La imagen habla por sí sola: una anciana de 106 años y su hija de 81 ya no accederán al servicio de gas debido a que sus jubilaciones no alcanzan para afrontar la deuda de 27.000 pesos acumulada por los aumentos que impulsó el gobierno. El caso de Elsa y Luisa Fernández, las dos abuelas de la zona platense de Ringuelet, tomó repercusión pública como la imagen de las consecuencias del modelo económico del macrismo, en principio en los sectores más desprotegidos, y que ahora escala a la clase media.
Consumidores, usuarios, pymes, comercios y medianos productores del sector primario se suman a la larga fila de golpeados en la cadena productiva por la avanzada del macrismo que, durante el último tramo de 2018, no ha hecho más que trasladarle al ciudadano de a pie las consecuencias financieras de la disparada del dólar y la presión de las grandes multinacionales.
“Donde más impacta es en los jubilados. Allí se suma la no recomposición de las jubilaciones, al menos no conforme a la inflación, y la falta de defensa con la que cuentan»
“Hoy por hoy, al aumento de tarifas que está costándole mucho a la gente, hay que agregarle el enorme endeudamiento para pagarlas. Gente que, al no poder hacer frente a los montos, solicita créditos a organismos financieros donde las tasas nunca bajan del 70%. A los pocos meses se constituye una espiral entre las nuevas tarifas y los créditos”, dijo a Contexto el titular adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.
El funcionario señaló que los jubilados se encuentran entre los sectores más vulnerables en esta dinámica. Cabe destacar que, en pleno escenario de créditos y endeudamiento de los ciudadanos, los grandes bancos generaron en agosto un 200% más de ganancia respecto de 2017.
“Donde más impacta es en los jubilados. Allí se suma la no recomposición de las jubilaciones, al menos no conforme a la inflación, y la falta de defensa con la que cuentan. Esta semana se dio que le cortaron el gas y retiraron el medidor a una jubilada endeudada en Dolores, cuando incluso estaba previsto un fallo que impedía quitárselo. Nosotros judicializamos el caso hoy contra la empresa Camuzzi y ENARGAS, pero hay un amparo enorme hacia las corporaciones”, agregó Martello, quien remarcó que desde la Defensoría han observado cómo “la mayoría de las maniobras del gobierno han sido a favor de las empresas”.
En esta línea, cabe destacar que ayer se oficializó la transferencia de partidas de 600 millones de pesos a distintas distribuidoras de gas para financiar la deuda que mantienen con las petroleras y sostener un subsidio. El gobierno había intentado trasladar la deuda de manera directa al usuario con el famoso aumento retroactivo de veinticuatro cuotas, pero el rechazo rotundo obligó a dar marcha atrás con la medida.
«la vía judicial, los organismos de control, la mayoría de esos espacios que deberían amparar al ciudadano, están jugando a favor de las empresas»
Por otra parte, las encuestadoras de Julio Aresco y Gustavo Córdoba presentaron esta semana sondeos de opinión realizados en septiembre y octubre que coinciden en señalar que tanto la imagen del gobierno nacional como la intención de voto a sus principales candidatos están en retroceso. Ambos consultores han concluido que entre el 59 y el 62% de los argentinos desaprueba la gestión de Mauricio Macri.
“Todo esto genera que los ciudadanos se sientan indefensos. Prácticamente, la vía judicial, los organismos de control, la mayoría de esos espacios que deberían amparar al ciudadano, están jugando a favor de las empresas. Ahí también creo que la Justicia debería revisar sus criterios”, advirtió Martello.
