El Gobierno nacional continúa acudiendo a todo tipo de maniobras con tal de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta vez, el Ministerio de Capital Humano buscó presionar a los rectores de las universidades nacionales con una intimación para que presenten “planes de contingencia” que garanticen el dictado de clases.
Sin embargo, detrás de la supuesta preocupación por el derecho de los estudiantes, se esconde un intento de trasladar el costo político del conflicto a las autoridades académicas y a los gremios, omitiendo que la parálisis del sistema es la consecuencia directa del ahogo presupuestario y la falta de actualización salarial de docentes y nodocentes.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que preside Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, presionó a los rectores de las casas de estudio pidiendo “una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.
El escrito agregó que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.
Sin embargo, rectores, gremios y estudiantes vienen denunciando que “el sostenimiento financiero” de la gestión libertaria no es tal. De hecho, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, conformado por federaciones como CONADU, CONADU Histórica y FATUN, denunció que los salarios perdieron el 50% del poder adquisitivo que tenían en diciembre de 2023, y precisaron que se trata del peor escenario para los sueldos universitarios desde el retorno de la democracia.
La jugada del Gobierno se da en medio del paro docente de esta semana, desde el lunes 27 hasta el jueves 30, el tercero de semana completa desde que comenzó el ciclo lectivo, en reclamo al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
A su vez, el Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a las y los rectores de las universidades de todo el país confirmó la cuarta marcha universitaria para el próximo martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo. La convocatoria fue organizada por el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los frentes gremiales. El objetivo es exigir el cumplimiento de la ley para que los trabajadores universitarios recuperen salarios dignos, y los establecimientos se financien para poder funcionar con normalidad.