Luego de que se difundiera la existencia de una supuesta red rusa de financiamiento a medios argentinos, el Gobierno nacional decidió restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada, lo que fue advertido por sindicatos, organizaciones y partidos políticos como un acto de «censura» y un retroceso en materia de libertad de expresión.
La medida, conocida este lunes, afectó directamente a Tiempo Argentino, El Destape, La Patriada, Grito del Sur, A24 y Ámbito Financiero, seis medios que aparecen en la filtración, en la que se indica que recibieron apoyo de Rusia para operar en contra del presidente Javier Milei en 2024, en medio de su respaldo a Ucrania. En la lista también aparecen una docena de medios más, entre ellos los grandes Infobae y C5N, pero no se vieron afectados por la medida.
La decisión fue repudiada por los medios afectados, así como también por diferentes organismos. En el caso del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),, calificaron la medida como “una limitación en el acceso a la información pública”. «El argumento de que algunos de los medios en los que trabajan esos profesionales fueron mencionados en una investigación sobre presuntas operaciones de desinformación pagadas por sectores ligados al poder en Rusia no resulta suficiente y altera la presunción de inocencia hasta que la Justicia no determine responsabilidades», sostuvo el Foro. «Los medios aludidos deben brindar explicaciones sobre su participación o no en la campaña denunciada, pero esta medida no contribuirá a echar luz sobre el tema y, por el contrario, restará voces al debate sobre asuntos de interés público», agregó.
Para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), «el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados». En la misma línea se pronunció el Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo), que consideró que «impedir su ingreso constituye un acto de censura incompatible con el funcionamiento democrático y con el derecho de la sociedad a estar informada».
Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también marcaron su postura. «El acceso de la prensa a las fuentes oficiales —y en particular a las sedes de los poderes del Estado— contribuye a hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de canales diversos», manifestaron.
«La eventual existencia de investigaciones en curso o de situaciones que requieran esclarecimiento no debería derivar en limitaciones al acceso a la información pública por parte de la pluralidad de actores del universo periodístico y mediático», agregó la Asociación.
La oposición también se pronunció y decidió presentar un proyecto en repudio a la medida. El proyecto de Fuerza Patria intima a “la revocación inmediata de la medida y el libre acceso de las periodistas y los periodistas de dichos medios, observando los principios republicanos de conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos de gobierno; la libertad de prensa, protegida por los arts. 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional, y el libre acceso a la información pública, derechos fundamentales que permiten el control ciudadano sobre sus representantes”.
