El juez federal Martín Cormick le fijó una sanción económica diaria de $100.000 al jefe de Gabinete por negarse el Gobierno a aplicar la ley que busca recomponer salarios y becas en la educación superior pública.
La pulseada judicial por el financiamiento a las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. El juez federal Martín Cormick dispuso sancionar económicamente con 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por persistir en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El escrito de Cormick establece una multa en concepto de astreintes, una sanción económica que busca forzar el acatamiento de las órdenes del Poder Judicial. La decisión se produjo en la antesala de una nueva movilización nacional en defensa de las universidades nacionales, lo que eleva el impacto político para el gobierno de decidir seguir tensionando contra las casas de estudio.
El origen del conflicto radica en la falta de aplicación de la norma aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación el año pasado. Aunque el Presidente Javier Milei había intentado desactivar la ley mediante el decreto 759/2025, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de esa maniobra, dejando sin validez los argumentos del oficialismo para frenar las partidas salariales y presupuestarias.
Pese a que el Ejecutivo apeló la resolución de fondo, la cautelar dictada por el juez Cormick continúa plenamente vigente. Dicha medida exige actualizar los haberes de docentes y nodocentes según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, así como garantizar el giro regular para el programa de becas estudiantiles.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue el encargado de solicitar la aplicación de las sanciones tras constatar que el plazo de intimación había vencido sin respuestas concretas. La entidad que agrupa a los rectores denunció la pérdida del poder adquisitivo del personal universitario y las trabas arbitrarias impuestas desde la gestión libertaria.
Para fundamentar la sanción directa a Santilli, el juzgado se basó en el rol constitucional que le asigna al jefe de Gabinete la administración general del Presupuesto Nacional. El criterio judicial responsabiliza de forma nominal al titular de la cartera por la reasignación o retención de las partidas presupuestarias requeridas.
Esta resolución abre una primera etapa de sanciones de carácter acumulativo si la Casa Rosada mantiene su postura. El propio magistrado dejó sentado que los montos diarios podrán incrementarse y que la responsabilidad económica podría extenderse a otros funcionarios del área educativa y de Capital Humano, como la ministra Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell o el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
