El Gobierno nacional resolvió dar de baja las convocatorias a proyectos de investigación correspondientes a los años 2022 y 2023, que constituían el núcleo del financiamiento público a la ciencia en la Argentina. La medida deja sin efecto tanto proyectos ya evaluados como otros en distintas etapas de tramitación, y desactiva el principal instrumento con el que se sostenían investigaciones científicas en universidades, organismos públicos y centros del sistema nacional de ciencia y tecnología. Con la decisión, el Estado interrumpe el esquema de subsidios que durante más de dos décadas permitió financiar de manera regular la producción de conocimiento en el país.
En reemplazo de esas convocatorias, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación anunció nuevas líneas de apoyo orientadas exclusivamente a proyectos implementables por empresas privadas, con montos máximos y plazos de ejecución acotados. De este modo, el financiamiento público queda restringido a iniciativas con aplicación productiva inmediata, mientras que la investigación científica sin fines comerciales directos —particularmente la ciencia básica— queda fuera del esquema de promoción estatal.
En el comunicado oficial, la Agencia informó que en reemplazo de los PICT se lanzará la convocatoria Apoyo a la Investigación Científica (AIC), orientada a proyectos vinculados al desarrollo productivo, con un financiamiento máximo de hasta USD 200.000 y con el objetivo de promover la articulación entre investigadores, centros científicos y el sector privado.
A su vez, se pondrá en marcha la línea STARTUP 2025, dividida en tres tramos de madurez tecnológica (TRL 3-4, 5-6 y 7-9), destinada a financiar proyectos de base tecnológica orientados a prototipos, validación, certificaciones y comercialización, con montos que van desde USD 150.000 hasta USD 500.000, según el nivel de desarrollo.
En ese marco, el organismo justificó la baja de los PICT al sostener que se trataba de un instrumento que “se había convertido en un paliativo sin impacto real en el sistema científico e inconducente para el desarrollo económico y social del país”.
Fuerte reacción de investigadores y universidades
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la entidad que nuclea a los rectores y rectoras de todas las universidades nacionales del país, expresó su “profunda preocupación” y rechazó formalmente las decisiones adoptadas por la Agencia I+D+i. A través de un comunicado de su Comisión de Ciencia, Técnica y Arte, el organismo advirtió que la anulación de las convocatorias PICT 2022 —ya adjudicadas—, el cierre definitivo del PICT 2023 y la imposición de una nueva modalidad de financiamiento “interrumpen abruptamente la continuidad de numerosas líneas de investigación y comprometen la subsistencia de equipos consolidados en universidades de todo el país”.
En el pronunciamiento, el CIN remarcó que al suspenderse la principal herramienta de financiamiento competitivo, el sistema nacional de ciencia y tecnología “queda sin un soporte regular, federal y previsible, indispensable para su desarrollo”. Señaló además que la falta de fondos ya provocó un “grave deterioro en múltiples áreas estratégicas”, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos, la formación de recursos humanos y la estabilidad institucional del sistema científico. “Privar al país de un instrumento central de financiamiento competitivo significa dejarlo sin una política científica activa y sostenible”, advirtió el organismo.
Si bien el CIN reconoció la importancia de promover iniciativas de vinculación tecnológica y cooperación con el sector productivo, sostuvo que esos instrumentos “no pueden sustituir —ni por su alcance ni por sus montos— a los programas estructurales que garantizan el desarrollo de la investigación en sentido amplio”, y subrayó que “sin ciencia básica es imposible pensar en un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo”.
En el mismo sentido se pronunció la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), que reúne a más de 400 directores y directoras de instituciones científicas de todo el país. En un duro documento público, la red afirmó que la medida implica “el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina”.
Según la RAICYT, tras dos años sin convocatorias regulares, la anulación de los PICT 2022 y 2023 deja a la Argentina como “el único país de toda América que no invierte en ciencia”.
La red cuestionó además el reemplazo de los PICT por líneas orientadas a empresas privadas y startups, al sostener que esas convocatorias “no financian investigación científica” y que “disfrazan el recorte y ataque a la ciencia con el argumento ficticio de financiar ciencia aplicada”. En esa línea, también remarcó que ninguno de los principales desarrollos tecnológicos del país hubiera sido posible sin décadas de inversión en ciencia básica, desde la industria nuclear hasta la biotecnología, la economía y las ciencias sociales.