Por José Manuel Welschinger Lascano
“Consideramos que este proyecto debía recibir prioridad luego del repudio que nos generó la represión realizada por Gendarmería y Policía Federal el pasado viernes en Bajo Flores”, aseguró Eva Ramírez, diputada bonaerense del FpV. “Pero, al margen de los incidentes de Bajo Flores, entendemos que hay una situación recurrente de limitación o marginación de la práctica de las murgas por parte de algunas instituciones, algo que cobra otra dimensión en el marco del carnaval”, agregó.
El contenido del proyecto, según adelantó Ramírez a Contexto, consiste en el reconocimiento de la práctica, su derecho a utilizar el espacio público y la promoción de las actividades que les permiten a las murgas funcionar de manera autogestiva.
“Otro punto a destacar –precisó la diputada bonaerense– está en la creación de un Parlamento Murguero que permita a las agrupaciones asesorar a la Secretaría de Cultura de la provincia en todas las cuestiones relativas a su actividad: eligiendo delegados para que los representen frente al Estado, tengan visibilidad y puedan seguir de cerca la implementación de esta Ley”.
También comentó que el proyecto nació a través del trabajo conjunto realizado con distintas agrupaciones de murga de la provincia de Buenos Aires; pero también se están impulsando proyectos similares en otras provincias y a nivel nacional. No sólo buscan que se reconozca la práctica cultural, sino también garantizar la libertad en el uso del espacio público y reforzar el compromiso de los municipios en cuanto a la inclusión y la seguridad de un sector social de jóvenes muy vulnerable frente a las instituciones.
«Los grupos tienen conflictos con las autoridades por cosas menores, como la hora de cortar el tránsito para ensayar.»
A su vez, la idea es asentar por norma dos actividades anuales, una en el marco de los festejos del carnaval y otra con fecha a definir dentro de cada municipio, que permita a las murgas obtener recursos para autogestionarse. “Muchas veces –comentó la diputada–, los grupos tienen conflictos con las autoridades por cosas menores, porque no se ponen de acuerdo a la hora de cortar el tránsito para realizar sus ensayos, o tienen problemas cuando están difundiendo las actividades; y, aunque son cuestiones menores, las identificamos como sistemáticas”.
El proyecto aparece en un momento en el que se hace visible la falta de amparo en la que se encuentran las murgas, luego de la represión con balas de goma llevada adelante por Gendarmería y Policía Federal sobre niños y jóvenes de la villa 1.11.14 el pasado viernes.
Un ataque salvaje
Actualmente, la causa contra los efectivos responsables del ataque se encuentra sin mayores avances, aunque la versión oficial de que las fuerzas actuaron en defensa propia ya fue abandonada por las autoridades. Alberto Mingrone, abogado de un grupo de los vecinos atacados que se organizó para denunciar, comentó a Contexto: “En el momento, hay varias denuncias en paralelo: una presentada por la fiscalía, otras particulares de los damnificados, y hay legisladores acompañando a los querellantes de la causa. La denuncia es por abuso de autoridad, uso injustificado de la fuerza y discriminación; y estamos esperando la respuesta del Ministerio de Seguridad, a ver qué hacen, porque se comprometieron a investigar, pero todavía no hemos tenido contacto ni novedades”.
Para Ramírez, lo sucedido el viernes anterior en el barrio de Bajo Flores “fue lisa y llanamente violencia institucional, donde se utilizó una excusa vacía para atacar a los vecinos, e incluso no se puede considerar que haya sido una represión”, ya que nadie opuso resistencia a la fuerza de la autoridad. “Es algo que no queremos que vuelva a pasar en ningún lugar de nuestro país”, sostuvo. “Con una base legal desde la que se pueda ejercer el derecho a esta práctica, entendemos que es más fácil proteger a los vecinos”, reflexionó.
“La historia del carnaval siempre fue de reclamo y de protesta, de resistencia frente a las injusticias, y por eso consideramos que tiene una función comunicativa muy importante desde lo popular.”
Según la legisladora, el problema que siempre existió contra las murgas, y que fue el motivo por el que se las prohibió durante la dictadura, es justamente que hacen que la gente se reúna: al ser sinónimo de festejo y alegría, era percibida desde el poder como un ámbito peligroso. “La historia del carnaval siempre fue de reclamo y de protesta, de resistencia frente a las injusticias; y por eso consideramos que tiene una función comunicativa muy importante desde lo popular”.
La diputada consideró como fundamental que se defienda el derecho al carnaval, recuperado gracias a un decreto de la Presidenta Cristina Fernández en 2010, y que estuvo prohibido durante los años oscuros. “Es algo que nos parece fundamental desde lo cultural –consideró–, porque las murgas tienen presencia en todos los barrios, y convocan especialmente a los más jóvenes”.
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EL PROYECTO
En uno de los apartados más destacados del cuerpo del proyecto de ley, se establece el derecho al acceso igualitario al uso de los espacios públicos, ya sea para la organización de festivales o de espectáculos, y sin discriminación ideológica ni de identidad política. “Eso es algo que se destaca –aclaró–, porque recurrentemente sucede que el uso del espacio suele estar permitido sólo a los grupos que tienen buena relación con los Gobiernos municipales, y en realidad debería dejar de ser así porque se trata del patrimonio público”.
“En muchos lugares, por ejemplo, a las murgas ni siquiera se les permitía ensayar; y entonces nos vimos en la necesidad de impulsar una garantía legal para revertir esa situación, porque sabemos que este tipo de discriminación existe y ha existido”, agregó.
El grupo responsable del impulso del proyecto consideró que la existencia de un relevamiento explícito de la magnitud de esta práctica dentro de la cultura contemporánea pondrá de manifiesto ante la sociedad la cantidad de grupos que existen y la función que realizan dentro de cada comunidad.
“Buscamos reconocer su existencia y relevar su importancia, a través de garantizarles por Ley el derecho al uso del espacio público y al libre desempeño de sus actividades; y al mismo tiempo intentamos resguardar a las personas”.
Para la diputada, la iniciativa consiste en garantizar la libre expresión de las murgas, independientemente de quién se encuentre gobernando, dándole el espacio dentro de la normativa a una práctica que ya existe, y proveyendo a los ciudadanos de las herramientas para que sean amparados dentro de sus derechos constitucionales.
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