Por Pablo Roesler
El juicio es a los jefes de la Armada y la Prefectura Naval, por los secuestros, torturas y desapariciones cometidos en la franja industrial de la capital de la provincia de Buenos Aires. En el banquillo de los acusados se sientan ocho ex marinos y prefectos octogenarios. Pero en los relatos de los testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, comenzaron a emerger la complicidad empresarial y de sectores del sindicalismo. En la última audiencia, los sobrevivientes –cuatro ex trabajadores y gremialistas del Astillero Río Santiago de Ensenada– recordaron sus secuestros en los centros clandestinos que funcionaron en el Batallón de Infantería de Marina (B.I.M.) N° 3, la Escuela Naval y la Prefectura Naval, y apuntaron a las autoridades del ATE local de la época.
Mario Alberto Peláez fue el primero en declarar en la audiencia del miércoles. El ex delegado gremial del Astilleros y militante de la Juventud Peronista recordó que fue secuestrado el 16 de enero de 1976 en su casa de Berisso. Fue llevado al B.I.M. 3, donde fue torturado con picana y liberado cuatro días más tarde. El testigo aseguró que todo se debió a su activismo gremial y apuntó contra el secretario general del gremio local, Juan Carlos Marín, a quien acusó de señalarlo ante la Policía.
En la misma audiencia, Pedro Niselski recordó que fue secuestrado por su activismo gremial y que tras pasar por la Escuela Naval permaneció preso hasta 1980. Ambos fueron reincorporados al Astilleros en 2006, y reclaman poder jubilarse.
“Astilleros Río Santiago colaboró para que yo vaya preso, con los espías que tenían en ese momento», apuntó Niselski.
“Astilleros Río Santiago colaboró para que yo vaya preso, con los espías que tenían en ese momento. Yo ahora le estoy pidiendo al Estado que vea mi jubilación, porque yo no estuve en esos lugares porque quise. Fue el Estado el que me metió preso sin causa ni juicio”, reclamó Niselski frente al Tribunal que preside el juez Carlos Rozanski.
En la misma audiencia declararon los ex trabajadores de Astilleros Miguel Reinaldo y Roberto Miguel Aguirre, dos hermanos que recordaron su secuestro en 1976.
El juicio a la Armada que se realiza en La Plata es un juicio de trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada. El Tribunal juzga a cinco ex jefes de la Armada y tres de la Prefectura, entre los que se encuentran el ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek, de 91 años, juzgado además en el juicio ESMA III, y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3, José Casimiro Fernández Carro.
Los marinos y prefectos están acusados por la desaparición de tres personas, 36 secuestros y torturas y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la Policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58, pleno centro de la capital bonaerense.
Es por ese accionar que la Marina desplegó desde el 24 de marzo de 1976, a las pocas horas del golpe de Estado, que el debate tiene características distintas a los anteriores realizados en La Plata: muestra el inicio del accionar represivo sobre el movimiento de los trabajadores que existía en la zona de la capital bonaerense.
En la audiencia anterior, el primer testigo que declaró señaĺó la complicidad empresarial y apuntó directamente a Techint, propietaria de la fábrica en la que trabajaba. “La conexión que hago con las empresas grandes era que dirigían su brazo armado, que eran las fuerzas armadas. Eran cuatro patas: las empresas con su dinero, los diarios con la rosca, las fuerzas armadas y los sindicatos”, aseguró a Contexto el ex trabajador de Propulsora Siderúrgica y sobreviviente de la dictadura, Carmelo Cipollone.
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El circuito represivo de la Marina
En la causa está acreditado que durante la dictadura, y siguiendo los lineamientos del Placintara, la Armada organizó en la región de La Plata, Berisso y Ensenada la represión en la FT5. De esa forma, los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras, y en la planificación y el secuestro de los trabajadores. Y operaron con la logística que ya tenían: en la sede Prefectura Naval de La Plata y el Liceo Naval Militar, y en algunos casos el B.I.M. 3 y el Hospital Naval, los secuestrados eran interrogados y torturados, para finalmente derivarlos al centro clandestino de detención que se hallaba en las calles 1 y 60 de La Plata, a la Unidad Penitenciaria N° 9 o a la Unidad Penitenciaria N° 8 de Olmos.
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