Por Fernando M. López
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) concentra la información personal de unos 32 millones de trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y programas sociales. Todos esos datos, que incluyen nombre y apellido, documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, estudios, dirección, teléfonos y correo electrónico, serán ahora transferidos a la Secretaría de Comunicación Pública por la resolución 166-E/2016 del Gobierno de Mauricio Macri.
Tras el fuerte rechazo que generó la mediada publicada en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que con esto no hay violación alguna y que sólo buscan “mejorar la capacidad del Estado de llegar con información a los ciudadanos”.
Sin embargo, la Ley 25.326 de Habeas Data, que protege los datos personales de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Nacional, no deja lugar a dudas al establecer que “los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.
Esa norma añade que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias”.
La diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV) Carolina Gaillard explicó a Contexto que “hay datos que son más sensibles que otros: en el caso del correo electrónico y el celular, se trata de información personalísima y uno decide a quién se la otorga o no”.
“Al transferir esos datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicación, el Gobierno avasalla la esfera individual y vulnera la intimidad de la ciudadanía. Ningún argentino brindó sus datos para que Macri le informe sobre sus política públicas. Eso viola claramente la Ley de Habeas Data”, afirmó.
La legisladora advirtió, además, que toda esa información podría ser utilizada para “campañas políticas y espionaje”.
“Esto se parece a la casa de Gran Hermano, es algo ilegal y muy peligroso, propio de un Estado absoluto. Pero vivimos en una democracia y tenemos una Constitución que nos protege. La Justicia debe actuar de inmediato para frenar el uso de los datos la ANSES por parte de la Secretaría de Comunicación Pública”, sostuvo Gaillard al adelantar que su bloque prepara un recurso de amparo que será presentado en los próximos días y un proyecto de ley para “derogar el acto administrativo” de la Jefatura de Gabinete.
La del FpV no será la única acción judicial. Desde todos los espacios opositores salieron a repudiar la apropiación de la base de datos del organismo previsional y anticiparon una catarata de amparos. Incluso sectores cercanos al Gobierno, como el interbloque que encabeza Margarita Stolbizer, consideraron que la medida “violenta la democracia”.
“Esto es más peligroso que la cadena nacional. Ahí te podés defender cambiando de canal, pero la manipulación de datos es incontrolable. A esos 32 millones de personas las pueden segmentar para mandarles mensajes, pueden conocer su intimidad, sus consumos, sus gustos, relaciones y necesidades”, advirtió la diputada socialista Alicia Ciciliani.
Quien también entendió que la resolución de Cambiemos “vulnera el derecho a la intimidad” fue la abogada Valeria Carreras. Ella fue la primera en presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal con pedido de habilitación de feria para que la Justicia frene la sorpresiva medida gubernamental.
“Si yo soy empleada delegada sindical, aparece en la base de datos de ANSES”, ejemplificó la letrada, y agregó que “es peligroso que esa información sensible la maneje un Gobierno, el Estado o un particular, porque sabemos que podemos ser objeto de persecuciones o estigmatizaciones. No quiero exponerme a ningún tipo de control estatal”.
Aguad y Bullrich van por otras bases de datos
En medio del escándalo por el tráfico de información de la ANSES, el macrismo avanzó ayer en negociaciones con las compañías de telefonía móvil para obtener datos relacionados con sus usuarios, así como los usos que les dan a sus dispositivos celulares.
El ministro de Comunicaciones, Oscar “El Milico” Aguad, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunieron con los directivos Julio Carlos Porras (Claro), Federico Rava (Telefónica de Argentina) y Alejandro Quiroga López (Telecom Argentina), quienes “acordaron colaborar con las medidas necesarias para identificar a sus clientes, particularmente aquellos con línea prepaga”, según consigna el primer borrador del acuerdo.
Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presidido por Miguel de Godoy, justificaron que la iniciativa apunta a “agilizar el suministro de información en caso de requerimiento judicial”, pero todo indica que se trata de una nueva violación de los derechos constitucionales de los argentinos.
