Tras el rechazo en el Congreso a los DNU que desmantelaban los organismos, el Gobierno dio marcha atrás y mediante el decreto 627/2025 publicado en el Boletín Oficial restituyó la autarquía y la estructura institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La medida deja sin efecto los decretos 345, 351, 461 y 462 firmados en julio, que habían eliminado sus consejos directivos y concentrado en el Ministerio de Economía la administración de fondos, patentes y designaciones.
Con la nueva resolución, ambos institutos vuelven a su esquema colegiado. En el INTA se restablece un directorio de diez miembros con representación del Estado, las universidades y la Mesa de Enlace. Ariel Pereda retoma su cargo como director nacional. En el INTI también se reponen las direcciones generales y el sistema de gestión con participación público–privada.
La reforma había sido diseñada por el ministro desregulador, Federico Sturzenegger. En el marco de su plan para desarmar el Estado, buscaba reducir a los institutos a simples dependencias administrativas, eliminando sus directorios colegiados y debilitando la capacidad de planificar políticas científico-tecnológicas de largo plazo.
El decreto 627/2025 sólo alcanza al INTA y al INTI. Siguen pendientes otros organismos estratégicos, como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Inpres y el Segemar, que permanecen bajo estructuras dependientes. En el Congreso ya hay proyectos de ley para devolverles su autarquía, presentados por Wado de Pedro, Esteban Paulón, Mónica Fein y Daniel Gollán.
El retroceso fue impulsado por la movilización de investigadores, trabajadores y gremios del sector, junto con la presión política que se tradujo en el rechazo legislativo a los decretos. La restitución del INTA y el INTI representa un triunfo parcial para el sistema científico argentino ya que preserva instituciones clave para el desarrollo productivo e industrial y marca un límite al intento de avanzar sobre las capacidades tecnológicas del país.
En ese sentido, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) señalaron que la decisión “sienta un muy importante precedente” porque demostró que se puede “frenar el proceso de destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas”.
