Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti abordaron los resultados del pedido de informe sobre las condiciones de detención domiciliaria en condenados por delitos federales.
Tal como fue advertido semanas atrás, Consejeros de la Magistratura ratificaron que Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su arresto domiciliario con mayores restricciones que genocidas y narcos. Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti fueron los encargados de mostrar los resultados del informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de personas condenadas por delitos federales.
Según los resultados presentados “Cristina Fernández de Kirchner se encuentra sometida a condiciones de detención más restrictivas que las aplicadas a personas condenadas por delitos de extrema gravedad”. A partir de la información obtenida mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública Nros. 2/2026, 3/2026 y 4/2026, los expositores expresaron que estas medidas no responden a criterios jurídicos objetivos, “sino a una decisión política orientada a limitar su actividad pública, condicionar a la dirigencia política y obstaculizar la reorganización del campo nacional y popular”.
Entre los puntos abordados se distingue el dato de que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en Argentina no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.
“Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas”, expresó el diputado y concejero Tailhade. “Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”, agregó.
Por su parte, la consejera Vanesa Siley presentó datos que demuestran el carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina Fernández de Kirchner. Siley señaló que, en la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tiene restricciones en materia de visitas. Asimismo, indicó que, entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina es la única sometida a limitaciones para recibir visitas.
“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó.
La consejera también vinculó la situación de la expresidenta con una larga tradición de persecución contra líderes populares. “A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, concluyó.
En tanto, Mariano Recalde afirmó: “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo. El informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”.
A su turno, César Grau trazó paralelismos históricos entre Hipólito Yrigoyen y Cristina Fernández de Kirchner, señalando cómo distintos procesos políticos y judiciales buscaron perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de grupos económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.
Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino, señaló a la actual Corte Suprema de Justicia como uno de los principales problemas institucionales y expresó: “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”.
