Por Miguel Croceri (*)
Cristina Fernández de Kirchner, Kristalina Georgieva y Javier Milei son tres nítidas expresiones de intereses contrapuestos que disputan espacios de poder a nivel nacional pero también internacional, espacios desde los cuales se determinan actualmente y determinarán en el corto y mediano plazo histórico lo que la sucede y sucederá a las millones de personas que forman parte del pueblo argentino, con repercusiones incluso a otros lugares del mundo.
Milei, actual presidente de la Nación, provocó desde fines de la semana anterior un incidente diplomático con Brasil. Ocurrió cuando viajó al país vecino para respaldar a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la extrema derecha que en las elecciones de octubre próximo -primera vuelta el domingo 4 y probable balotaje el domingo 25 del mismo mes- tratará de impedir la reelección del actual presidente Lula Da Silva.
Como se ha informado ampliamente, en un acto realizado en esa ocasión (en la ciudad de San Pablo el sábado 24/07), el jefe del Estado argentino insultó a su homólogo brasileño, y asimismo al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, máximo órgano del Poder Judicial), Alexandre De Moraes.
Milei estaba enfurecido con el poderoso juez porque no le permitió visitar en su lugar de detención a Jair Bolsonaro, el ex presidente de la República -y padre del hoy candidato Flávio- que cumple una pena de 27 años de prisión por haber instigado un intento de golpe de Estado que se perpetró en enero de 2023, una semana después de que Lula iniciara su actual mandato.
La agresión retórica contra los dos altos funcionarios públicos de Brasil determinó que ese gobierno decidiera poner en práctica una de las medidas de protesta formal previstas en las reglas de la diplomacia: “llamar para consultas al embajador”. Significa que el representante oficial de Brasil en Argentina regresa a su país por un tiempo indeterminado, mientras que la embajada en Buenos Aires queda a cargo de funcionarios de menor rango.
El hecho es considerado como el mayor conflicto diplomático entre las dos naciones desde hace cuatro décadas, cuando a mediados de los años ‘80 del siglo pasado llegaron a su fin (con poca diferencia de tiempo en uno y otro caso) las dictaduras militares que azotaban a ambos países. En aquel tiempo los primeros gestos hacia una convivencia bilateral pacífica, cooperación recíproca y creciente integración económica fueron liderados, en particular desde 1985, por los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney.
Denuncia ante Naciones Unidas
El pasado miércoles (29/07), desde su lugar de arresto domiciliario en el departamento que habita en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución, Cristina Kirchner puso en marcha una estrategia jurídica a nivel internacional para denunciar la injusta detención que sufre y la prohibición a perpetuidad de ejercer cargos públicos.
La base consistió en presentar una “Comunicación Individual” ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí denuncia violaciones a sus derechos civiles y políticos, solicita una “revisión integral” de las actuaciones judiciales en la denominada “causa Vialidad” -por la cual fue condenada y proscripta- y pide además que se revoque el impedimento para desempeñar funciones en el Estado, con el cual se le niega ante todo la posibilidad de presentarse a elecciones.
Para llevar a cabo las acciones legales ante el organismo cuyas competencias tienen alcance en todo el mundo, la ex presidenta de la Nación convocó a dos juristas de trayectoria internacional que se sumaron a su equipo de defensa. Los nuevos integrantes son el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego.
Cristina comunicó sus decisiones mediante una carta abierta que tituló “El costo democrático de la politización de la justicia”. En su comienzo señala que se dirige “a cada argentina y a cada argentino, con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.
Más adelante explica que acudió a un órgano de Naciones Unidas porque “ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales” de las personas.
En los últimos tramos de la carta dice “quiero dirigirme directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza”. Les pide que “no bajan los brazos” y que “no permitan que les roben la esperanza”. Luego afirma que “volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio”.
Antes de un saludo final, la ex presidenta de la Nación y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) asegura que “los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacado. Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad”.
“Erosión democrática” a través del sistema judicial
Además de la comunicación destinada al país de modo particular, la líder política argentina publicó también una carta pública en tres diarios influyentes en la opinión pública global: El País, de España; Libération, de Francia; y Folha de São Paulo, de Brasil. En el texto explica porqué presentó su caso ante un Comité de Naciones Unidas.
Destaca por ejemplo que “la proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia constituye, tal vez, una de las formas más sofisticadas de erosión democrática en nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
También advierte que “este fenómeno no conoce fronteras ni ideologías. En mayor o menor medida puede observarse en distintos continentes (…) con la misma lógica: transformar el Derecho en un instrumento para eliminar adversarios políticos”.
En otro tramo enfatiza que “no busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”.
Hacia el final, Cristina afirma: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para (en cambio) decidir el destino de la política”.
(El texto completo publicado en tres diarios del exterior puede recuperarse asimismo en una crónica de Contexto. Nota del 29/07/26).
Interés por la “usina de dólares” de Vaca Muerta
La semana pasada fue también un momento de escenificación del sometimiento nacional bajo los mandatos del capitalismo trasnacionalizado y de los intereses extranjeros.
Dicho sometimiento quedó simbolizado por la presencia en el país de Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI). La gravedad no estuvo constituida por una visita protocolar, que podría ser perfectamente normal y propia de las relaciones de Argentina con instituciones de importancia global -e inclusive, eventualmente, una visita beneficiosa para el país y las personas que lo habitan/habitamos- sino que el FMI tiene hoy el mayor poder de decisión sobre los destinos de la economía y la sociedad argentinas.
Ello se debe a la canallesca decisión de Mauricio Macri en 2018, al tomar un préstamo -del cual recibió U$S 45.000 mdd (cuarenta y cinco mil millones de dólares)- que están pagando hoy las argentinas y argentinos y así seguirán siendo durante varias generaciones del futuro. Y encima otro préstamo recibido en abril del año pasado por Javier Milei -del cual recibió hasta ahora U$S 14.000 mdd (catorce mil millones de dólares)-.
Al finalizar la etapa de doce años y medio que abarcó la presidencia de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina, nuestro país le debía cero dólar (U$S 00,00) al Fondo Monetario. (Dato resaltado en un comentario que publicó Vaconfirma hace ocho años, cuando fue perpetrado el criminal endeudamiento del macrismo. Nota del 11/06/2028).
La jerarca financiera internacional estuvo dos días en territorio argentino. Como parte de sus actividades públicas en Buenos Aires, se reunió con el gabinete nacional y por otra parte con el alto mando empresarial, entre otros interlocutores.
Pero especialmente quedará en la historia la primera visita de una titular del FMI a la formación geológica Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El martes (28/07) viajó para recorrer el yacimiento Loma Campana, junto con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente y director ejecutivo (o “ceo”, chief executive officer) de YPF, Horacio Marín.
(Esa visita respondió a un pedido expreso de Georgieva. El portal EconoJournal, consideró que en el gesto se jugó “una carta del gobierno nacional para mostrar la usina de dólares de Argentina y el respaldo del Fondo al plan económico de Javier Milei”).
Anunciar leyes y gobernar a fuerza de “decretazos”
Hacia el final de la semana, Milei trató de copar la escena pública mediante anuncios realizados a través de la cadena nacional de radio y televisión. A través de ese formato comunicacional, el jueves (30/07) dijo que propondrá al Poder Legislativo una ley para modificar la carta orgánica del Banco Central; otra para implementar el “shutdown” (o “cierre del Estado”), como se hace en Estados Unidos cuando no existe autorización del Congreso para destinar fondos del presupuesto nacional; y asimismo otros dos proyectos para “liberalizar” el mercado de capitales y a su vez reformar el sistema de seguros.
Los anuncios de Milei tienen el valor de reafirmar, una vez más, su fanatismo ideológico a favor del libertinaje capitalista absoluto, que está provocando una devastación de las bases económico-sociales del país, de las riquezas productivas y recursos naturales de la Nación y, como consecuencia, a costa del creciente malestar y sacrificio popular.
Sin embargo, más allá de las palabras, lo más importante son los hechos. El actual mandatario nacional ha gobernado esencialmente a través de “decretazos” ilegales e inconstitucionales, que solo pueden tener vigencia porque se lo permite la fracción dominante del Poder Judicial, pieza fundamental en la estructura institucional y corporativa que tomó el control del país.
La derogación de unas 80 leyes y la modificación de otras 300 en un solo decreto (tramposamente llamado “de necesidad y urgencia”), es decir el DNU Nº 70 redactado en la clandestinidad por estudios particulares de abogados y emitido por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2023, fue el primer acto antidemocrático de Milei apenas asumió el gobierno.
Otros de extrema gravedad han sido sus decisiones de endeudar al país -más todavía- con el FMI sin consultar al Congreso, y meses después exponer a Argentina bajo el dominio del gobierno de Donald Trump, cuando el Tesoro estadounidense lanzó un salvataje financiero para rescatar políticamente a Milei antes de las elecciones parlamentarias de octubre de 2025.
Condenas para las mayorías populares
Actualmente, Cristina Kirchner, Kristalina Georgieva y Javier Milei no son las únicas, pero sí tres de las personalidades públicas de mayor relevancia -por buenas y malas razones- en la vida colectiva de la Argentina contemporánea. Y las tres tuvieron presencia destacada en la agenda de asuntos públicos destacados en la última semana de julio.
La ex presidenta de la Nación y referente peronista ha representado a lo largo de su trayectoria política un ideario político-ideológico donde predominan los intereses generales del país y el derecho de todas las personas a una vida digna.
Goergieva y Milei expresan todo lo contrario: el plan para convertir a la Nación en una neo-colonia al servicio de oligarquías locales, de capitales extranjeros, y del plan expansionista de EEUU que hoy está perpetrando la administración de Donald Trump.
Dicho de otro modo: Trump, Goergieva y Milei representan hoy la estrategia para apoderarse de las riquezas y de los poderes del Estado en Argentina, y así optimizar los negocios de capitalismo trasnacional y a la vez apuntalar la dominación estadounidense sobre nuestro país y el conjunto de América Latina.
Cristina fue condenada por un aparato judicial corrompido, y la gran mayoría de las familias es condenada diariamente por el régimen político y corporativo de ultraderecha a sufrir un empeoramiento de sus condiciones de vida.
Las fuerzas y liderazgos políticos, sociales y de cualquier otro tipo que aspiran a defender al pueblo y a la Nación, están -y cada ciudadana/no estamos- obligados a comprender la magnitud del ataque para intentar ponerle freno y, a la vez, tratar de acumular el poder democrático y popular que hará falta para encarar la reconstrucción nacional.
(*) Publicado en www,vaconfirma.com.ar
