Por José Welschinger
La investigación de la asociación cívico-militar durante el accionar represivo de la última dictadura, uno de los aspectos pendientes en los juicios de lesa humanidad, podría registrar sus primeros avances antes de que finalice el año 2015, gracias a la documentación obtenida en el allanamiento de las oficinas de Tenaris, empresa metalúrgica del Grupo Techint. Por pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de Jorge Auat, la documentación relativa a los movimientos contables y la nómina de empleados de la ex Dálmine-Siderca, actual Tenaris, fue secuestrada por la Justicia y remitida a la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), a cargo de Judith König, a los efectos de determinar el grado de responsabilidad que existió dentro de esas empresas en cuanto a los beneficios que le reportó su asociación a la dictadura durante ese período, así como también su responsabilidad en materia de despidos, sanciones y la desaparición de personas.
El fiscal de San Martín, Miguel García Ordás, explicó a Contexto que a fines del mes de julio Auat le solicitó que tomara las medidas necesarias para resguadar la documentación de las empresas dentro del área investigada, la denominada zona IV, conocida como Campo de Mayo. Luego de que se realizara la investigación de los domicilios y las empresas involucradas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió con el allanamiento de la documentación el pasado 2 de octubre, tanto en Campana como en las dos sedes que posee Tenaris en la Capital Federal.
“La particularidad de la causa está en la investigación del grado de participación civil en el accionar represivo de la dictadura, que aún no tiene imputados ni indagatorias”, comentó García Ordás. Sin embargo, consideró que los resultados del allanamiento no se conocerán a la brevedad: “La documentación investigada es copiosa, y va a demorar meses analizarla”, dijo.
“La particularidad de la causa está en la investigación del grado de participación civil en el accionar represivo de la dictadura, que aún no tiene imputados ni indagatorias”, comentó García Ordás.
Si bien los juicios por crímenes de lesa humanidad contra los militares han avanzado, el fiscal recordó que aún quedan pendientes en la investigación varios hechos y víctimas respecto del Área 400, donde se está investigando a los directivos de las empresas para esclarecer la asociación cívico-militar en el marco del plan sistemático de la desaparición de trabajadores.
Comprendida entre Zárate y Campana, Tenaris es una empresa dedicada principalmente a la producción de tubos de acero. La magnitud de la operación militar en esa zona durante la dictadura cívico-militar asciende a la cifra de 230 desaparecidos, muchos de los cuales trabajaban en la actual Tenaris, ex Dálmine-Siderca.
Tenaris es una empresa dedicada principalmente a la producción de tubos de acero. La magnitud de la operación militar en esa zona durante la dictadura cívico-militar asciende a la cifra de 230 desaparecidos, muchos de los cuales trabajaban en la empresa, ex Dálmine-Siderca.
La causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad ocurridos dentro de esas localidades es conocida como “Área 400” y forma parte de la megacausa judicial Campo de Mayo, en la que se integran todas las investigaciones relacionadas con los territorios que estuvieron, durante la última dictadura militar, bajo el mando de los institutos militares.
“Área 400 es el nombre que los militares le dieron a esa jurisdicción, cuando se organizó la represión de Zárate y Campana”, contó a Contexto el abogado querellante Pablo Llonto. Según explicó el abogado especializado en causas de lesa humanidad, la zona norte ya estaba dividida en distritos, agrupados bajo el rótulo de «Zona IV», y cada partido del gran Buenos Aires en la zona norte tenía un código asignado. “410 era Escobar –continuó Llonto–, 420 era San Isidro, 430 era San Martín, y así con todos. Pero el terreno de Zárate-Campana no tenía una jurisdicción clara, y entonces lo llamaron Área 400 y lo pusieron bajo el control del primer cuerpo del Ejército”.
El comandante de los centros clandestinos de detención ubicados en la Zona IV fue el ex general Santiago Omar Riveros, quien ya ha recibido nueve condenas por delitos de lesa humanidad y actualmente continúa siendo juzgado por sus acciones, en la causa Nº 13 de Campo de Mayo.
“Hoy se está trabajando de forma conjunta con todos los casos –prosiguió Llonto–, que son más de doscientos, gracias a un pedido que hicimos los querellantes; y dentro de esos casos encontramos todo lo relacionado a la responsabilidad empresaria”. Para el progreso de la causa, la obtención de evidencias que vincule a los empresarios con los crímenes cometidos en Dálmine-Siderca entre 1974 y 1983 sería un hito. “Esta prueba podría ser clave para avanzar en el conocimiento de la confección de listas que sirvieron de base para los secuestros y la desaparición, uno de los aspectos más atrasados en las causas de lesa humanidad”, opinó el abogado.
La participación civil y la responsabilidad empresarial, en la que se incluyen empleados, gerentes, agentes de seguridad y otros civiles que participaron del terrorismo de Estado, es un umbral que los juicios por Memoria, Justicia y Verdad aún no han podido franquear. Pese a que las investigaciones se encontraban abiertas, los jueces que llevan las causas que investigan la participación civil en el terrorismo de Estado nunca aportaron la documentación de las empresas vinculadas, ni accionaron los allanamientos para obtenerla. “Si esa documentación ya no existe, entonces eso será responsabilidad de la Justicia”, concluyó Llonto.
