario de DEUCO, también refirió a los efectos que el tarifazo podría generar en las condiciones de vida. “Si se aplicaran los aumentos tal como lo estipuló el Gobierno, se vuelve cada vez más dificultoso pagar. Y si se lo puede pagar, se tienen que restringir otros bienes y servicios. Esto no significaría una merma en la calidad de vida, sino una restricción de derechos”, precisó a Contexto. También cuestionó la postura de la Cámara: “Parece que en este tipo de circunstancias fuera una obviedad que la Cámara falle en contra”.
Daoud resaltó la importancia del recurso presentado por Lorenzino. “La razonabilidad no apuntaba sólo al sostenimiento del servicio público, sino también a que el usuario lo pueda pagar, porque si no lo puede pagar se convierte en un bien de lujo”.
El nuevo tarifazo de Vidal, que se suma al del año pasado, estira la destrucción del poder adquisitivo de los sectores trabajadores y vuelve más difícil el acceso para aquellos sectores que todavía no lo tienen. “Hay sujetos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza energética, además de los sujetos directamente excluidos que no pueden pagar y que si en algún momento veían posible por el precio de la factura alcanzar ese servicio, hoy les resulta imposible. Acá lo que no se tiene en cuenta es el bolsillo y la escala salarial de cada usuario”, cerró Daoud.
