Con un acatamiento del 95%, según la FEB, los gremios del FUDB pararon en las escuelas públicas en la primera medida de fuerza de este tipo generalizada contra la gestión de Kicillof en seis años. Exigen paritarias para frenar la pérdida del poder adquisitivo y medidas urgentes ante una alarmante ola de agresiones físicas a maestros.
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA— realizan un paro este martes en toda la provincia en reclamo al Gobierno de Axel Kicillof por una recomposición salarial que supere la inflación y medidas concretas frente a la escalada de violencia dentro de los establecimientos escolares
También se manifiestan en rechazo a la sobrecarga laboral y el reclamo al Gobierno nacional por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de la defensa del régimen previsional del IPS. Se trata del primer paro de carácter generalizado que afronta la gestión de Axel Kicillof en seis años.
La jornada registra un acatamiento casi total en las escuelas públicas. Según confirmaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la adhesión al paro alcanzó un contundente 95%, reflejando el profundo malestar que atraviesa el sector. La presidente de la FEB, Liliana Olivera, aseguró que “esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”.
El pedido salarial se reavivó tras el fracaso de las últimas negociaciones con el Gobierno provincial. Los gremios denuncian la pérdida del poder adquisitivo, agravada por el contexto económico y el ajuste financiero que la administración nacional de Javier Milei ejerce sobre la provincia.
“Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”, advirtió Olivra en declaraciones raadiales.
En ese sentido, Olivera explicó que la intención de los trabajadores es indexar los aumentos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), debido a que la pérdida acumulada «golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”. A esto se suma la quita definitiva del FONID por parte de Nación, un recorte directo al bolsillo que los maestros exigen revertir.
Por su parte, el secretario general de UDOCBA, Patricio Salcedo, apuntó al «ahogo financiero» del Gobierno Milei y el desfinanciamiento que aplica sobre la educación. “La medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector, en un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país”, sostuvo el dirigente educativo.
El otro eje central y de creciente preocupación es la seguridad física y psicológica de los docentes, agredidos por alumnos y familiares. Desde SUTEBA, la secretaria general Laura Torre advirtió sobre un escenario alarmante: “Hay situaciones in crescendo de violencia física contra docentes. Hay que decir fuertemente que esto no puede seguir sucediendo, y para esto hay que prevenir”.
Torre enumeró graves episodios ocurridos en las últimas semanas para visibilizar la desprotección que sufren en las aulas. Desde su gremio registraron fuertes agresiones físicas en Moreno, Mar del Plata, Berisso y Tandil.
“La escuela tiene que dinamizar los debates, visibilizar y llamar la atención a toda la sociedad”, señaló Torre. También pidió «corresponsabilidad social» debido a que «la violencia por mano propia no puede ser la salida». Asimismo, remarcó que la escuela “debe seguir siendo el lugar donde los estudiantes van a aprender y los docentes a enseñar».
En sintonía, Olivera coincidió en el diagnóstico al reportar siete casos de violencia graves en los distritos en tan solo quince días. “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, sentenció.
Si bien existe un Acuerdo Paritario de Prevención, Resguardo y Reparación firmado con la Provincia, la dirigente advirtió que “no está dando resultados” y exigió la aplicación efectiva de la legislación vigente para penalizar estos delitos de manera urgente.
