El Gobierno de Javier Milei volvió a actualizar este lunes los aranceles del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. El incremento es del 2,10% y rige para agosto, en línea con la inflación registrada por el INDEC durante julio. La medida, sin embargo, vuelve a dejar expuesta la principal disputa del sector: mientras la administración libertaria aplica aumentos mensuales para seguir la evolución de los precios, continúa sin implementar de manera integral la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en particular, sin recomponer los montos que quedaron atrasados durante los primeros años de gestión.
La actualización fue oficializada mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad y alcanza de manera uniforme a las distintas prestaciones incluidas en el nomenclador. El porcentaje toma como referencia la variación del IPC de julio. Además, la resolución mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones realizadas en las provincias de la región patagónica.
El problema es que esta actualización mensual no equivale al cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso. La Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, fue aprobada después de que el Congreso insistiera con dos tercios frente al veto presidencial y declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre otras medidas, establece mecanismos de financiamiento para actualizar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas y dispone la compensación correspondiente por los períodos de atraso.
La ley contempla expresamente una compensación de emergencia para los prestadores, calculada a partir de la brecha entre los aumentos de aranceles aplicados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la inflación acumulada durante ese período. Ese mecanismo busca recuperar parte del atraso que los prestadores vienen denunciando y que una actualización mensual por IPC no alcanza a reparar.
Para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que sostienen cotidianamente el sistema, la discusión no se reduce entonces al 2,10% anunciado para agosto. El punto central es cuánto se perdió durante los meses de congelamiento, quién debe hacerse cargo de esa diferencia y si el Estado nacional cumplirá finalmente con el esquema de emergencia que el Congreso convirtió en ley.
