Por Pablo Pellegrino
Hace algunas semanas se conoció el documento que el relator especial para la Independencia de los Magistrados de la ONU envió a la Cancillería para pedirle aclaraciones al gobierno de Mauricio Macri por un presunto «plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial».
El documento contiene una docena de casos de designaciones irregulares en puestos clave del Poder Judicial, destituciones arbitrarias y presiones que fueron denunciados por la Asociación de Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS).
Dos semanas después de trascender el documento firmado por Diego García Sayán, relator de la ONU, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, elevó una nota de queja al organismo internacional por el informe.
La insólita respuesta del funcionario de Mauricio Macri fue que el pedido de informes fue «oportunista», por conocerse en el marco de la transición con las nuevas autoridades que conducirán el país. «Señalamos lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de informes a nuestro país, su escasa amplitud en recabar información, la extemporalidad de la presentación y el incumplimiento al principio de confidencialidad», dijo Avruj en sus redes sociales.
El secretario, que se encuentra en Ginebra participando de reuniones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó también que ese accionar «configura un claro cuadro de excesos en las atribuciones asumidas por parte del Relator».
AJUS: «El único oportunista es Avruj: evita responder las acusaciones que contiene la denuncia. Nuestra presentación está muy documentada».
Según consignó la agencia estatal Télam, la misiva del gobierno sostiene que «resultan preocupantes, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos, de inusual dureza, a los actos de un gobierno democrático, que ha sido en su accionar, plenamente respetuoso de los principios republicanos y de la separación de los poderes estatales».
Por otro lado, señalaron el «oportunismo político» del pedido de informes porque la presentación se realizó en junio y trascendió públicamente a principios de noviembre. «Esta gravedad aparece patente recién en medio del proceso de transición política en nuestro país, cuyo gobierno pasará, en pocos días, a manos de un sector político contrario a la actual administración», advirtieron.
La insólita respuesta del gobierno fue cuestionada por el titular de la asociación denunciante, Emanuel Desojo, quien aclaró que la denuncia fue presentada en noviembre del año pasado, por lo que no debería considerarse oportunista en términos electorales.
«El único oportunista es Avruj: evita responder las acusaciones que contiene la denuncia. Nuestra presentación está muy documentada y fue respaldada por los magistrados cuya independencia se intentó afectar y por integrantes del Consejo de la Magistratura», sentenció el abogado.
Además, responsabilizó al propio gobierno de Mauricio Macri por la filtración del documento de la ONU, por lo que también descartó la violación al principio de confidencialidad.
«Avruj debe responder el pedido de informes que enviaron las Naciones Unidas en vez de cuestionar la objetividad de esa organización»
«Avruj debe responder el pedido de informes que enviaron las Naciones Unidas en vez de cuestionar la objetividad de esa organización cuya trayectoria y trabajo es respetable a nivel internacional», señaló el titular de Ajus La Plata, Berisso y Ensenada.
En su informe, cabe recordar, García Sayán consideró que las informaciones recibidas acerca de las presiones e irregularidades en designaciones y remociones de magistrados «son suficientemente fiables».
Entre los casos más destacados que se enumeran en la denuncia están las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto firmado por Mauricio Macri; el pedido de destitución de Alejo Ramos Padilla, al frente de la investigación de la red de espionaje ilegal encabezada por Marcelo D’Alessio y que implica al fiscal Carlos Stornelli; las constantes presiones que recibió hasta el día de su renuncia la ex procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó; y las claras intervenciones en la actuación de los funcionarios judiciales que tramitan la causa del Correo Argentino que involucra al presidente Macri.
También figuran entre ellos: la destitución de los jueces platenses Carlos Rozanski y Luis Federico Arias, el nombramiento irregular de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, los ataques a jueces y abogados del fuero laboral, la cooptación del Consejo de la Magistratura desde donde se instrumentaron las presiones y pedidos de destitución, entre otras.
