La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió el lunes la elevación a juicio oral de la denominada «Causa de los cuadernos» donde está imputada como organizadora de una asociación ilícita, junto a otros exfuncionarios, destinada a la recaudación ilegal de dinero a través de contratos de obra pública.
Lo hizo a través de un escrito que presentó su abogado, Carlos Beraldi, en el que expone las arbitrariedades que, según su criterio, cometieron desde el comienzo de la instrucción el juez Claudio Bonadio y el fiscal rebelde Carlos Stornelli.
El pedido de elevación a juicio oral fue efectuado inicialmente por la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso y la Unidad de Información Financiera, dos organismos que, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, han participado en cada querella que involucró a funcionarios de la gestión anterior.
En el escrito, Beraldi acompaña el pedido con el objetivo de que en la etapa oral queden expuestas las incongruencias de la investigación. «En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo», dice el profesional.
Según el letrado, la novela de los cuadernos está viciada desde la aparición misma de las supuestas anotaciones del chofer Oscar Centeno en el diario La Nación. «El juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de forum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente», considera Beraldi, y advierte que dicha maniobra fue posible por la conexidad de esa denuncia con la causa del Gas Natural Licuado, que según él es «un presupuesto totalmente falso».
El abogado recuerda también que «insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde el mes de marzo del año 2018 y, pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público». En esa misma línea, cuestiona que, a pesar de que Centeno confesó haber quemado esas pruebas en la parrilla de su casa, «pasó a ser un ‘importante colaborador en la búsqueda de la verdad’».
En la causa actualmente solo hay tres personas detenidas. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Coordinación Estratégica de esa misma cartera, Roberto Baratta, y el empresario Gerardo Ferreyra son los tres desafortunados en un universo que reúne a decenas de imputados, entre empresarios y exfuncionarios.
«Como es de público conocimiento, se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la Ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no solo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada», dice Beraldi sobre ese punto.
«Así, decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido», agrega. Un detalle interesante de esa cuestión es que Ferreyra es el único empresario que negó haber pagado coimas para obtener contratos de obra pública y es también el único que sigue detenido.
«Así las cosas y frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia la próxima etapa procesal. Ello, con el propósito de que en el marco de una audiencia oral y pública estas cuestiones puedan ser esclarecidas y oportunamente sancionadas», concluye el escrito.
