La marcha convocada por la CGT para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo empieza a perfilarse como una contundente movilización en su objetivo de detener la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. Lo que comenzó como una decisión del triunvirato en la primera reunión formal del nuevo Consejo Directivo rápidamente desbordó los límites de la central obrera y sumó adhesiones de otras organizaciones sindicales, movimientos sociales y espacios políticos que rechazan el proyecto por su avance sobre derechos adquiridos para las y los trabajadores.
En pocas horas, la manifestación dejó de ser un llamado exclusivo de la CGT. Por caso, las dos CTA, encabezadas por Hugo Yasky y Hugo Godoy, confirmaron que marcharán junto a la central de calle Azopardo y reunieron a su conducción con el interbloque de senadores de Unión por la Patria para coordinar una estrategia política común en el Congreso y en las calles en defensa de los sectores trabajadores. También sindicatos por fuera de la CGT, como ATE, evalúan medidas adicionales. La presencia de estas centrales potencia el volumen de una jornada que apunta a tener réplicas en las principales plazas del país a través de las 80 regionales cegetistas.
La expansión de la convocatoria también incluye a los movimientos sociales. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita y la UTEP ya anticiparon que movilizarán con columnas propias a partir de las 15 en la Plaza de Mayo, mientras que las organizaciones de jubilados que protestan semanalmente frente al Congreso resolvieron sumarse para denunciar tanto la reforma como el reciente veto presidencial a la ley que les otorgaba un aumento de haberes.
La decisión de la CGT se terminó de cerrar el miércoles al mediodía, cuando la conducción debatió por primera vez bajo el nuevo triunvirato. En un clima interno marcado por la revisión del articulado completo del proyecto oficial, los discursos coincidieron en la necesidad de una acción pública urgente. Aunque no se abordó la posibilidad de un paro nacional, sí se definió activar a todas las regionales para multiplicar la presión política sobre gobernadores, diputados y senadores.
Tras la reunión, el triunviro Jorge Sola sintetizó la orientación del plan de acción y confirmó que la central desplegará tres líneas de intervención. La primera será “llevar nuestro reclamo a cada legislador, senador, gobernador y gobernadora” para “explicar por qué esta ley no puede avanzar”. El segundo eje es judicial, con la presentación de recursos porque “muchos puntos van en contra de principios protectorios del derecho del trabajo y son inconstitucionales”. El tercero será territorial, con debates y acciones coordinadas en alas 80 regionales que tiene la CGT en todo el país para unificar el rechazo.
La lectura cegetista es que el proyecto oficial no sólo desregula derechos individuales y colectivos, sino que también erosiona la estructura sindical y debilita la negociación laboral. Referentes como Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez marcaron que comienza “una etapa de defensa, de resistencia”, y que la magnitud de la reforma obliga a una respuesta articulada y sostenida.
Mientras el Senado prepara el tratamiento del proyecto para el 22 o 23 de diciembre, la marcha del 18 se convierte así en el primer test de fuerza para la oposición en las calles. La confluencia de centrales obreras, movimientos populares, organizaciones de jubilados y sectores políticos configura un escenario de movilización masiva frente a una reforma que, advierten, reconfigura de manera regresiva el sistema laboral argentino.
