Con el objetivo de evitar un fallo desfavorable de la Corte Suprema por la cautelar universitaria, el Gobierno de Javier Milei volvió a intentar negociar con las universidades públicas ofreciendo los aumentos salariales y presupuestarios previstos en un proyecto de ley propio que no hace otra cosa que profundizar el ajuste sobre las casas de estudio. La respuesta de rectores, gremios y estudiantes fue contundente: “La solución está en el respeto a la ley” de financiamiento universitario.
De esa manera se pronunciaron en un comunicado conjunto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Un día antes, el Gobierno había filtrado en los medios la posibilidad de acercar una oferta de incrementos incluidos en su proyecto de ley, claramente inferiores a los que ordena la Ley de Financiamiento Universitario ya que no prevé la pérdida salarial de todo el año 2024.
“Reiteramos que la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso de la Nación y exigimos su pleno cumplimiento”, sostuvieron rectores, gremios y estudiantes en el comunicado.
En ese texto pidieron que la administración libertaria “convoque a paritaria de manera urgente” para “resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”. A su vez, reclamaron “la apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica”.
La urgencia de la Casa Rosada por abrir una vía de negociación alternativa no es casual. Ocurre en un escenario complejo en el plano judicial para el oficialismo. Luego de que la Cámara de Apelaciones fallara a favor de las casas de estudio, la Justicia habilitó el recurso extraordinario del Ejecutivo, dejando el expediente en condiciones de ser resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante la inminencia de una sentencia que valide la medida cautelar y obligue al Estado a desembolsar las partidas presupuestarias actualizadas para salarios y funcionamiento, el Gobierno busca ganar tiempo con maniobras de prensa, aunque la comunidad universitaria respondió rápidamente reclamando nuevamente el cumplimiento de la ley.
El conflicto radica en la brecha que separa a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y el proyecto de ley que el Gobierno busca reimpulsar. Mientras la primera establece una pauta de indexación obligatoria que contempla de manera retroactiva la inflación acumulada para recomponer los salarios docentes y nodocentes, el proyecto del Ejecutivo no solo omite el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los trabajadores del sector durante todo el año 2024, sino que diluye las partidas destinadas a infraestructura y ciencia en metas fiscales supeditadas a la discrecionalidad de la recaudación central, consolidando por vía legal el recorte que las universidades rechazan en las aulas y en los tribunales.
Tras la masiva demostración de fuerza de la última Marcha Federal Universitaria de la semana pasada, los plenarios de secretarios generales de CONADU y CONADU Histórica confirmaron un paro nacional total por cinco días, que paralizará las actividades académicas desde el martes 26 hasta el sábado 30 de mayo.
