Por Alejandro Palladino
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, dio una charla ayer por la tarde en el Centro Cultural Leonardo Favio de la capital bonaerense, organizada por el Centro de Investigaciones Populares (CIP), para echar luz sobre las herramientas con que cuentan los usuarios para hacer frente al tarifazo de los servicios públicos que fue frenado por su fallo por considerar que el aumento era inaplicable sin previa audiencia pública.
Frente a representantes de organizaciones sociales, políticas y de organismos de defensa del derecho del consumidor, el juez defendió la importancia de las audiencias públicas para estos casos como instancia de acceso a la información para los ciudadanos por los atropellos de los Gobiernos provincial y nacional, que en estrecha consonancia con los intereses de las empresas destruyen el bolsillo de los usuarios.
En la mesa lo acompañaron la defensora del pueblo de la ciudad de La Plata, María Montserrat La Palma, y el ingeniero electricista Carlos Macchi, experto en el sistema eléctrico provincial.
A principio de mes, Arias le puso un freno al avance de las empresas Eden, Edea, Edes, Edelap y las cooperativas bonaerenses, mediante un fallo al que la gobernadora María Eugenia Vidal apeló. Sin embargo, el Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (Oceba) comunicó la semana pasada a las empresas que deberán refacturar el cuadro tarifario anterior al aumento.
En su exposición, Arias explicó cómo en el actual contexto político en el que el Estado arbitra a favor de la mayor ganancia de las empresas, el que sale perdiendo es el usuario. “Estamos sometidos como usuarios de los servicios a un monopolio de carácter legal donde se garantiza la rentabilidad a la empresa, de acuerdo a la ecuación económico financiera que las beneficia”.
“Cuando hay que definir tarifas –continuó–, se sientan las empresas y el Estado. Son normalmente las empresas las que llevan los números al Estado”.
Para hacer frente a esta situación, además de concientizar a la población y fortalecer a las organizaciones de usuarios y consumidores, Arias consideró: “Claro que hay falta de inversión, pero ¿alguien sabe cuánto invirtieron? No lo vamos a saber nunca, entre otras razones, porque no hay audiencia pública”.
“Lo que está en juego es la democracia de los servicios públicos. Las empresas siempre se salen con la suya. Las audiencias públicas son una herramienta fundamental que nos garantiza el derecho a la información para que sepamos si nos cobran bien o mal, para que podamos conocer bien la estructura de los costos de la empresa. No lo informan. Hablamos de transparencia y esto es la transparencia, lo que te afecta el bolsillo todos los días. Pero ahí miran para un costado”, apuntó.
Otra temática abordada por el juez, que hace al rol del Estado en cuanto al impacto del tarifazo en el bolsillo de los consumidores, fue la de los subsidios: “Son necesarios por varias razones. En primer lugar, para darle mayor poder adquisitivo al salario. Hoy las tarifas de gas, luz y agua se comen el 70% del salario. Y esto conduce a un grave problema social”.
En una misma línea, en cuanto al cuadro social en el que está inserto el ajuste en las boletas, se expresó la defensora del pueblo de la ciudad de La Plata, María Montserrat La Palma: “Uno de los grandes problemas es que no se tuvo en cuenta el contexto social en el que provocaron los aumentos. Generaron un caos muy grande”.
Además, en referencia a los cortes aplicados por las empresas, sostuvo que “ningún servicio puede ser cortado sin orden judicial”, teniendo en cuenta también que en muchos casos los usuarios han recibido mensajes de intimación por parte de las empresas de luz.
Por su parte, el tercer invitado, el ingeniero Carlos Macchi, hizo un diagnóstico de los números en rojo que vinieron tras la decisión del ministro de Energía Aranguren: “Aumentaron el costo variable y el costo fijo y no con los valores que figuraban en las boletas como subvencionados. Es inentendible de dónde han construido esta estructura de costos para estos valores”.
“Estamos en un limbo: hay mantenimiento de las empresas pero no inversiones. Si siguen así, con el amplio margen de ganancia que tienen las empresas y sin inversiones, nos vamos a hundir.”
