El paro de este martes es la primero con carácter generalizado contra la gestión de Axel Kicillof. También exigen al Gobierno nacional la devolución del FONID.
Gremios docentes bonaerenses llevarán a cabo un paro este martes 30 de junio en reclamo al Gobierno de Axel Kicillof por medidas contra la violencia en las escuelas, aumentos salariales y condiciones de trabajo.
La medida de fuerza es impulsada por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, es decir, la mayoría de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, salvo SADOP, de los docentes privados. Se trata del primer paro docente generalizado contra la gestión de Kicillof en seis años. En anteriores ocasiones, habían sido motorizados por sectores disidentes, como el SUTEBA Multicolor, vinculado a sectores de izquierda.
Los gremios docentes reclaman la reapertura de las negociaciones ante la pérdida del poder adquisitivo y luego de la infructuosa paritaria con el Gobierno provincial. También reclaman a Javier Milei la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que su Gobierno eliminó.
De forma paralela, los gremios piden a Kicillof medidas ante los reiterados hechos de violencia en los establecimientos. En ese sentido, exigen la implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación. “Reclamamos, una vez más, al Estado Provincial que adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa”, sostuvieron en un comunicado.
También denunciaron la sobrecarga de tareas que enfrentan las y los docentes. “Esto hace necesario garantizar la desconexión total y el respeto a la jornada laboral”, remarcaron.
En otro tramo, los gremios cuestionaron al Gobierno de Milei por su “enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un brutal ajuste en la educación pública”. Y también repudiaron el “grave clima de violencia en todo el país”.
A su vez, manifestaron su preocupación por los cambios que el Gobierno Nacional intenta aplicar al régimen previsional, modificaciones que “impactarían de manera negativa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los derechos jubilatorios de las y los trabajadores de la educación”.
