Por Samuel Gallego*
Al conmemorarse quince años de la más grande intervención que los Estados Unidos haya tenido en Colombia en toda su historia, los resultados del famoso «Plan Colombia» contradicen los optimistas balances oficiales, teniendo en cuenta que los cultivos ilícitos no se erradicaron, la guerrilla no se acabó por la vía militar y en el país se generaron diferentes perjuicios por cuenta de la violación de derechos humanos, los daños ambientales y la afectación del agro colombiano.
El Plan Colombia es un programa mediante el cual el Gobierno de los Estados Unidos aportó durante quince años cerca de 141.000 millones de dólares (según cifras oficiales), como ayuda económica para la lucha contra el narcotráfico, mediante la erradicación de cultivos de coca, el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana, la seguridad con un agresivo y ambicioso fortalecimiento de las Fuerzas Militares, y, más adelante, la lucha contra las guerrillas (FARC y ELN), organizaciones que a partir de la implementación de la lucha contra el terrorismo, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, empezaron a ser considerados como grupos terroristas.
Entre las estrategias del Plan Colombia también se incluyó un componente de desarrollo social, que fue de mínimas proporciones en comparación con los componentes anteriores, y tuvo su mayor auge con el programa Familias en Acción, en el cual el Gobierno de Colombia fomentó la entrega de ayudas económicas a campesinos, personas de escasos recursos, jóvenes, madres cabeza de familia, entre otros, con el propósito de apoyar la generación de oportunidades para estas personas.
Fue en el año 1998, pocos días antes de su juramento, que el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana (1998-2002), le propuso al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (1993-2001), la puesta en marcha de lo que hoy se conoce como Plan Colombia, que nació en 1999, fue aprobado por el Congreso norteamericano en el año 2000, y se empezó a ejecutar en 2001, coincidiendo con el inicio del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
Un Estado fallido
Uno de los principales argumentos con los cuales se desarrolló el Plan Colombia es que, para la época en que se creó, el país era considerado un Estado a punto de ser fallido, dado el auge del narcotráfico y la proliferación de grupos armados ilegales. De ahí que este plan se propusiera una fuerte inversión para modernizar a las Fuerzas Militares colombianas mediante la dotación de tecnología, armamento y capacitación por parte de militares estadounidenses, que llegaron masivamente al país para formar a sus pares colombianos, preparándolos de manera sofisticada para hacer frente a esos males que tenían a Colombia al borde de ser un «Estado fallido».
El fortalecimiento militar, y por ende la financiación de la guerra, fue sólo uno de los grandes pilares del Plan Colombia, que a su vez tuvo otro gran eje: la erradicación de los bastos cultivos de coca existentes en el país por medio de fumigaciones aéreas con glifosato, que aparte de exterminar dichos cultivos también causó graves daños ambientales en cultivos lícitos de campesinos humildes, que nada tenían que ver con la guerra interna de Colombia financiada por Estados Unidos.
Respecto a lo anterior, sumado a estos grandes pilares del Plan Colombia, surgió uno más, que, si bien se desprende del primero, resultó ser uno totalmente independiente debido a sus características: la lucha contra las guerrillas, específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este componente hizo parte de la segunda fase del Plan Colombia, implementada a partir del año 2002 con la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuya política, denominada por él como ‘de Seguridad Democrática’, se basó en acabar con todo lo que oliera o se presumiera como parte de las FARC, o relacionado con estas, consolidando no sólo el fortalecimiento del Ejército colombino, haciéndolo uno de los más poderosos del planeta, sino generando violaciones de los derechos humanos, siendo esta una repercusión directa de la intervención de Estados Unidos y la presencia de los militares norteamericanos en bases colombianas.
Lo anterior lo resume Jorge Rojas, ex director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) en Colombia, quien precisamente con ocasión de la conmemoración de los quince años del Plan Colombia realizó un análisis en el que manifiesta lo siguiente:
“Según la Unidad de Víctimas del gobierno nacional, en el cuatrienio 1998/2002, que coincide con el gobierno de Pastrana y con el inicio del Plan Colombia, alrededor de 1.700.000 personas fueron desplazadas de manera violenta de sus hogares. En el primer gobierno del Presidente Uribe, el desplazamiento afectó a 1.854.786 colombianos. La situación no mejoró en el segundo mandato de la «seguridad democrática», porque el número de personas desplazadas alcanzó la cifra de 1.457.697 compatriotas, en su mayoría campesinos pobres víctimas de grupos paramilitares, Fuerza Pública, guerrillas y fumigaciones. En ocho años del gobierno de Uribe y en plena ejecución del Plan Colombia (2002-2010), el desplazamiento forzado adquirió la dimensión de una crisis humanitaria que arrastró a 3.312.483 de personas, más de la mitad de los 6.200.000 desplazados reconocidos en Colombia desde 1985”.
A lo anterior se suman otros hechos repudiables, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército colombiano, quienes, en concordancia con la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe, y con el afán de mostrar a la opinión pública que la guerra contra las FARC se estaba ganando, asesinaron a cerca de 3.000 civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, en el marco de un escándalo que se conoció en los medios de comunicación colombianos como «Falsos Positivos» (2008). Adicional a esto, están las denuncias por abuso sexual cometido en contra de niñas por militares estadounidenses a finales de la década de 2000 (años 2008 y 2009), en bases militares ubicadas en los municipios de Melgar (departamento del Tolima) y Girardot (departamento de Cundinamarca).
El Plan Colombia también afectó el agro colombiano
Volviendo al tema de los cultivos ilícitos, el daño a Colombia y a los colombianos no sólo se derivó de las fumigaciones con glifosato, sino de la puesta en marcha de programas de supuesto apoyo para la sustitución de esos cultivos como parte del componente de desarrollo social del Plan Colombia, que, aunque en el papel tuvo la buena intención de apoyar a los campesinos y a los agricultores con una alternativa que les permitiera dejar de sembrar cultivos de coca, en la realidad terminó generando un efecto contrario.
Evidencia de ello fue lo que sucedió, por ejemplo, en el departamento del Putumayo, donde, de acuerdo con un informe publicado por el periódico El Nuevo Día, el Plan Colombia no acabó ni con los cultivos ilícitos ni con la guerrilla, porque lo único que hizo fue estigmatizar la mata de coca y al campesino cultivador. En ese sentido, El Nuevo Día explica que:
“De los 57.4 millones de dólares entregados al Putumayo, 53 millones fueron orientados a proyectos de desarrollo alternativo, 2.2 millones al fortalecimiento de la democracia y 2.2 millones, a programas de atención para desplazados y grupos vulnerables. El programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia benefició a 19 mil 983 familias campesinas, que se dedicaban a la siembra de matas de coca en el medio y bajo Putumayo, y logró establecer 27 mil 842 hectáreas de cultivos lícitos, como pimienta, cacao, vainilla y palma africana, incluyendo la creación de espejos de agua para la cría de pescados”.
Y agrega: “entre los resultados obtenidos también figuran la siembra de más de mil hectáreas de palmito y mil de caucho, la construcción de una planta de concentrados, la creación de una empresa de transformación y comercialización de pimienta y plátano, la construcción del centro agroindustrial de Villagarzón (municipio del Putumayo) y el cultivo y comercialización de flores, follajes, vainilla, plantas medicinales y aceites esenciales”.
Para terminar, El Nuevo Día indica que hoy la siembra de palmito y caucho “no supera las diez mil hectáreas, muchas de ellas afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato, según reporta el actual Secretario de Agricultura del Putumayo, Heraldo Vallejo, quien agrega que el único cultivo que sobrevive y está dando un resultado positivo, es el de la pimienta.
De la planta de concentrados, de la empresa de transformación y comercialización de pimienta y plátano, la construcción del centro agroindustrial de Villagarzón, y el cultivo y comercialización de flores, follajes, vainilla, plantas medicinales y aceites esenciales, solo hay escombros consumidos por la malaza de la selva”.
La mayor muestra del fracaso de esas estrategias de desarrollo e inversión social del Plan Colombia es que no sólo en el Putumayo, sino también en otras regiones de Colombia, se sigue sembrando coca, a la par que el campo se sigue deteriorando y los campesinos cada día se empobrecen más gracias a las políticas del Gobierno colombiano, que con la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) ha privilegiado la importación de insumos y productos extranjeros en detrimento de la producción nacional, atentando además contra el bienestar del campesino, propiciando así la migración de este a la ciudad, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país.
Lo que viene en el Plan Colombia
Durante el encuentro entre los actuales presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018), y de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), realizado el pasado 4 de febrero en la Casa Blanca en el marco del aniversario número quince del Plan Colombia, Obama aseguró que, así como Estados Unidos fue un «socio estratégico» de Colombia para la guerra (quizás reconociendo los daños y los perjuicios que esa intervención dejó en el país), ahora será un socio estratégico para la paz, tanto así que el Plan Colombia será desde ahora el plan «Paz Colombia».
En ese orden de ideas, Obama sostuvo que se buscará ampliar los recursos del plan en 450 millones de dólares, para lo cual se presentará una propuesta al Congreso norteamericano con el objetivo de que dichos recursos sean incorporados al presupuesto de Estados Unidos a partir del año 2017, de tal manera que el dinero se pueda destinar al postconflicto en Colombia, apoyando tareas concretas como el desminado de los campos.
Aunque es poco creíble que así pase, Estados Unidos y el mismo Gobierno de Colombia tienen una responsabilidad inmensa para hacer que esos millonarios recursos destinados al nuevo plan Paz Colombia se inviertan en la reivindicación de las injusticias sociales que desataron la guerra histórica que han sufrido los colombianos, de modo que se garantice una paz verdadera y con justicia social, que trascienda la firma de un acuerdo para sellar el final de la confrontación bélica entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.
Ojalá las palabras de Obama no sean sólo falsas buenas intenciones, como lo fue el Plan Colombia y como lo es todo lo que representa la intervención de Estados Unidos en Colombia, en América Latina y en el resto del mundo. Amanecerá y veremos cuál será el impacto de las palabras del presidente norteamericano y el futuro del plan Paz Colombia.
* Comunicador social, periodista. Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia).
