Por Cynthia Ottaviano
En la Argentina estamos a la vanguardia, como lo hemos estado a partir del lanzamiento de las banderas populares en cuanto a la comunicación. Entendimos que es un derecho humano, y la consagración de ese derecho se dio finalmente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Ese movimiento fue acompañado por un despertar latinoamericano de las conciencias en el sentido de poner la comunicación al servicio de los pueblos y no al servicio de los intereses de tres o cuatro familias.
Con el paso del tiempo, los contextos se han ido modificando y estas luchas populares van viéndose, si no raleadas, por lo menos no con la intensidad que uno podría haber supuesto hace más de media década. Entonces encontramos un Brasil sin la dirigencia política a la altura de las circunstancias –en el sentido de impulsar una ley por una comunicación democrática–, aunque es cierto que hay un sector de la sociedad civil, como lo ha tenido la Argentina, que impulsa una normativa para tener esta comunicación democrática que incluya poner un freno al avance de las posiciones dominantes, el reconocimiento de los públicos como audiencias y como nuevos sujetos de derecho.
Por otro lado, nos encontramos con un Chile donde, si bien en la sociedad civil se había comenzado a trabajar para tener una comunicación democrática, los impulsos se han visto esmirriados porque no tienen ningún eco en el Poder Ejecutivo y cierto sector del gabinete que lo acompañaba finalmente fue separado de sus funciones hace muy poco tiempo. Nos encontramos con un Uruguay que sí logro su ley por una comunicación democrática, pero que está frenada en el Poder Judicial luego de las trabas que fue poniendo el propio Poder Ejecutivo porque ha sido cuestionada por los sectores concentrados, no sólo en lo vinculado con la matriz económica, sino también con la matriz simbólica; ha llegado a cuestionar artículos vinculados con la protección de la niñez, situación que no vivimos en la Argentina y que ya preanuncia complicaciones a la hora de la propia aplicación de esa normativa, que es muy interesante. Nos encontramos con un Paraguay absolutamente rezagado, también con una conformación muy reciente de una coalición por una comunicación democrática y con un insipiente proyecto de ley que siguen trabajando y que desde Argentina venimos apuntalando.
Es decir, una realidad que es para ocuparse, para seguir generando mecanismos de intercambio y, desde mi punto de vista, empezar a tomar el derecho a la comunicación como un derecho humano, como un tema central de la agenda de los países que integramos Latinoamérica, y que no tiene la presencia que tiene que tener en los organismos internacionales. Esto es curioso porque, así como ha entrado en la agenda de los países latinoamericanos la necesidad de tener una economía que presente altos grados de soberanía nacional y se reconoce que muchos de los empujes para que caigan esas democracias nacionales y populares han venido desde el poder concentrado mediático, la comunicación no forma parte de la agenda de los países y menos aun de los nuevos organismos internacionales que se han creado.
Por lo tanto, es un momento histórico como para incorporar el derecho a la comunicación a la agenda de los países latinoamericanos a través de los nuevos organismos internacionales.
