Luego del fracaso de la reunión con el Gobierno de este mediodía, docentes y rectores confirmaron la quinta marcha federal para el 15 de octubre. Gremios exigieron el pago del 33% de aumento salarial por ley. Se esperan nuevos paros.
El conflicto universitario sumó un nuevo capítulo de tensión. La reunión paritaria entre la secretaría de Educación y los gremios docentes volvió a fracasar luego de que el Gobierno se negara a presentar una propuesta superadora. Ante la falta de respuestas oficiales, las organizaciones sindicales y los rectores confirmaron la convocatoria a una quinta marcha nacional el próximo 15 de octubre, y la profundización de las medidas de fuerza que vienen desplegando.
Desde el gremio docente de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) señalaron que en la audiencia no hubo ninguna oferta concreta por parte del Ejecutivo. Por este motivo, aguardan la finalización de la negociación con los trabajadores nodocentes, pactada para las 15 horas, para definir de manera conjunta los pasos a seguir.
El malestar docente quedó reflejado claramente en la postura del gremio de la UNLP. «Que el gobierno pague lo que nos debe: 33% por ley. Más de cinco salarios adeudados desde que se sancionó la ley», expresaron desde Adulp a través de un comunicado.
En tanto, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le pusieron fecha a la nueva marcha federal junto con los gremios. “Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, sostuvieron en un comunicado.
En los números, el distanciamiento entre las partes es contundente. Mientras el Gobierno pretende otorgar únicamente un 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre (que ya estaba establecido por la paritaria anterior), los sindicatos exigen la recomposición adeudada por la Ley de Financiamiento Universitario, la cual ubican en un 35% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.
Con respecto al ofrecimiento del 3% para septiembre, advirtieron que ese monto no llega a cubrir ni siquiera los casi 6 puntos de inflación acumulada de junio, julio y agosto.
El ajuste también se traslada al Presupuesto 2027. El proyecto oficial asigna $7,3 billones para el sistema universitario, pero el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que se requieren $11 billones para cubrir salarios, infraestructura, becas y hospitales, lo que deja una diferencia de casi $3,7 billones.
La disputa atraviesa además un complejo frente judicial. El juez Martín Cormick ordenó en diciembre ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó los pedidos del Ejecutivo para frenar la cautelar vigente.
Mientras el Gobierno argumenta en los tribunales que el 3% ofrecido cumple con los fallos, los rectores exigen la aplicación plena de la norma aprobada hace más de 300 días por el Congreso, e impulsaron acciones legales contra el decreto que suspendió su ejecución, solicitando multas para los funcionarios e investigando posibles responsabilidades penales por desobediencia.
