Foro en defensa del Fútbol para Todos

Por Fernando M. López

Ted Turner y Héctor Magnetto se frotan las manos ante la reprivatización de Fútbol Para Todos (FTP) que traza Mauricio Macri. En la campaña electoral, había prometido mantener ese derecho sobre las transmisiones del deporte más popular de los argentinos, pero eran tiempos de acumular votos a cualquier precio. Hoy, como en tantas otras de sus medidas de gobierno, el presidente echa por tierra la palabra empeñada para privilegiar los intereses de grandes corporaciones nacionales y extranjeras.

Mientras el magnate estadounidense, dueño de la cadena CNN, negocia los términos de su alianza con el Grupo Clarín, el presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, dijo días atrás que “no habrá más Fútbol Para Todos” desde enero de 2017. También lo confirmó Marcos Peña al comparecer ante la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete adelantó allí que la Casa Rosada rescindirá el contrato que había firmado el Gobierno anterior hasta 2019.

Sin embargo, ya comienza a tomar forma la resistencia a través de un foro integrado por dirigentes políticos, movimientos sociales, periodistas, abogados, deportistas y representantes de la cultura, que exigen que la televisación de los partidos “no vuelva a ser un negocio para las corporaciones de la comunicación” y que el Estado garantice “el acceso a contenidos de cultura popular por plataformas de televisión abierta, pública y gratuita”.

El Foro en Defensa de Fútbol para Todos se reunió este martes en la sede porteña de SADOP y resolvió impulsar un proyecto de ley en el Congreso, así como múltiples amparos judiciales para frenar la reprivatización. Además, se realizarán marchas, campañas en las canchas y acciones en medios y redes sociales.

“Nosotros ya sabemos lo que ocurrió cuando el contrato estaba en manos del monopolio. Los que no podían pagar el codificado tenían que ver las tribunas. Era una gran provocación. Pero todo eso fue resuelto cuando el Estado adquirió los derechos del fútbol con una inversión del 0,01% del presupuesto nacional para garantizar el acceso libre y gratuito”, explicó Gabriel Mariotto, impulsor de FTP, tras participar del encuentro.

Por su parte, el periodista Alejandro Apo planteó a Contexto la necesidad de preservar este derecho que significó “la primera muestra de lo que podía hacerse en materia de democratización comunicacional y libertad de expresión”, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Estuve en los foros previos para explicar qué era el Fútbol para Todos y ahora estoy en un nuevo foro, esta vez para defenderlo de la reprivatización, de un Gobierno que sólo quiere hacer negocios y no dar un servicio al conjunto de la población”, subrayó.

“Nos preparamos para defenderlo con todo, no vamos a permitir que cercenen otro derecho”, agregó a este diario Javier Vicente.

Según el relator y periodista deportivo, en la calle “hay malestar y preocupación” porque “la gente está muy complicada en lo económico y no tiene plata para pagar un cable, y mucho menos un codificado extra para ver el fútbol”.

“En el interior del país le restan a millones de personas la posibilidad de acceder de forma gratuita a los partidos desde que Macri entregó la televisación de los encuentros más importantes a Canal 13 y Telefé, y la Copa Argentina se transmite exclusivamente por cable. Así, te van instalando de a poco la privatización”, explicó.

Para el torneo de Primera División que acaba de comenzar, el canal de aire del Grupo Clarín desembolsó 80 millones de pesos, al igual que Telefé. Entre ellos se repartirán los partidos de Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Mientras tanto, Canal 9 –que pagó 20 millones– transmitirá a equipos como Estudiantes, Gimnasia y Vélez.

“Pagan muy poco y hacen negocios extraordinarios con la publicidad”, cuestionó Apo, y agregó que a Canal 7, única señal que transmite de manera abierta para todo el país, “sólo le dejan los partidos de menor rating”.

Así avanza el macrismo en su objetivo de desmantelar el Fútbol Para Todos, aunque desde el foro confían en poder frenarlo. Según remarcan, “cuando un pueblo ejerce un derecho, no se puede volver atrás”.


 

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