Por Miguel Croceri 8*)
Argentina está sufriendo un saqueo completo de sus bienes públicos, tanto de las empresas del Estado nacional como de las tierras fiscales y edificios e instalaciones estatales. El ejecutor de la devastación es el régimen de ultraderecha encabezado por Javier Milei.
Dicho régimen excede ampliamente al gobierno nacional y sus cómplices parlamentarios. Está conformado por una trama de estructuras políticas y corporativas donde el Poder Ejecutivo mileísta es solo una parte. Los demás componentes -que apenas son mencionados en discursos opositores- son las élites capitalistas locales y foráneas, las corporaciones judiciales y mediáticas (entre otras), y múltiples factores de poder extranjeros (por ejemplo los gobiernos de Estados Unidos e Israel, empresarios de la tecno-oligarquía digital planetaria, el Fondo Monetario Internacional, etcétera).
Milei se irá del gobierno en algún momento indeterminable del futuro. Pero los intereses económicos y geopolíticos que hoy forman parte del bloque gobernante habrán ampliado a niveles exponenciales su poderío, y así podrán seguir determinando la vida del conjunto de las argentinas y argentinos, además de sabotear a un -hipotético- futuro gobierno que quisiera defender las riquezas nacionales y el bien común de la población.
Una de las claves del saqueo de la Nación es la deuda externa y las distintas formas de endeudamiento público que dejarán un pasivo impagable y amenazante, al modo de una soga atada al cuello de las actuales y futuras generaciones.
Otra clave es la estrategia de privatizaciones salvajes y ruinosas para el país que se ejecutan día tras día a velocidades de vértigo, ante la impotencia y/o desinterés de la oposición político-institucional y de las organizaciones populares contrarias al gobierno, y prácticamente sin generar siquiera controversias en la opinión pública.
Incluso los medios y plataformas de comunicación opositores al mileísmo se solazan -y ganan repercusión en las audiencias y por lo tanto rentabilidad publicitaria- con las andanzas de Manuel Adorni y demás escándalos de corrupción del oficialismo, pero prestan una atención mínima o nula a calamidades tales como la rapiña capitalista contra el patrimonio público.
La ruta fluvial del Paraná: “Irregularidades”
El gobierno, como representante de los intereses dominantes, está en plena ofensiva para privatizar por otros 30 años la Vía Navegable Troncal -del río Paraná y que continúa en el río Paraguay-, la cual fue entregada por primera vez a capitales privados en 1991.
Desde entonces el discurso hegemónico llama a esa ruta fluvial con el nombre de “Hidrovía”, pero en realidad es la denominación de la empresa que resultó adjudicataria hace tres décadas. Por esa vía navegable circula cerca del 80 % de las mercancías que Argentina vende o compra, hacia y desde el exterior.
La concesión venció en 2021 y el entonces presidente Alberto Fernández dispuso una gestión interina a cargo de la Administración General de Puertos. Aquella primera privatización fue perpetrada por Carlos Menem, el primer presidente que se ocupó de destruir el Estado desde adentro, aunque -a diferencia de Milei- nunca lo dijo.
Meses atrás el actual gobierno llamó a licitación para explotar comercialmente hasta el año 2056 el cobro de peaje para la navegabilidad, uso de puertos, etcétera, a cambio de realizar tareas de dragado, señalización y mantenimiento.
El viernes reciente (15/05) concluyó la evaluación técnica de las ofertas. Quedaron preseleccionadas dos empresas belgas: Jan de Nul (principal accionista de la concesionaria original) y DEME. Y este martes (19/05) se abrirán los sobres con las ofertas económicas. (Tema detallado por la agencia “Noticias Argentinas, NA”, reporte del 15/05/26).
La estrategia re-privatizadora fue respaldada por el alto mando empresarial que las dirigencias y el periodismo denominan -herméticamente- “Círculo Rojo”. (Según informó el portal “Letra P” en un artículo de Antonio Rossi, el apoyo provino por ejemplo de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, el Centro de Navegación, la Cámara Naviera Argentina y la Cámara de Actividades Portuarias y Martítimas. Estas y otras entidades empresariales “valoraron la transparencia técnica de la licitación”, señala el texto periodístico. Nota del 15/05/26).
Sin embargo, también en el último día hábil de la semana pasada, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen donde advierte sobre “irregularidades en el proceso licitatorio”, y anunció que esas averiguaciones fueron presentadas ante una instancia judicial (a cargo del fiscal Guillermo Marijuan).
La PIA, conducida por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, tomó intervención porque había recibido “denuncias y/o presentaciones en las cuales se señalaban irregularidades del procedimiento y los pliegos licitatorios”. Los planteos “fueron acompañados por diversos actores de la sociedad, tales como organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios, así como una de las firmas participantes de la licitación”. (Publicado en el sitio web institucional “Fiscales.gob.ar”, información oficial del 15/05/26).
Activos nucleares codiciados por Estados Unidos
La política arrasadora de la extrema derecha también pretende entregar a capitalistas extranjeros, y además bajo control de EEUU, las instalaciones, capacidades científicas y acceso a minerales que conforman el poder nuclear argentino.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) acaba de adoptar “un procedimiento administrativo a pedido de grupos económicos nacionales e internacionales”, mediante el cual “se allana el camino hacia la privatización de activos” en esa materia, según información especializada que publicó el diario Página 12.
Ese medio precisó que “entre los productos más codiciados” figuran el reactor RA-10, “prácticamente finalizado” durante el gobierno anterior, y al mismo tiempo la explotación del uranio, “recurso estratégico” que está presente en zonas de Chubut, Mendoza y Salta.
La política arrasadora de la extrema derecha también pretende entregar a capitalistas extranjeros, y además bajo control de EEUU, las instalaciones, capacidades científicas y acceso a minerales que conforman el poder nuclear argentino.
La maniobra incluye igualmente al primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integramente en el ámbito nacional, llamado “Carem” (Central Argentina de Elemento Modulares”). El mismo estaba en construcción pero fue paralizado por el gobierno mileísta cuando faltaba un 30 % para su conclusión. Con esa tecnología, el país se ubicaba a la vanguardia en materia de nucleo-electricidad y energía limpia.
En cuanto al RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito), se trata de un artefacto que empezó a construirse hace diez años. “Tiene diversos objetivos pero el principal se vincula con garantizar el abastecimiento de radioisótopos de uso médico, esenciales porque alimentan los centros de medicina nuclear del país, en donde se diagnostica y trata a pacientes con cáncer”. En este caso el reactor está casi listo y podría ser terminado bajo el actual gobierno.
El interés por el uranio radica en que se trata del “insumo que mueve a los reactores, que en última instancia mueven la inteligencia artificial”. Argentina posee alrededor de 40.000 (cuarenta mil) toneladas de reservas de ese mineral. Las tres centrales nucleares (Atucha I, Atucha II y Embalse) necesitan apenas 220 toneladas por año.
Todo esto podría ser enajenado del patrimonio argentino y transferido al dominio estadounidense. Este viernes (15/05) se supo que la Comisión Nacional de Energía Atómica estableció un “manual de actuaciones” para que los empresarios privados locales y del exterior “que tengan intención de apropiarse de los activos nucleares de nuestro país, puedan visitar las instalaciones y ver qué les interesa aprovechar”.
El experto en energía nuclear Nicolás Malinovsky (ingeniero graduado en la Universidad Nacional de Río Cuarto), declaró que “Estados Unidos tiene bien en claro sus objetivos con Argentina y el rol que quiere que cumplamos en su proceso de re-industrialización, que es parte de la disputa hegemónica en curso con China. Por un lado busca desarticular y desmantelar las capacidades que hemos logrado en el desarrollo nuclear, y por otro quiere que compremos la tecnología” norteamericana.
Agregó que “la explotación de uranio en nuestro país no apunta a fortalecer el desarrollo local, sino a garantizar la exportación de ese mineral para abastecer a la industria estadounidense, que busca independizarse del uranio ruso”, dijo el experto.
(Los principales datos y conceptos de los párrafos precedentes fueron tomados de un artículo que publicó Página 12 con la firma del periodista Pablo Esteban, especializado en temas científicos. Nota del 15/05/26).
Por otra parte, hace seis meses el mileísmo puso en marcha el proceso para enejenar parte de “Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima”, la empresa que opera las tres centrales atómicas con que cuenta el país. Mediante una Resolución del ministerio de Economía publicada en noviembre, se habilitó la venta del 44 % de las acciones de la compañía a capitales privados. (Crónica de Perfil, nota del 07/11/2025).
Hidroeléctricas, planta de fertilizantes, propiedades inmuebles
Como parte del mismo plan, el año pasado fueron concedidas por otros 30 años (igual periodo que las explotaciones anteriores) las cuatro centrales hidroeléctricas situadas sobre los ríos Limay y Neuquén: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Planicie Banderita-Cerros Colorados. Los contratos de concesión y transferencia de acciones se firmaron en los últimos días de diciembre. El gobierno recaudó algo más de 700 millones de dólares. (Artículo del portal especializado Econo-Journal, nota del 23/12/2025).
También en proximidades de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, YPF concretó la venta del 50 % de su participación en “Profértil”, la más grande productora nacional de fertilizantes, ubicada en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Allí se fabrican 1,3 millones de toneladas anuales de urea -con lo cual se cubre el 60 % del consumo- y también casi 800 mil toneladas de amoníaco.
El comprador, por US$ 1.350 millones, fue AdecoAgro. Es una firma vinculada con Daniel González, quien hasta poco tiempo antes había sido secretario coordinador de Energía y se lo considera persona de confianza política del ministro Luis Caputo. (Información de la periodista Luciana Glezer en La Política Online, nota del 15/12/2025).
El vendaval privatizador afecta asimismo a terrenos e inmuebles fiscales, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Por su venta, el gobierno espera conseguir como mínimo 300 millones de dólares. Incluye a predios que pertenecieron al desmantelado INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (Reseña de “La Tecla Patagonia, nota del 10/05/26).
Hasta fines de abril se habían vendido 15 propiedades del Estado, por las cuales el gobierno recaudó 279 millones de dólares. (Informe de las periodistas Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli publicado por Infobae. Nota del 03/05/26). /
De la “ley Bases”, a una semana fatal
Las privatizaciones fueron autorizadas por la llamada “ley Bases”, aprobada a mediados del año pasado por el oficialismo y sus cómplices parlamentarios. La salvaje política contra el patrimonio público tuvo un pico de agravamiento en los últimos días.
El viernes se puso a la venta el 90 % del capital accionario de “AySA” (Agua y Saneamientos Argentinos, sociedad anónima), actualmente en manos del Estado. La compañía gestiona los servicios de agua y cloacas para la ciudad de Buenos Aires y para 26 distritos que rodean a la capital federal pero están en jurisdicción de la provincia, en el llamado “Conurbano bonaerense”. (Al difundir la noticia, el portal Perfil tituló: “Ante la falta de dólares, Caputo avanza en su plan de privatizaciones: venderá el 90 % de AySA”. Nota del 15/05/26).
El anuncio referido a la empresa de agua y saneamientos del área metropolitana fue el cierre de una semana fatal para los bienes del Estado. Un par de días antes, el martes, se adjudicaron a empresarios privados las acciones que poseía el ministerio de Economía en Transener, la mayor transportadora de electricidad del país. Serán otros 356 millones de dólares que recaudará el gobierno. (Crónica de “Ámbito”, nota del 12/05/26).
El dirigente sindical Carlos Micucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), denunció que la privatización de Transener “completa la entrega total de nuestra soberanía energética”. Apuntó que “todo lo que es manejo eléctrico ya está en manos privadas”. (Declaraciones citadas por el portal Data Gremial, nota del 14/05/26).
Micucci también lanzó una frase irónica que describe amargamente el saqueo de nuestro país: “Nos están distrayendo con Manuel Adorni, y están pasando los elefantes por el baño”.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
