Tras el violento despliegue frente a la marcha universitaria, el CELS, Correpi y sindicatos de prensa cuestionaron las detenciones arbitrarias y el ataque directo a la libertad de expresión y prensa. Elevarán denuncias a la CIDH.
Organismos de derechos humanos, legisladores de la oposición, gremios de prensa y abogados repudiaron el violento operativo de seguridad desplegado ayer frente al Congreso contra la manifestación en rechazo al DNU 70/2023 y en defensa del financiamiento universitario. Los duros cuestionamientos apuntaron al esquema represivo desproporcionado, las detenciones arbitrarias —incluidos menores de edad— y el ataque sistemático contra la labor periodística que dejó más de 550 personas afectadas por gases y al menos siete trabajadores de prensa baleados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “las últimas represiones del gobierno tienen características similares” y apuntaron contra la falta de transparencia oficial respecto del número de detenidos. En ese sentido, señalaron que “no hay claridad sobre las detenciones” y que “el Ministerio de Seguridad informa oficialmente un número que no tiene relación con los datos de las defensorías y fiscalías”.
Asimismo, el organismo denunció la gravedad del despliegue de las fuerzas de seguridad que irrumpieron de manera violenta. “El operativo fue violento y desproporcionado. Al punto que impidió terminar el acto de las universidades”, remarcó.
El CELS también alertó por el accionar judicial y policial sobre los sectores jóvenes que se movilizaron. En esa línea precisaron que durante la jornada “se produjeron detenciones a menores de edad y se aplicó el Régimen Penal Juvenil en la Ciudad”. En este punto, citó el caso de “un adolescente de 17 años que tiene una causa abierta por defender sus posibilidades de estudio”.
Por el lado de la oposición, la diputada nacional Lucía Cámpora cargó contra la combinación que hace el Gobierno de Javier Milei entre políticas antipopulares y represión. “Adentro del Congreso demasiadas ratas vendepatria. Afuera miles de argentinos defendiendo las tierras y la universidad pública. El modelo de anarcocolonialismo de Milei no cierra sin proscripción y represión”.
Por su parte, la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, advirtió que el operativo evidenció un cambio en la actuación de las fuerzas de seguridad. La abogada precisó que los efectivos comenzaron a disparar balas de goma y a lanzar gases lacrimógenos cuando la multitud todavía permanecía frente al palco y el acto central se encontraba en pleno desarrollo. “No tienen interés en disuadir hechos de violencia durante la marcha; el esquema es represivo”, afirmó.
En diálogo con la AM 530, Verdú detalló que la represión dejó más de 550 personas afectadas por los gases y una trabajadora de prensa debió ser intervenida quirúrgicamente por impactos de bala de goma. Además, cuestionó el procedimiento judicial sobre los cuatro adultos que permanecen detenidos bajo cargos de desobediencia o resistencia a la autoridad, y agregó que esas detenciones no se produjeron en los lugares donde se registraron los incidentes.
En la misma línea, denunció el caso de un estudiante de 14 años del Colegio Nicolás Avellaneda, quien fue imputado por resistencia a la autoridad y liberado tras la intervención de autoridades escolares, familiares y la propia Correpi.
Para la referente de Correpi, este accionar no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso de reformas normativas —vía decretos, resoluciones y leyes— que restringen derechos fundamentales. “Estamos viviendo un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”, enfatizó Verdú, vinculando el despliegue frente al Congreso con el aumento de los casos de gatillo fácil en los barrios y con una transformación estructural del sistema de seguridad que atenta contra el derecho a la protesta y las libertades democráticas.
La denuncia de SiPreBA y ARGRA
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) denunciaron la existencia de un plan sistemático contra la libertad de expresión y de prensa. A través de un comunicado conjunto, los gremios subrayaron que efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional apuntaron directamente al cuerpo de los trabajadores de prensa, disparando a corta distancia y al torso a pesar de estar claramente identificados. En total, contabilizaron al menos siete trabajadores baleados y decenas de heridos por golpes y gases pimienta durante la jornada.
La nómina de agredidos por la violencia policial incluye a Laura Quispe (TeleSISA), quien debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía tras recibir nueve balazos de goma en la espalda; Guido Piotrkowski (Página/12), alcanzado por dos disparos a corta distancia en el pecho; Nicolás Hernández (El Grito del Sur); Gabriela Manzo (Radio Gráfica); Tadeo Bourbon (Revista Mu); y fotorreporteros de Indymedia Argentina, La Nación y cronistas de C5N y LN+, entre otros.
Según destacaron los gremios, desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya se registran más de 300 trabajadores de prensa heridos en coberturas de manifestaciones, lo que equivale al 10% del total de las personas afectadas por la represión estatal.
Ante la gravedad del escenario, SiPreBA y ARGRA anunciaron que elevarán estos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU. Alertaron además que el saldo de heridos no fue trágico únicamente por el uso preventivo de cascos y máscaras de gas, un equipamiento propio de corresponsales de guerra que remarcaron que no van a naturalizar. “Seguiremos informando y denunciando, no nos van a silenciar”, sentenciaron.
