La inflación fue del 2,1% en julio, volvió a superar el 2% y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año. Mientras el Gobierno reivindica la desaceleración como uno de sus principales logros económicos, los datos sobre salarios y gasto público muestran la otra cara del programa: la baja de la inflación convive con un fuerte ajuste sobre los ingresos estatales y con una inversión pública en niveles históricamente bajos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,1% en julio, después del 1,9% registrado en junio. De esta manera, la inflación acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y llegó al 33,8% interanual. La inflación núcleo fue del 1,8%, mientras que los precios estacionales aumentaron 4,5% y los regulados 2,1%. Entre las divisiones, Recreación y Cultura tuvo la mayor suba, con 5%, seguida por Restaurantes y Hoteles, con 2,8%.
El dato interrumpe la secuencia de desaceleración que había llevado al IPC del 3,4% de marzo al 2,6% de abril, 2,1% de mayo y 1,9% de junio. El resultado de julio todavía está muy lejos de los niveles de inflación registrados durante la primera etapa de la gestión de Javier Milei, pero también muestra que la estabilización de precios no significa que el problema haya desaparecido: los precios siguen aumentando alrededor de 2% por mes y acumulan casi 20% en lo que va del año.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa qué ocurrió con los ingresos. El último Índice de Salarios disponible del INDEC, correspondiente a mayo, mostró una suba mensual del 2,2% . Pero la evolución fue muy diferente según el sector: los salarios privados registrados aumentaron 2%, los públicos apenas 1,5% y los privados no registrados 3,5%. En otras palabras, mientras la inflación de mayo fue del 2,1%, los trabajadores estatales tuvieron una recomposición mensual inferior al aumento de los precios.
La desaceleración de la inflación es real respecto de los niveles de 2023 y 2024, pero la estabilidad de precios no equivale por sí sola a una recuperación del poder adquisitivo ni a una mejora de las condiciones económicas.
Hay que recordar que apenas asumió Javier Milei, el dólar oficial pasó de $364 a casi $800, una devaluación cercana al 120%. El salto de precios implicó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los hogares. Por eso, aunque después la inflación mensual se haya desacelerado, hacerlo sobre esa nueva estructura de precios no significa que los trabajadores hayan recuperado lo perdido. En otras palabras, que los precios suban menos no significa que hayan vuelto a ser accesibles para quienes viven de su salario.
La pregunta económica que queda abierta no es solamente cuánto bajó la inflación, sino qué nivel de actividad, salarios, infraestructura y capacidad estatal queda después de aplicar durante casi tres años una política cuyo principal objetivo es cerrar las cuentas públicas. ¿Y si encima no pueden ni controlar la inflación?
