Por Alejandro Palladino
“Venimos a solucionarle los problemas a la gente”, repetían candidatos de Cambiemos durante la campaña, utilizando esa frase de práctica política pragmática para sacarse de encima cualquier etiqueta. “Ni de izquierdas ni de derechas”, decían. El cierre sistemático de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), sin embargo, marca el posicionamiento de un Estado que se corre de su rol de garante de derechos sociales.
Para utilizar un fragmento geográfico del país que sirva para ilustrar la situación que viven estas políticas públicas, en La Plata, Berisso y Ensenada, desde que asumió Cambiemos, el Estado nacional cerró siete de los diez que había. Los vecinos de Ringuelet, Arturo Seguí, Berisso, Gambier, Los Hornos, Romero y Altos de San Lorenzo fueron dejados a la desidia por la nueva administración.
Ayer, trabajadores y trabajadoras de los Centros de Acceso a la Justicia de la región convocaron a una conferencia de prensa en la última sede cerrada, la de Ringuelet (520 entre 2 y 2 bis), a la que asistieron medios locales y vecinos de la zona que concurrían asiduamente allí, con el fin de visibilizar y denunciar su situación y por la reincorporación de los despedidos.
“No es sólo la justicia en su sentido clásico, sino también acceder a una pensión, un asesoramiento por salud, educación, para atender a la vulnerabilidad de las familias.»
En el CAJ de Ringuelet, donde desde su apertura, en septiembre de 2014, se atendieron en promedio quinientas consultas mensuales, y en algunos casos han llegado a las novecientas, de los cinco trabajadores –dos administrativos, una abogada, una trabajadora social y una psicóloga– quedaron sólo las dos últimas, pero trasladadas a otros Centros, lo que destruye la política pública porque su fin es estar en el territorio cerca de los vecinos.
“Que saquen al Estado del barrio hace que se dificulte el acceso a la Justicia en sentido amplio, que es lo que nosotros hacemos”, señaló a Contexto Micaela Gonella, la abogada despedida del Centro.
“No es sólo la Justicia en su sentido clásico –prosiguió–, sino también acceder a una pensión, un asesoramiento por salud, educación, para atender la vulnerabilidad de las familias. Por dar un ejemplo, la documentación de mayores de edad no es transferible a otro barrio; ese trabajo no es lo mismo hacerlo acá o en otro lado. Tenés que estar en el barrio para avanzar con algunas cuestiones”.
«Acá veníamos los vecinos que teníamos problemas y no sabíamos a dónde ir. A mí me llevaron a lugares que no conocía, ya sea para quejarme o solucionar problemas”, dijo a Contexto Bal Morales, una vecina que se acercó, como tantos otros, a las puertas del Centro para dar su muestra de apoyo a los trabajadores.
“Es una injusticia que saquen el Centro del barrio, porque nos sirve a quienes necesitamos que nos acompañen y que nos digan ‘Esto existe para vos’, porque hay mucha gente que no lo tiene y no lo sabe. Estamos hablando de gente carenciada”, dice Bal, y se detiene a remarcar con énfasis la última palabra. Y agrega: “Si lo llevan a otro lugar, no nos sirve”.
«Acá veníamos los vecinos que teníamos problemas y no sabíamos a dónde ir. A mí me llevaron a lugares que no conocía, ya sea para quejarme o solucionar problemas.”
En abril, desde la Dirección Nacional informaron que los CAJ sufrirían la disminución del personal y con eso el cierre de la sede de Ringuelet. El Estado venía desarmando de a poco la política pública, mediante el envío de telegramas en algunos casos y a otros directamente sin ningún tipo de comunicación. Se enteraban cuando no cobraban sus salarios.
Camilo Alessandro, uno de los trabajadores administrativos echados, afirmó que “los telegramas no tenían ningún motivo del despido, y sin ningún sumario ni auditoría previa. Nadie se acercó a dar la cara. El Estado está desfinanciando este Programa”, afirmó.
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La función de los CAJ
Los CAJ, surgidos con la creación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia en 2008, y dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, son espacios públicos en los barrios, fundamentalmente con una lógica territorial para acercar el Estado a las zonas alejadas de los cascos urbanos, pensados para descentralizar el acceso a las políticas públicas.
A partir del trabajo de equipos multidisciplinarios encabezados por diferentes profesionales, como abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios, sirven de acompañamiento a la comunidad, asesoramiento, asistencia, y derivación y abordaje de las problemáticas que atañen a los sectores más vulnerados para garantizar un mayor ejercicio de sus derechos sociales.
Las actividades que allí se realizaban abarcaban Asignaciones Universales, SUBE, Programa Hogar, jubilaciones, documentación para argentinos y extranjeros, sumado al trabajo en red con organizaciones barriales y sociales, que atendían a problemáticas como violencia de género, jóvenes en conflicto con la Policía, asesoramiento jurídico sobre cuestiones laborales, penales, familiares, habitacionales, entre otras.
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