Por Gabriela Calotti
«¿Por qué no reconocer como víctimas de prácticas represivas a sus hijos y a los demás familiares presentes? Aunque ellos no fueran el blanco, ¿les quita a los imputados responsabilidad en su práctica delictiva?», se preguntó Verónica Bogliano, una de las abogadas querellantes por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense al iniciar la lectura de los fundamentos en el pedido de ampliación de cargos y de casos ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.
En el marco de la audiencia número 117 por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes, Lanús con asiento en Avellaneda y San Justo, donde funcionaron centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, la letrada sostuvo que «todas las personas que se encontraban en el domicilio del operativo estaban privadas de su libertad, no podían pedir ayuda, no podían irse si hubiesen querido, estaban en zona liberada. Estaban a merced de sus captores».
«Durante el debate hemos escuchado testimonios de personas que no se reconocen como víctimas sino que consideran que víctimas eran sus padres, hermanos, que fueron secuestrados», recordó la letrada antes de considerar que «en representación del Estado provincial no podemos dejar de señalar que cada uno de esos casos fueron víctimas de delitos» y entender que «estamos a tiempo de modificar» esta situación.
En el transcurso de las audiencias de este juicio, que comenzó en octubre de 2020, y a través de los relatos de más de quinientos testigos, entre sobrevivientes y familiares, «pudimos ver a cientos de niñas y niños y otras personas que estuvieron presentes en operativos de secuestros». Sus progenitores estuvieron en cautiverio en algunos de los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Lanús o Brigada San Justo.
«Estas acciones no pueden pensarse por fuera de las técnicas del terror desplegadas […] Aunque no fueran los blancos, no implica que las prácticas represivas perpetradas fueran menos aterrorizantes […] Lo hicieron porque era necesario dejar testigos, imponer el terror […] era necesario que se presenciaran los operativos», sostuvo Bogliano antes de afirmar que «el inicio de ejecución del delito se encuentra en el domicilio» y en esos allanamientos ilegales y violentos.
Fundamentó el pedido de ampliación que realizó junto a la abogada Luisina Gallo en que durante el debate «han surgido hechos que forman parte del ‘delito continuado'», lo que quiere decir que los hechos están relacionados y conforman una «unidad histórica».
Existen razones, «como la economía procesal y el derecho a la verdad, que deben realizarse ‘aquí y ahora’ a través de la inmediatez de a prueba porque resultaría muy oneroso debatir estos hechos en un juicio posterior y que genere más impunidad», teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde los hechos.
«En este tiempo transcurrido, 47 años del golpe de Estado, no solamente lamentamos la muerte de muchísimas víctimas que no llegaron a ver justicia, sino que los responsables mueren impunes porque sabemos que en la Argentina no continúan los juicios penales en ausencia de imputados», precisó, antes de subrayar que «todos los casos que analizaremos son imprescriptibles porque se cometieron durante la represión ilegal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad».
Bogliano mencionó la «enorme dificultad que supone el juzgamiento y la investigación de hechos cometidos desde el aparato del poder en ese plazo de tiempo y con la mayor clandestinidad», sumando a ello que «todos los imputados guardan silencio en cada una de las causas que estamos juzgando».
La querella solicitó que se amplíen los cargos contra los imputados Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fonana, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Alberto Julio Candiotti y Jaime Lamont Smart, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida por funcionario público mediante violencia, amenazas y allanamientos ilegales. En algunos casos, sumó abandono de persona, cuando dejaron a niñas y niños solos en el domicilio luego del secuestro de sus padres, y lesiones contra los menores.
Niñas y niños marcados por el terror
Aunque la lista de niñas, niños y familiares que presenciaron el secuestro de alguno de los suyos durante el terrorismo de Estado es interminable, pues tuvo lugar en toda la geografía argentina, la extensa lista presentada el martes por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia es una muestra más que elocuente del plan sistemático de represión y exterminio de una parte de la población, que incluyó sembrar el terror en quienes vivían con las víctimas de secuestro, que en muchísimos casos permanecen desaparecidas. La inmensa mayoría de aquellos niños y niñas declararon en este juicio oral y público. En otros casos declararon familiares.
He aquí los casos enumerados por esa querella.
Santiago Laborde, hijo de Adriana Calvo, tenía dos años. Cuando secuestran a su mamá en Tolosa, una vecina agarra al pequeño y evita que se lo lleven.
María Laura Stinermann tenía cuatro años. Hija de Laura Franchi y Mario Alfredo Stinermann. El secuestro fue en Quilmes. La nena estuvo en cautiverio en el Pozo de Quilmes junto a su madre.
Edgardo Gabriel Campagnoni y Pablo Sebastian Krechmar. Tenían nueve y un año, respectivamente. Hijos de Lidia Esther Biscarte, sobreviviente del Pozo de Banfield. Fue secuestrada en su casa en Zárate. Los chicos se quedaron solos en la casa.
Martín Marciano, tenía dos años y medio. Hijo de Raúl Marciano y de Eva Raquel Orifici. Vivían en Berisso. El nene quedó abandonado en la casa durante varias horas.
Carolina Castagnet, de un año y quince días. Carolina es hija de Julia Esther Pozzo y Roberto Daniel Castagnet, que se encuentran desaparecidos. Ese día se llevaron a Patricia Pozzo, su tía, a Julia y a Roberto.
Eva Romina Benvenuto, hija de Rosa Elena Vallejos y Omar Benvenuto. Tras el secuestro de sus padres la dejaron en el lugar. Los vecinos la rescataron y la llevaron a la comisaría de Punta Lara.
Daniela, Alejandra, Francisco, Luciana y Sandra Medina y Silvia María Pascual. Los primeros son hijos de Virgilio César Medina y Silvia. Virgilio relató su secuestro en Lobos.
Eduardo Blanco, Ana Armiento, Inés Elena Escobar y Braulio Julián Blanco. Braulio tenía dos años y medio. Son padre, madre, esposa e hijo de Leonardo Blanco, secuestrado en noviembre de 1975 en Lanús este.
Virgina Ogando era hija de Stella Maris Montesano y Julio Ogando, ambos desaparecidos. Era hermana de Diego Martín Ogando, nacido en cautiverio. Ambos son nietos de Delia Giovanola. Virginia quedó sola en la cuna la noche del secuestro de sus padres. La muchacha se suicidó en 2011 tras buscar incansablemente a su hermano.
Agustín Ogando (bebé de quince días), Analía Hendi y Emilio Ogando, son hijo, esposa y padre de Emilio Horacio Ogando. Emilio hijo sigue desaparecido.
Natalia Neme y Alma Llorona. Son hija y esposa de Juan Antonio Neme, secuestrado en Escobar. Natalia tenía seis meses de edad.
María Marta, hija de Manuel Coley Robles, tenía once años; Rosa Alejandra tenía diez y Néstor Alberto Coley, seis años. Su mamá, Alcira del Valle Juárez. Manuel fue secuestrado en su casa de Quilmes oeste.
Paula y Esteban Javier Acosta Badell. Hijos de María Eliana Acosta y Esteban Badell. Ambos se encuentran desaparecidos. Secuestrados en City Bell.
Gustavo y Gabriela Hernández tenían menos de cuatro años. Hijos de Miguel Ángel Hernández y de Mirta Salamanca, secuestrados junto a otras dos personas en Florencio Varela. Los niños fueron abandonados en la casa.
Claudia Congett tenía seis años y Patricia diecisiete años. Eran hijas de Esther Muiños y Jorge Luis Congett. A Claudia se la quería llevar uno de los represores. Jorge fue secuestrado en su casa de Ituzaingó y permanece desaparecido.
Cristina Del Río, esposa de Ricardo Chidíchimo, secuestrado en su casa en Ramos Mejía y que permanece desaparecido.
Lautaro y Laura Lefleur tenían seis y dos años, respectivamente. Eran hijos de Helena Alapin y Gustavo Lafleur, quien permanece desaparecido. Fue secuestrado en su casa en Castelar.
Claudia, Silvia, Marcos Pablo y Jorge. Hijos de Osvaldo Enrique Lapertosa y Silvia Gorban, que estaba embarazada. El secuestro tuvo lugar en Lomas de Zamora.
Ernesto Darío, de siete años, Juan Manuel, de tres, Luis Alejandro Borzi, de seis y Ada son hijos y esposa de Oscar Isidro Borzi, secuestrado en su casa de Lanús este. La patota se quedó todo el día en la casa.
Ana Laura, de dos años y medio, y María Mercader son hijas de Silvia Fernández y Mario Mercader. Secuestrados en Tolosa.
Cristian Maly, de siete años, y Sergio, que estaba haciendo el servicio militar. Hijos de Alberto Maly y María Angélica Agüero. Alberto fue secuestrado en su casa de Plátanos.
Martín tenía un año y medio y Ana Laura Bonetto cuarenta días. Hijos de Ana María Mobili y José Roberto Bonetto, ambos desaparecidos. Su secuestro fue en La Plata.
Malena y Francisco Simón, hijos de Patricia Huchansky y Carlos Simón, ambos desaparecidos. Los nenes tenían dos y cuatro años. El secuestro de sus padres fue en City Bell.
Nancy Carmen, Raquel Angélica, Ana Marcela, José Fernando Rizzo y Ana María Angélica Ábalos, hijos y esposa de José Rizzo. Vivían en La Tablada. Los chicos quedaron en la casa de vecinos porque la suya había sido destrozada por la patota y se veían en los recreos en la escuela.
Liliana, Alicia, Ana María, César y Esther Edith Galeano y Dominga Vélez. Hijos y esposa de Héctor Galeano. A él se lo llevaron a las patadas. Vivían en San Justo.
Clara Petracos, hija de Constantino Petracos y María Eloisa Castellini. Su mamá fue secuestrada a la salida del jardín de infantes de Clara.
Soledad Dossetti, hija de Ileana García y Edmundo Dossetti, ambos uruguayos, secuestrados en Vicente López. Permanecen desaparecidos. Su abuela materna la rescató de la Brigada Femenina de San Martín.
Marcos Derman, hijo de Cristina Gioglio y Alberto Derman, secuestrados en Ranelagh. Marcos quedó con unos vecinos.
Natalia Höld y Laura Donato, hija y esposa de Carlos Enrique Höld, secuestrado en su casa de Quilmes. Sigue desaparecido.
Marco Antonio Laporta, hijo de Norma Ester Molina y Roberto Laporta, secuestrado en Temperley y que permanece desaparecido.
Mauricio Favazza y Ana María González. Hijo y esposa de Domenico Favazza. Mauricio tenía casi dos años. Domenico y su hermano Felipe fueron secuestrados en Temperley.
Alejandro Corchs Lerena es hijo de Alberto Corch y Elena Lerena Costa, secuestrados en Olivos en el marco del Plan Cóndor. Sus padres están desaparecidos.
Natalia Ledesma Gutiérrez es hija de Amelia Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma. Tenía ocho días de vida cuando secuestraron a sus padres en Olavarría. Estuvo ocho meses en un hospital hasta ser recuperada por su abuela. Recuperó plenamente su identidad 37 años después.
Rubén, Sandra (de doce años), Alicia (10), Mariela (9) y Alvaro son hijos de Washington Rodríguez, interceptado en la calle en Lomas de Zamora y llevado a su casa donde estaban los menores. Amenazaron con violar a una de sus hijas.
María Raquel y Mariano Camps Pargas, hijos de María Rosa Pargas y Alberto Miguel Camps, sobreviviente de la Masacre de Trelew. Mariano presencio el secuestro de su madre. Fue dejado en un hogar y María resguardada por su padre en el baño. Tenía nueve meses. María Rosa está desaparecida. Antonio murió por heridas de bala cuando tirotearon su casa en Lomas de Zamora.
Cecilia Ortiz y Adelaida Álvez, hija y esposa de Luis Alberto Ortiz, secuestrado en Monte Chingolo. Cecilia no tenía un año todavía.
Verónica Natalia Martínez Severo es hija de Jorge Hugo Martínez Horminogues y de María Marta Severo Barreto. Ambos siguen desaparecidos. Fueron secuestrados en Claupole. Ella, que tenía 35 días, fue recuperada por su abuela.
Sebastián Cerrudo, hijo de Olga Beatriz Miranda y Juan José Cerrudo. Juan José fue secuestrado en Ingeniero Budge en la casa materna. Sigue desaparecido.
Cecilia Lucía (de 13), Juan Fabián (10), Verónica Daniela (3) y Silvina Velázquez (un mes), hijos de Juan Velázquez Rosano y Elva Lucia Gándara Castroman. Secuestrados en su casa de Florencio Varela. A Eva le hicieron submarino delante de sus hijos y estos fueron atados. Tras su liberación, sus padres buscaron a los niños durante seis meses.
Pablo, hijo de José María Estevez, secuestrado en la casa de sus padres en Haedo. Permanece desaparecido.
Manuel y Marcelo Casco y Mabel Aranda. Son hijos de Manuel Aranda, secuestrado en La Matanza. Mataron a la perrita que quería defender a Manuel. «Yo quería ayudar a mi papá y no pude», relató Manuel hijo.
Néstor Raúl Barberán, hijo de Atilio Barberán. Tenía once años. A Atilio también lo secuestraron en La Matanza. Fue la última vez que lo vieron.
Javier Alejandro y Marcela Juan, hijos de Mabel García, secuestrada en Bernal oeste. Fue sacada a la rastra. Su hijo la quiso agarrar y le pegaron. Los niños quedaron solos en el domicilio.
Laura Garack Lenain, hija de Beatriz Alicia Lenain y Carlos Eduardo Garack, ambos desaparecidos. Ella tenía un año y meses. Sus padres fueron secuestrados en Lanús oeste. A él lo apodaban Largo y a ella, Belinda.
Carolina y Esteban Alberto Ortiz. Son hijos de Pedro Alberto Ortiz, alias «Patitú», que sigue desaparecido. Fue secuestrado en Temperley. Mientras allanaban su casa, su padre era secuestrado en la fábrica donde trabajaba.
Marcelo Monzón y Adelina Benítez, hijo y esposa de Rodolfo Monzón. Secuestrado en Quilmes. Amenazaron con una pistola en la cabeza a su hijo, que tenía un año de edad.
Felipe Santiago Chachagua, Martina Belardes, Sergia Regina Paredes (embarazada), Rosario Chachagua y Santiago Chachagua (de nueve años), son padre, esposa, hermana y sobrino de Julio Daniel Chachagua, secuestrado en su casa paterna en Almirante Brown.
Mónica y María Luján Rúa y Carmen Canosa, hijas de Juan José Rua y Erna Silva de Rua. El matrimonio fue secuestrado en Temperley.
Posteriormente, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pedro Griffo expresó su adhesión a las ampliaciones efectuadas en audiencia anterior por la fiscalía, Abuelas de Plaza de Mayo y la letrada Guadalupe Godoy.
«Los delitos por los que llegan imputados se integran con los homicidios calificados […] Son todos hechos interdependientes que forman parte de una misma unidad histórico-contextual», sostuvo Griffo antes de considerar que allí es donde «entra a tallar la continuidad de la actividad delictiva» que busca evitar «la fragmentación de la respuesta punitiva».
El próximo martes concluirá la etapa de pedidos de ampliación con la exposición de la querella del letrado Claudio Yacoy.
Este martes, al inicio de la audiencia, Jorge Di Pasquale, el único imputado que está en la cárcel, solicitó oralmente la recusación de la auxiliar fiscal Ana Oberlin, argumentando que «no está en condiciones de ser objetiva, independiente y menos aún parcial [sic]» porque su papá era militante de la organización Montoneros. El padre de Oberlín está desaparecido.
El presidente del Tribunal, Ricardo Basílico, lo interrumpió y le solicitó que haga la presentación por escrito y a través de su defensa. En anteriores ocasiones, otros tribunales rechazaron tales argumentos en contra de la misma funcionaria del Ministerio Público Fiscal amparada por el Código Penal.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo quince imputados y apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Por esos tres centros clandestinos pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia se realizará, de forma virtual, el martes 26 de septiembre a las 8:30.
