Por Miguel Croceri (*)
En los micro-mundos de la política profesional, y asimismo en el periodismo -particularmente el porteño, con influencia en toda la opinión pública nacional- que se ocupa de los temas políticos en general, existe normalmente un frenesí por escudriñar, desentrañar y solazarse en los vericuetos de las disputas internas entre altos/as exponentes del oficialismo y asimismo entre referentes de la oposición institucional.
Pero mientras los “puteríos” políticos -como se los llama informalmente en esos ámbitos- están en los primeros lugares de la consideración mediática, Argentina no solo sufre una devastación de su estructura productiva y de la calidad de vida de las mayorías sociales, sino además un despojo de sus principales fortalezas presentes y futuras como Nación.
El pasado jueves (02/07), el ministro de Economía Luis Caputo anunció que la firma Meitner Energy Latam presentó una propuesta para construir en el complejo nuclear Atucha un reactor nuelcar modular pequeño (artefacto que en ámbitos especializados suele denominarse SMR, por su siglas en inglés). La inversión estimada para el proyecto sería de MDD 1.200 (mil doscientos millones de dólares), que serían financiados íntegramente por capitales privados estadounidenses. (Información del portal elDiarioAr, nota del 02/07/26).
mientras los “puteríos” políticos -como se los llama informalmente en esos ámbitos- están en los primeros lugares de la consideración mediática, Argentina no solo sufre una devastación de su estructura productiva y de la calidad de vida de las mayorías sociales, sino además un despojo de sus principales fortalezas presentes y futuras como Nación
Por suerte, algunas/os representantes en el Congreso Nacional elegidas/os por el voto ciudadano, se encargan de intentar esclarecer al conjunto de la sociedad para poner las cosas en su lugar. Es el caso de la diputada nacional Adriana Serquis, de la provincia de Río Negro e integrante del bloque Unión por la Patria, quien advirtió que con el referido anuncio “se confirma el plan de entrega nuclear a Estados Unidos”.
Desde su cuenta oficial en la red X, resaltó en primer lugar que la empresa interviniente “hizo lobby para aprobar el ‘Súper RIGI’”, es decir el régimen de privilegios impositivos a 30 años que impulsa la gestión de Javier Milei para favorecer a capitalistas que prometan invertir más de 1.000 millones de dólares.
La diputada enfatizó que quien promueve la construcción privada en el complejo estatal Atucha del (antes mencionado) artefacto nuclear, “es el mismo gobierno que desfinancia el proyecto ‘Carem’ de la CNEA” (Comisión Nacional de Energía Atómica). El “Carem” es “un reactor nuclear modular pequeño, 100 % argentino y con un 70 % de avance en su construcción”, destacó la legisladora, quien es doctora en Física y durante el gobierno del Frente de Todos presidió, justamente, la CNEA.
En lugar de ese proyecto avanzado, advirtió Serquis en su declaración, ahora se pretende “empezar desde cero con una nuevo que podría tardar muchísimo tiempo para estar listo”.
Aseguró que de ese modo “la entrega es total. Dejan sin trabajo a profesionales formados por el Estado argentino, los echan o los empujan a irse al sector privado”, al punto de que “muchos trabajadores del Carem ya fueron invitados a trabajar en la propia empresa Meitner”, señaló la diputada, para luego denunciar que “regalan nuestra competitividad y el conocimiento estratégico en el sector nuclear a una empresa extranjera”.
Apuntó que “ayer (por el miércoles, 01/07) fueron los despidos en la CNEA”, y de inmediato “el anuncio del nuevo reactor”. Concluyó que “el plan es clarísimo: destruir nuestra soberanía científica y energética, y privatizar los bienes comunes y el valor agregado de la Argentina”.
Serquis afirmó por último que “el gobierno de Milei nos quiere hacer una colonia otra vez”, y en ese contexto calificó de “cómplice” al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. (Posteo del 02/07/26).
Privilegios “por hasta 40 años”
El mencionado “Súper RIGI”, en realidad se denomina oficialmente “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias” (Rigini). El pasado 24 de junio consiguió aprobación en Diputados y pasó a consideración del Senado. (La plataforma de verificación de información pública “Chequeado” realizó un análisis de la norma luego del voto favorable en la Cámara baja. Artículo del 25/06/26).
A pesar del apoyo parlamentario, el proyecto recibe críticas publicadas incluso en poderosos espacios periodísticos afines a ese tipo de normativas, como el caso del diario “La Nación”. A través de ese medio, se difundió recientemente un artículo de opinión de los especialistas Agustín Redonda (economista, y co-director del Laboratorio de Gastos Tributarios), y Josefina Del Rosario Lago (abogada, y analista de políticas en el International Institute of Sustainable Development, IISD).
El texto se titula “El ‘Súper RIGI’ y la preocupante falta de evidencia”. Allí se analizan tanto ese proyecto como su antecedente vigente hace dos años, es decir el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversores”.
Según los autores, “a pesar de tratarse de dos de los programas de incentivos fiscales más ambiciosos de las últimas décadas, el Gobierno no publicó una evaluación que estimara su impacto económico ni su costo fiscal. Tampoco acompañó la discusión con escenarios alternativos o análisis de sensibilidad sobre inversión, empleo o recaudación. Más preocupante aún es que el Congreso haya aprobado el RIGI y (ahora también) otorgado media sanción al ‘Súper RIGI’ sin contar con un informe oficial que analizara estos aspectos de manera detallada”.
Redonda y Del Rosario Lago enfatizan que “cada excención o reducción tributaria implica recursos que el Estado deja de recaudar y que podrían destinarse a financiar políticas públicas. Además, estos regímenes suelen incluir garantías de estabilidad regulatoria y fiscal que limitan la capacidad del Estado para modificar su legislación durante décadas, así como cláusulas de arbitraje internacional que pueden derivar en litigios millonarios en jurisdicciones extranjeras”.
El final de la crítica nota de opinión, expresa: “El RIGI fue aprobado a ciegas. El Congreso está a tiempo de no volver a saltar al vacío con el ‘Sùper RIGI’, y suspender su tratamiento hasta que el Gobierno publique un análisis ex ante sólido y transparente sobre sus costos y beneficios esperados. Sin este análisis, la Argentina seguirá viviendo sólo de buenas intenciones”. (Publicado en el diario La Nación, artículo del 03/07/26).
A su vez, desde un posicionamiento político-ideológico distinto del anterior, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) actualizó días atrás su posición sobre el proyecto del gobierno que ya superó la aprobación en una de las Cámaras del Congreso. El texto de FARN se titula “Del RIGI al Súper RIGI: profundización de las excepciones a favor de las grandes corporaciones”.
Afirma que esa segunda normativa, pendiente de aprobación en el Senado, “presentada como una herramienta para atraer inversiones vinculadas a las llamadas ‘industrias del futuro’, amplía el esquema de beneficios excepcionales para grandes corporaciones, sin establecer contra-prestaciones equivalentes en materia de empleo, desarrollo productivo, transferencia tecnológica o fortalecimiento de las capacidades nacionales”.
En un tramo posterior afirma que “otro aspecto preocupante del proyecto es que consolida un esquema donde el Estado reduce su capacidad de intervención frente a eventuales impactos económicos, sociales o ambiantales”.
Advierte asimismo que “el ‘Súper RIGI’ propone garantizar por hasta cuarenta años el acceso privilegiado a recursos críticos por parte de grandes corporaciones tecnológicas, sin exigir compromisos equivalentes en materia de transferencia tecnológica, proveedores nacionales, empleo o agregado de valor. Tampoco incorpora estándares ambientales acordes con el elevado consumo de agua y de energía que demandan estas actividades”. (Puede verse el texto completo en la página web oficial de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Publicación del 03/07/26).
Un Banco Central “independiente” de la democracia
La espeluznante ofensiva contra las posibilidades de Argentina para auto-gobernarse y definir su rumbo a lo largo de las próximas generaciones -si este ataque no es frenado a tiempo-, estará sostenido por trampas antidemocráticas en lugares clave de las decisiones del Estado.
Quizás el más importante sea la conducción del Banco Central, que podría quedar en manos de un representante de los grandes poderes económicos y las fracciones dominantes del capitalismo local y extranjero, por más que algún día cambiara la orientación de las autoridades nacionales. El pretexto es que la institución debe ser “independiente” del gobierno democráticamente elegido.
En ese sentido, Mauricio Macri está moviendo piezas de manera sigilosa para que el actual presidente del Central, Santiago Bausili -socio comercial y secuaz político del ministro Luis Caputo-, sea confirmado en el cargo al menos por los próximos cinco años, es decir incluyendo gran parte del mandato del venidero presidente de la Nación, sea quien fuere.
La espeluznante ofensiva contra las posibilidades de Argentina para auto-gobernarse y definir su rumbo a lo largo de las próximas generaciones -si este ataque no es frenado a tiempo-, estará sostenido por trampas antidemocráticas en lugares clave de las decisiones del Estado.
Ese poder de facto en lo más encumbrado de la autoridad monetaria, existe en otros países y constituye una burla a la voluntad soberana de la ciudadania. Implica que uno de los más poderosos responsables del manejo de la economía sea un representante de los llamados “mercados”, en lugar de un funcionario público designado por un gobierno surgido del voto mayoritario de la población.
(El tema tiene casi nula repercusión pública, pero hace ya un mes y medio se conocieron informaciones en ese sentido. Por ejemplo el portal “La Noticia Web” publicó a mediados de mayo que “el Pro comenzó a mover fichas alrededor del Banco Central y reactivó una discusión histórica sobre la independencia de la autoridad monetaria. El trasfondo político apareció detrás del intento del macrismo para consolidar a Santiago Bausili al frente del organismo, más allá del mandato presidencial de Javier Milei”. Nota del 19/05/26).
La semana pasada, el portal “Letra P” confirmó en un artículo del periodista Mauricio Cantando que Milei, entre sus planes prioritarios, tiene decidido enviar al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central.
Allí no se hace mención a la ratificación del titular de la institución, sino a la intención mileísta de reducir la incumbencia del banco unicamente a “preservar el valor de la moneda”, y eliminar su función de “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, tal como dispone la ley vigente, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. (Ver la información de “Letra P”, nota del 01/07/26).
Corporación judicial corrompida
Por encima y como trasfondo de las modificaciones legales y designaciones en cargos claves para quitarle poder a un eventual futuro gobierno de otra orientación, Argentina continúa sometida al accionar devastador de la fracción dominante del Poder Judicial.
Esa estructura corporativa ha degenerado la función constitucional de prestar un servicio de justicia a la sociedad, y en cambio actúa para defender los intereses del alto mando empresarial y las clases sociales oligárquicas, y de la dominación de Estados Unidos sobre nuestro país y el resto de América Latina.
Como parte de esa estrategia, una vez más la Corte Suprema atacó políticamente a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ratificar el decomiso de sus bienes y también de otros condenados en la llamada “causa Vialidad Nacional”. (Información de Página 12, nota del 02/07/26).
Esa causa, así como otras muchas inventadas a lo largo de la última década, cumplen la función de un simulacro para darle apariencia de “legalidad” al plan para eliminar de la participación en la vida política del país a la ex mandataria de la Nación y a otras figuras de su sector político.
El actual régimen político y corporativo, constituido por el gobierno de Milei y sus aliados parlamentarios pero sobre todo por los factores de poder locales y del exterior que lo sostienen, está ejecutando un minucioso despojo de los bienes y recursos de la Nación, y dejando plantadas trampas antidemocráticas extremadamente difíciles de desmontar.
El plan no solo condicionará a eventuales gobiernos venideros que aspiren a defender los intereses nacionales y populares, sino en general a posibles mayorías electorales diferentes de las actuales que pudieran constituirse en el corto o mediano plazo.
