Por Javier Sáez del Álamo (*)
Ante la proliferación, en la esfera pública, de discursos de odio que ponen en riesgo los avances del Estado español en materia de igualdad, derechos humanos y convivencia social, varias organizaciones de la sociedad civil y sindicatos elaboraron y firmaron un Pacto social en el año 2023 como primer paso para la aprobación de un Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situaciones vulnerables, es decir, personas que son objeto de discriminación y delitos de odio históricamente en España (personas LGTBIQ+, personas gitanas, judías, inmigrantes, con discapacidad, musulmanas, sin hogar, con VIH, etc.). Las entidades promotoras de esta iniciativa fueron CEAR, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Fundación Triángulo; Asociación Chrysallis; Fundación ONCE; CERMI; Cesida; el Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; HOGAR SÍ; Oxfam Intermón; Fundación Secretariado Gitano; y los sindicatos CCOO y UGT.
Mediante el pacto social las entidades del tercer sector tienen el objetivo de reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad desde el rechazo a los discursos que estigmatizan, criminalizan y culpabilizan a dichas personas de los problemas de la sociedad, presentándolos como una amenaza.
Las partes firmantes reconocen a la sociedad española como una sociedad abierta y respetuosa con la diversidad, aunque identifican los discursos de odio como un riesgo que vulnera el modelo de inclusión y convivencia. En este sentido, se dirigen a los actores sociales, al Gobierno y a los representantes políticos, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a las organizaciones de la sociedad civil, entidades deportivas y a los medios de comunicación, con el objetivo de construir una herramienta valiosa para continuar avanzando en la protección y defensa de los derechos humanos.
El pacto también hace hincapié en el escenario actual de polarización política y denuncia el señalamiento que realizan algunos representantes políticos a estos grupos vulnerables, lo que genera un efecto terrible y desmedido al canalizar las frustraciones de la población contra personas que se encuentran en situación de desigualdad, contribuyendo a alimentar la discriminación y las agresiones contra ellas.
Por otra parte, a través de la propuesta de una serie de medidas específicas, el texto consensuado tiene el objetivo de proteger los derechos de las víctimas e informar de los recursos disponibles para ejercerlos y defenderlos ante los discursos de odio.
Las medidas se centran en cuestiones como la ejecución de campañas de sensibilización contra los discursos de odio, difundiendo los mecanismos de denuncia y fomentando el uso responsable de las redes sociales, junto con un tratamiento de la información responsable por parte de los medios.
Se propone el desarrollo de medidas de protección en el ámbito laboral, centradas en el acoso laboral y en la formación. Asimismo, se consideran necesarias mejoras en el análisis y recogida de datos de discurso de odio.
Por otra parte, se propone la realización de formaciones para personal de la Administración pública, Administración de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y personal docente y sanitario, en el ámbito de los derechos humanos y los grupos en situación de vulnerabilidad. También se pone el foco en el control de la aplicación de las herramientas jurídicas y en la evaluación y seguimiento del pacto.
Por último, las entidades firmantes destacan la necesidad de desplegar una acción coordinada a través de declaraciones institucionales y un acuerdo entre partidos políticos para combatir los discursos de odio y proteger los derechos humanos, y para que este pacto social se convierta en un Pacto de Estado, con medidas específicas y financiación estable a largo plazo.
El segundo paso ha sido la creación en el Congreso de una subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio en septiembre de 2024 con el fin de avanzar en el desarrollo de este pacto, que pasará de ser un pacto social a un Pacto de Estado, escuchando a las entidades promotoras del pacto y a otras personas expertas en esta materia, que comparecieron en dicha subcomisión a lo largo del año 2025. En este momento (mayo de 2026) la subcomisión elabora su informe final, tras prórrogas aprobadas en mayo de 2025 (317 votos a favor) y diciembre de 2025 (29 a favor en la Comisión). El plazo actual vence el 9 de octubre de 2026, permitiendo completar propuestas legislativas.
Desde las entidades promotoras del Pacto de Estado valoramos el amplio apoyo parlamentario que está teniendo la iniciativa y esperamos que a lo largo de este año se apruebe finalmente, dada la urgente necesidad de abordar este grave problema social, que afecta la vida y la dignidad de una parte importante de la sociedad española, una sociedad cuya diversidad étnica, religiosa, cultural, sexual, y de capacidades se ve amenazada por estos discursos de odio, que son la antesala de la violencia y de la discriminación.
(*) Contraeditorial
