Pasadas las 10 de la mañana de este viernes, el Tribunal Oral Federal N°2 dio comienzo a la 19ª audiencia del juicio que investiga a una presunta red criminal ligada a la desaparición de Johana Ramallo. En esta jornada, el testimonio central fue el de su madre, Marta Ramallo, quien declaró por segunda vez desde el inicio del proceso y apuntó contra los maltratos y las vejaciones sufridas en su búsqueda de justicia. Sus abogados, además, solicitaron la ampliación de cargos para dos de los imputados, pedido que fue rechazado por la fiscalía general.
Mientras que la primera declaración de Marta estuvo ligada a «limpiar» la memoria de su hija, en esta oportunidad, decidió poner el foco en el impacto que significó para ella y su familia no sólo la desaparición de Johana, sino también los maltratos y desplantes del Poder Judicial en estos nueve años. «Desde el momento que se la llevaron nos paralizaron como familia», dijo.
En este punto recordó varias vejaciones sufridas: la indiferencia al tomar la denuncia; los primeros días que la policía la buscó pegando en todos lados una foto en ropa interior; el tiempo perdido con los restos encontrados en Palo Blanco; la forma que le comunicaron que pertenecían a Johana; el cuestionado secreto de sumario del juez Adolfo Gabino Ziulu; el largo periplo en Tribunales y morgues para que le entreguen los restos; el maltrato sobre los mismos y las dificultades para iniciar ese duelo que tanto reclamó. Todo ello, con fuerte impacto en su salud física y mental.
Párrafo aparte dedicó a sus anteriores abogadas, a quienes acusó de ocultarle información sobre la causa. Este planteo fue retomado por sus actuales representantes, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes hacia el final de la audiencia solicitaron la ampliación de cargos para que Carlos «El Cabezón» Rodríguez y Hernán D’Uva Razzari sean imputados como autores de femicidio. Sobre este delito, actualmente, ambos están acusados por encubrimiento agravado.
Según la querella, los dos imputados «administraban una banda de crimen organizado» dedicada a la explotación sexual y la venta de estupefacientes, y sostuvieron que fue en ese contexto en el que se produjo la desaparición de Johana. «Marta no tenía conocimiento de las imputaciones. Estaba en un estado de indefensión como víctima y como querellante», remarcaron.
Vale recordar que en el banquillo de los acusados también se encuentran Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos están acusados de integrar una organización criminal, con cargos que van desde comercio de estupefacientes y explotación sexual hasta encubrimiento agravado y falso testimonio.
La fiscalía general, con Patricia Cisnero a la cabeza, rechazó el pedido de la querella. Argumentó que existe otro proceso judicial en etapa de investigación que busca determinar qué ocurrió con Johana y que «no sería procedente la ampliación en esta instancia».
En su réplica, los abogados insistieron y señalaron que Marta no tenía «cabal conocimiento» de las imputaciones. Sin embargo, Cisnero sostuvo que, si bien es interés del Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que se investigue el femicidio, no se advierte «un vínculo directo» en los argumentos de la querella para avanzar en este juicio. «No acompañamos», concluyó.
La próxima audiencia, con la declaración de más testigos, entre ellos parte del Equipo de Antropologia Forense Argentina, será el 17 de abril.