Masivo manifestación en Plaza de Mayo y en distintas ciudades en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial de 2025
Miles y miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, autoridades universitarias y ciudadanos de a pie volvieron a movilizarse este martes en distintos puntos del país en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, tuvo su acto central en una Plaza de Mayo desbordada de gente que reclamó la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial de 2025.
La protesta se replicó en ciudades de todo el país, con concentraciones en Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán, Mar del Plata y distintos puntos del interior. En la Ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a reunirse desde el mediodía en Plaza Houssay, Congreso y Avenida de Mayo, hasta colmar la Plaza de Mayo durante la tarde.
El principal reclamo apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio. Según datos difundidos por el propio CIN y retomados durante la jornada, las transferencias nacionales al sistema universitario registran una caída real superior al 45% desde fines de 2023, mientras los salarios docentes perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo.
“No vamos a dejar morir el sistema universitario público”, fue una de las consignas más repetidas durante la jornada.
En el documento leído frente a Casa Rosada, estudiantes y rectores reclamaron que el Gobierno “cumpla con la ley” y advirtieron sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento académico, la investigación científica, las becas y los hospitales universitarios. “No vamos a dejar morir el sistema universitario público”, fue una de las consignas más repetidas durante la jornada.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, reclamó durante el acto central que el Gobierno garantice los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las universidades públicas y respete la ley de financiamiento universitario. El rector sostuvo que la normativa permite dar respuestas al sistema sin comprometer las cuentas del Estado y defendió el rol de la educación pública como herramienta de movilidad social. En ese sentido, remarcó la importancia de asegurar que jóvenes de todo el país puedan acceder a una formación de calidad y que la ciencia argentina continúe desarrollando avances tecnológicos y sanitarios.
Bartolacci también advirtió sobre las consecuencias institucionales de incumplir leyes aprobadas por el Congreso y afirmó que la movilización representa una defensa de la democracia y del Estado de Derecho.
En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, alertó sobre el impacto social y democrático del conflicto universitario. Durante su discurso, cuestionó la represión de la protesta social y el desconocimiento de normas votadas por el Parlamento, al tiempo que exigió el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y de las resoluciones judiciales vinculadas al sector. Torres aseguró que restringir el acceso a la educación superior implica “condenar a millones de jóvenes” y definió la jornada como “histórica” por la masiva participación en defensa de los derechos sociales y educativos.
La movilización también estuvo acompañada por expresiones culturales, intervenciones artísticas y figuras públicas que manifestaron apoyo a la universidad pública. Hubo performances en defensa de la ciencia nacional, clases públicas y actividades impulsadas por estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, además de mensajes de respaldo de artistas, periodistas y referentes del espectáculo.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, volvieron a cuestionar la protesta y aseguraron que se trató de una movilización “politizada” impulsada por sectores opositores. Funcionarios del área educativa negaron recortes presupuestarios y defendieron la política de equilibrio fiscal del Ejecutivo, aunque confirmaron la apertura de instancias de diálogo con autoridades universitarias y hospitales dependientes de las universidades nacionales.
La marcha de este martes volvió a mostrar un amplio nivel de masividad y transversalidad política y social, en una escena que recordó a las multitudinarias movilizaciones universitarias de abril y octubre de 2024 y septiembre de 2025. Gobernadores, intendentes, legisladores nacionales, organizaciones sindicales y referentes culturales participaron de la jornada, que terminó con un documento consensuado y una nueva advertencia de profundización del plan de lucha si no hay respuestas oficiales.
