La vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, recusó este martes al fiscal Carlos Rivolo en la causa que investiga el intento de asesinato que sufrió en septiembre del año pasado en las inmediaciones de su casa, por considerar que desde el propio Poder Judicial se filtró información del expediente a abogados de la defensa del diputado del PRO Gerardo Milman, sospechado de conocer con antelación el fallido atentado.
El abogado Marcos Aldazabal, encargado de la querella, sostuvo que «en vez de buscar la verdad, le pasaron información al abogado de una persona sospechada», y con esa acción «pusieron en riesgo la integridad física de una testigo».
La denuncia se basa en el testimonio de una de las ex asesoras del diputado nacional, que días atrás detalló cómo fue convocada a las oficinas de Patricia Bullrich para que un perito informático borrara la información contenida en su teléfono celular.
«El 2/5 a las 13:18, una de las asesoras de Milman, Ivana B., presentó un escrito en la Fiscalía para ampliar su declaración. La Fiscalía subió el escrito al expediente el 3/5 a las 13:18. Ergo, por 24 hs sólo lo tenía la Fiscalía. La declaración se fijó para el 10/5», reconstruyó el abogado.
Según Aldazabal, tres días después, el 5 de mayo, la testigo pidió que se le tome declaración de forma urgente, fuera del plazo establecido. La razón de la urgencia fue, según detalló el representante de CFK, que «desde el día en que se había pedido ampliar su testimonio había comenzado a recibir mensajes sospechosos de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco (ex directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la Nación)».
«A las 21:43 del 2/5, G. Mónaco le reenvió un audio en el que un abogado (‘Diego’) le avisaba que Ivana B. quería ampliar su declaración. Esto quiere decir que, antes de que la Fiscalía subiera el escrito a la causa, un abogado allegado a Milman sabía de su existencia», explicó.
El abogado afirmó que por 24 horas (entre que se produjo el pedido de Ivana B. y que se lo sumó al expediente) solo la Fiscalía tenía conocimiento al respecto.
Aldazabal también cuestionó a la jueza María Eugenia Capuchetti por haber desestimado con anticipación la recusación que ya habían presentado contra Rívolo «sin siquiera darle trámite (es decir, sin llamarlo a que explique qué pasó)». «Para ella, no tiene importancia que un abogado ajeno a la causa y cercano a personas sospechadas conozca un escrito antes que las partes», sostuvo.
«Hoy, el Poder Judicial es la institución que menos confianza genera en Argentina. Es lo que pasa cuando una causa clave queda en manos de una jueza que cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA (la división de poderes manda saludos) y de una Fiscalía cuya información llega antes a 3ros que a las partes», escribió el letrado en sus redes sociales.
