El gremio ocupó las instalaciones de OSFA en rechazo al recorte de personal, el vaciamiento financiero y el cierre de hoteles y farmacias que dejaron sin cobertura a las familias de los agentes de las FF.AA. Tras esa protesta, renunció el coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador encargado de la liquidación del IOSFA.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante este jueves desde el mediodía una toma temporal de la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), ubicada en Paso 551 (CABA). La medida sindical responde a la amenaza concreta de despido sobre 600 empleados del organismo antes de que finalice el mes. Los trabajadores ingresaron a las instalaciones para repudiar la reestructuración impulsada por el ministro de Defensa, Luis Petri.
Ante esta crisis, se conoció hoy la renuncia del coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador encargado de la liquidación del antiguo IOSFA. La salida de Guzmán se produjo después de una reunión que mantuvo con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien estaba disconforme con los tiempos del proceso de liquidación del organismo.
El conflicto se desencadenó a partir de la firma del DNU 88/2026, mediante el cual el Gobierno disolvió en febrero el antiguo IOSFA para crear la nueva OSFA. Según detalló la representación gremial, las autoridades prevén la interrupción de unos 400 contratos temporales a fin de septiembre, mientras que el personal restante de la planta permanente quedará en situación de disponibilidad. Desde el gremio también advirtieron que corre el riesgo la función social del organismo, ya que se prevé el cese de actividades en 13 hoteles, residencias y dos centros recreativos situados en localidades como Bariloche, Córdoba y Mar del Plata.
Durante la jornada de protesta, la conducción del gremio apuntó de forma directa contra los responsables de la entidad prestadora. En el lugar de la movilización, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó la gravedad del panorama financiero y operativo del organismo. “Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra. Cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por $25.000 millones y hoy la deuda supera los $500.000 millones”, apuntó.
En esa misma línea, el dirigente sindical advirtió sobre la falta de cobertura médica y el remate de bienes patrimoniales que pertenecían al conjunto de los afiliados. “No garantizan las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a sus trabajadores”.
Ante la falta de respuestas oficiales, insistió en la decisión de sostener las medidas de fuerza en la calle. “No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, afirmó.
La disolución de la antigua estructura y la reorganización administrativa mediante decreto fue catalogada por el sindicato como una vulneración de los derechos laborales de representación. ATE denunció que el nuevo marco regulatorio recorta de manera sustancial áreas operativas claves como las farmacias propias y los servicios turísticos, lo que pone en un estado crítico la atención en las distintas delegaciones distribuidas a lo largo del país.
El deterioro del organismo contrasta fuertemente con el superávit de $25.000 millones registrado en diciembre de 2023. Las denuncias señalan maniobras irregulares y el desvío de un préstamo de $40.000 millones que estaba destinado a equipamiento médico pero terminó derivado a gasto corriente, sumado al incremento de deudas con droguerías.
Frente a la escalada de la tensión laboral y el rechazo de las autoridades a entablar negociaciones, el sindicato adelantó que intensificará los reclamos. En caso de no obtener respuestas satisfactorias en el corto plazo, ATE iniciará una vigilia el próximo miércoles 30 de septiembre en los establecimientos hoteleros con el objetivo de garantizar la permanencia del personal en sus puestos.
