El Gabinete de Kicillof detalló cómo afecta el DNU de Milei en cada área de gestión

Por R.G.M.

Desde sus cuentas personales pero en bloque y con marcada dirección, el gabinete de Axel Kicillof salió a cuestionar el DNU de Milei y explicó las devastadoras consecuencias de su posible aplicación en cada área específica. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ya se había manifestado de manera muy contundente al sintetizar: «Se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!'».

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo, expresó que el DNU «tendrá un impacto negativo en materia económica, laboral y alimentaria, que generará el aumento exponencial de las personas y familias en situación de vulnerabilidad social». Y detalló: «La derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, impactará en el precio de los alimentos, lo que impedirá más aún el acceso por parte de la población y atenta contra la seguridad alimentaria. La eliminación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios va a generar la falta de un marco de referencia del valor de los productos que va a profundizar el aumento de precios de forma desmedida». De esta manera, «La anulación de la ley de Compre nacional elimina los precios de referencia para la compra de alimentos, materiales de construcción, bienes de primera necesidad, muebles, heladeras, medicamentos, leche, etc.».

También se refirió a derogación de la Ley de alquileres («dificultará aún más el acceso a la vivienda») y de la ley que establece la fijación de haberes a los jubilados y pensionados («impactará aún más en los ingresos de personas mayores que ya tienen deteriorados sus ingresos»).

«Las reformas y derogaciones de las leyes laborales en lo relativo a las indemnizaciones, empleo no registrado y sanciones a empleadores afectará la estabilidad laboral de millones de trabajadoras y trabajadores», afirmó Larroque. Y continuó: «La redeterminación de subsidios al arbitrio de la Secretaría de Energía dejará en situación de vulnerabilidad a familias de bajos recursos. A partir del DNU, el acceso al gas y a la energía eléctrica se verá restringido para un número importante de familias».

Ante un escenario crítico, prometió desde su Ministerio «garantizar la atención, asistencia y protección de las personas y familias en situación de vulnerabilidad; y para fortalecer las organizaciones libres del pueblo y asociaciones civiles que presten servicios a la comunidad».

Por su parte, Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural, desarrolló algunas de las terribles consecuencias en su área, que, como suele enfatizar, no está desligada del resto de las y los trabajadores. «La derogación de la ley de alquileres deja a la intemperie a centros y espacios culturales que no tienen lugar propio», introdujo, y agregó: «Los artistas, como trabajadores, se verán duramente golpeados por la quita de derechos y protecciones laborales, que favorecen la precarización y la informalidad». Luego remarcó que «las editoriales independientes de la Provincia padecen una enorme dificultad para acceder al papel en precio y cantidad razonable. La eliminación de la Ley 26.736, que regulaba la producción de pasta celulosa y papel para diarios, establecerá una situación aún más crítica». Posteriormente recordó que «la privatización de los medios y señales de contenidos públicos arrasa con la diversidad de voces y con la inclusión de una cuota de pantalla para contenidos nacionales, tan importantes para el desarrollo de la industria del cine». Saintout concluyó: «Asistimos a un plan de desregulación y de entrega económica que sólo tiene precedentes en 1955 o 1976. Es lisa y llanamente un ataque a conquistas y garantías fundamentales que tendrán como consecuencia el sufrimiento de nuestro pueblo».

https://twitter.com/fsaintout/status/1737907329033523442?s=46&t=Z0e4aVkS8Cqi2e9BNnSVBg

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, sentenció que el DNU «desregula la economía afecta directamente los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito» y «permite un importante incremento de los costos y elimina la supervisión de la actividad». Y dio detalles sobre la afectación de los derechos de usuarios de servicios financieros y la protección de datos personales. «Se elimina la obligación de que el contrato sea redactado en ejemplares de un mismo tenor para las partes y redactado claramente y con tipografía fácilmente legible», fue una de las advertencias. También se refirió al incremento del costo financiero al eliminarse «el tope para los intereses punitorios equivalente al 50% del interés compensatorio. Se eliminan los topes del 3% sobre las liquidaciones de tarjeta de crédito presentadas por los comercios adheridos y del 1,5% cuando se trata de tarjeta de débito y el plazo máximo de acreditación de 3 días hábiles para estas últimas». 

Y señaló como peligrosa la «falta de supervisión»: «Se modifica la definición de ‘emisor’ de tarjeta de crédito, pudiendo cumplir ese rol, una entidad de cualquier naturaleza, en tanto ello se encuentre previsto dentro de su objeto social. Ya no es necesario que sea una entidad financiera, comercial o bancaria regulada. Se eliminan sanciones por el BCRA para las entidades que no cumplan obligación de informar o no observen las disposiciones relativas al nivel de tasas a aplicar».

Daniela Vilar, ministra de Ambiente, afirmó que «el DNU del presidente Milei atenta contra nuestra soberanía territorial, ambiental y bienes comunes». Y especificó: «Por la derogación de la Ley de Tierras, los sitios más valiosos y estratégicos de la PBA pueden ser apropiados por personas o empresas extranjeras. Además de la pérdida de soberanía territorial, el patrimonio bonaerense pasa a cotizar en el mercado inmobiliario internacional».

Vilar advirtió sobre la actividad minera, que pasaría a «autocontrolarse sin asistencia del Estado Nacional», y que la derogación del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, dificulta «el alcance de políticas de implementación de energías renovables en empresas».

A su vez, comunicó: «La industria manufacturera es el sector que más aporta al PBI de la provincia. La derogación de la Ley de Promoción Industrial, implica un vuelco a las actividades agropecuarias. Este cambio trae aparejado un impacto socio-ambiental, al profundizar el uso de agroquímicos».

«Estamos comprometidos con seguir trabajando para que los bonaerenses vivan cada vez mejor. Pero con estas medidas de ajuste brutal y entrega absoluta de nuestros bienes comunes naturales, será cada vez más difícil avanzar en las transformaciones que necesitamos», finalizó.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud, se refirió al impacto en una de las áreas más delicadas y afirmó que el DNU deja «liberado el aumento de las cuotas de la prepaga y elimina todas las regulaciones para condicionar los aumentos. Por otro lado permite el traspaso de la obra social de tu rama de actividad a una prepaga. Esto desfinancia obras sociales rompiendo el sistema solidario. Por que solo se podrán cambiar a una prepaga quienes más ingresos tengan dejando a las obras sociales con menos recursos.Además, si sos prestador, te podrán pagar lo que cada empresa prepaga considere porque el DNU elimina la regulación de aranceles mínimos obligatorios y habrá prestaciones pagadas muy caras y otras especialidades y actividades que no tendrán financiamiento».

A pesar de no regir en PBA por la Ley de Farmacia, aclaró, «este DNU autoriza a que los medicamentos de venta libre se puedan adquirir en cualquier comercio. Esto impacta en el precio, en la calidad, anula la consulta con un profesional de la salud y potencia la sobre medicación. Si sos farmacéutico, y no estás en la PBA, este DNU autoriza la venta directa al público desde droguerías y laboratorios. Además deroga la Ley que fomenta la producción pública de medicamentos, destruyendo una herramienta central que hoy garantiza soberanía sanitaria».

Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, aseguró que la derogación de la Ley de Alquileres N° 27.551 (2020) y las modificaciones al Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994) agudizarán la crisis habitacional existente en nuestro país. «Con las desregulaciones vinculadas a la locación de inmuebles con fin habitacional, las problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda aumentarán rápida y considerablemente».

«La competencia desdeal, achicará las posibilidades de planificar viviendas con facilidades para que los sectores más vulnerables accedan al sueño de la casa propia.Construir un hogar será simplemente para unos pocos, generando más exclusión y desigualdad», agregó. «Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano trabajaremos en el diseño de políticas públicas paliativas, a fin de morigerar dicha situación», aseveró Batakis, y finalizó: «De ningún modo un DNU autoritario y anticonstitucional será el camino para facilitarle a las familias argentinas el acceso a la Tierra, el Techo y el Trabajo, los tres pilares, según el Papa Francisco, de una vida digna».

Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad, se refirió al carácter inconstitucional del DNU. «Propone la pérdida de derechos laborales básicos, cambiando la carga de la prueba y borrando el reconocimiento de las asimetrías, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las obras sociales y prepagas, la destrucción del empleo y las garantías a las pymes.Plantea la desregulación económica total, derogando la ley de alquileres, de promoción industrial y de góndolas, que impactan de manera directa y profundamente negativa en la planificación del día a día de los hogares argentinos, en su mayoría monomarentales, con mujeres a cargo».

Y continuó: «La modificación del artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo plantea la modificación de la licencia por maternidad posibilitando la reducción del tiempo mínimo de licencia antes de la fecha de parto de 30 días a 10 días. La posibilidad de ‘optar’ habilita presiones y coerción por parte del empleador a la persona gestante, para que no haga uso de su derecho de licencia de 45 días previos al parto».

«El DNU flexibiliza la jornada máxima legal de 8 hs diarias y 48 semanales de la Ley 11.544. imponiendo una suerte de banco de horas que pulveriza la existencia y pago de hs extras, vulnerando y avasallando la planificación individual y familiar, que afectará mayormente a quienes son responsables de las tareas de cuidado».

En otro punto, apuntó que se «deroga la ley que financia la producción pública de medicamentos, lo que incluye vacunas, medicación de VIH y anticonceptivos». «Entre los 166 artículos, ‘género’ solo se menciona para convalidar la discriminación laboral por orientación sexual, identidad de género o ideología», observó, y finalizó: «Este sistema excluyente que plantea el Presidente desconoce y desestima las luchas que venimos dando las mujeres y las diversidades y en tiempos de crisis bien sabemos que los factores que mayormente se agudizan son la feminización y la infantilización de la pobreza».

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, fue breve y lapidario: «Nadie votó para estar peor ni para incendiar el país. Javier Milei empezó mal, ya lo dijimos hace varios días. Este #DNU es peligroso, va a causar un dolor y sufrimiento enorme en nuestro pueblo. Es inconstitucional y golpea fuertemente a nuestro sistema democrático».

Walter Correa, ministro de Trabajo, consideró: «El anuncio de remate de la #Argentina en nombre de la ‘libertad’, y el profundo ajuste contra el pueblo, es una síntesis de las políticas económicas aplicadas en los golpes de Estado de 1955, 1976 y por Cavallo. La legalidad del voto no será la legitimidad del ajuste».