Tras el ingreso del proyecto oficial al Congreso, legisladores de la oposición, nutricionistas y más de 300 entidades civiles advierten que la eliminación de los octógonos responde a presiones de las corporaciones alimenticias y desmantela una política clave de salud pública.
El ingreso al Congreso de un proyecto del Gobierno nacional para derogar de forma total la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, desató una fuerte ola de rechazos y advertencias por parte de un amplio arco que abarca a la oposición, organizaciones civiles, entidades académicas y colectivos profesionales de la salud.
Mientras el oficialismo argumenta que la presencia de los octógonos negros restringe la actividad comercial, oposición y organizaciones denunciaron de manera unánime que la medida representa un grave retroceso que dejaría a la población en un estado de desprotección, respondiendo de forma directa a los intereses y al histórico lobby de las grandes corporaciones de la industria alimenticia.
Desde el ámbito legislativo, el diputado Pablo Yedlin cargó contra el Gobierno por buscar beneficiar a las grandes empresas del sector en perjuicio de la población. “Derogar el etiquetado frontal no es defender la libertad. Es defender que las empresas puedan vender sin advertencias y que la gente decida con menos información”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados agregó que “no hay leyes escritas en piedra, si quieren ‘mejorar’ la ley, planteen alguna mejora”. Y remató: “Borrarla de un plumazo es entregarse al lobby y retroceder en salud pública”.
En tanto, la concejala por Fuerza Patria Hurlingham y exdiputada nacional, Florencia Lampreabe, también apuntó a la jugada de la administración de Milei para favorecer a las grandes compañías del sector. “Ayer como hoy, es el lobby de la gran industria alimentaria el que está detrás del intento del gobierno de derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos”, sostuvo vía la red social X.
La edil también criticó el argumento del Gobierno de derogar la ley para adecuarse a estándares regionales del Mercosur. “La excusa de la ‘armonización con el Mercosur’ es pura sarasa. Y ya fue debidamente desarticulada en el extenso debate previo a la sanción de esta ley. Se trata de una ley que hoy es un modelo a nivel mundial”, remarcó.
El martes el Gobierno nacional había enviado al Congreso el expediente 186/26, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, con el objetivo de eliminar por completo la normativa sancionada en 2021.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa el histórico lobby de las grandes empresas alimenticias nucleadas en COPAL, la coordinadora que agrupa a las principales firmas del sector y que desde el debate parlamentario de la Ley cuestionó el sistema de octógonos negros. Su titular, Daniel Funes de Rioja, había planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de “armonizar” los criterios argentinos con otros modelos regionales menos restrictivos.
Vale recordar que la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en octubre de 2021, establece que deben llevar octógonos negros aquellas bebidas y productos comestibles procesados y ultraprocesados con excesos de azúcares añadidas, sodio, calorías, grasas totales y grasas saturadas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce al etiquetado frontal de alimentos como una política clara para la prevención de las enfermedades no transmisibles (ENT) —primera causa de muerte— ya que facilita al consumidor la posibilidad de elegir productos saludables.
También se manifestaron organizaciones civiles. Ignacio Porras, nutricionista y director ejecutivo de la Fundación Sanar, dijo que “los sellos sirven, por ejemplo, para nuestros viejos, que hoy en día están siendo una población muy vulnerada por el Gobierno nacional”. En diálogo con AM 530, añadió que “cuando tienen diabetes tipo 2 o hipertensión arterial utilizan los sellos porque no llegan a leer la información”.
Por su parte, agrupaciones profesionales como el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires alertaron que eliminar este esquema no solo afecta el acceso democrático a la información nutricional, sino que además hipoteca el futuro de la salud pública al desmantelar las regulaciones sobre publicidad y entornos escolares saludables orientadas a proteger a las infancias frente a enfermedades crónicas no transmisibles.
Al mismo tiempo, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y colectivos vinculados a la salud pública expresaron su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo.
Las organizaciones señalaron en un comunicado que la medida “desmantela una de las políticas de salud pública más importantes del país” y denunciaron que dejaría a la población “en un absoluto estado de desprotección”.
La normativa regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limita estrategias de marketing y promueve entornos escolares saludables. Según advirtieron las entidades firmantes, la derogación implicaría eliminar de manera inmediata todo ese esquema de protección.
Las organizaciones que rechazan la derogación sostienen que la evidencia científica acumulada desde la implementación de la ley demuestra su efectividad. Según indicaron, el 90% de la población considera que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables, mientras que más de la mitad afirmó haber modificado sus decisiones de compra a partir de la presencia de los octógonos en envases.
También remarcaron que, antes de la sanción de la norma, sólo el 13% de la población lograba comprender correctamente la información nutricional tradicional incluida en los envases.
