A pesar de los intentos del Gobierno por patearla hacia adelante, La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en favor de la cautelar que lo obliga a aplicar lo dispuesto en la ley.
Luego de varios meses de intentar dilatar la acción lo más que se pueda, el Gobierno deberá aplicar lo dispuesto en la ley de Financiamiento Universitario, en función de una nueva orden de la Justicia. Es que la Corte Suprema decidió dar lugar al reclamo realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional y dejó firme la cautelar que obliga a la gestión de Javier Milei a aplicar la normativa.
En este caso, se trata de la actualización por inflación de los salarios y las becas universitarias desde diciembre de 2023 a la fecha, lo que implica un cumplimiento parcial de los artículos 5 y 6 de la Ley. Si bien representa un fuerte avance para la lucha del sector universitaria, la alerta sigue en pie por el cumplimiento total del financiamiento.
“La Corte Suprema le dió la razón al Congreso, que votó 5 veces la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno tiene que acatar el fallo y hacer efectiva la ley. OJO. No hacerlo implica el incumplimiento de deberes de funcionario público. Un especial reconocimiento a la lucha de toda la comunidad universitaria”, expresaron en las últimas horas desde el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria.
Fue a través de la decisión de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que fue rechazado el recurso extraordinario presentado por la gestión libertaria. La medida fue destacada por el ex diputado y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Emiliano Yacobitti, quien en redes sociales escribió: “Luchar por lo correcto siempre vale la pena”.
Cabe recordar que el presupuesto de las universidades es de casi 5 billones de pesos para todo el año 2026, mientras que las universidades aseguran que precisan más de 7 billones para un normal funcionamiento. Los salarios de docentes y nodocentes, por su parte, han perdido un 35% de valor desde diciembre de 2023, según los cálculos realizados desde el sector.
En tanto, en su momento Milei decidió vetar la ley sancionada en el Congreso, a lo que ambas Cámaras respondieron dando de baja ese veto. Pero el Presidente optó por seguir sin cumplir con el argumento de que el texto afectaba al superávit fiscal y no especificaba de dónde saldrían las partidas presupuestarias.
