Un nuevo informe del Observatorio de los Crímenes de Odio de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) dio cuenta de un “agravamiento extremo y sin precedentes” de estos ataques en 2025, registrándose uno cada 38 horas, lo que representa un incremento del 90% respecto de 2021. “La violencia por odio hacia las personas LGBT+ se ha intensificado de manera directa en un contexto de regresión de derechos, debilitamiento institucional y legitimación estatal del discurso discriminatorio”, apuntaron desde la FALGBT.
Desde 2016, la FALGBT elabora este informe en conjunto con la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de estos diez años de relevamiento, 2025 se convirtió en el año con mayor cantidad de casos registrados, con 227 crímenes de odio.
Para estas organizaciones, esto da cuenta de “un agravamiento extremo y sin precedentes de los crímenes de odio contra la población LGBT+ en Argentina durante el año 2025”. En comparación con los últimos años, se observa una “escalada sostenida” que encuentra en 2025 “un punto de inflexión alarmante”. “Mientras que en 2021 se registraron 120 casos, en 2022 la cifra ascendió a 129, en 2023 a 133 y en 2024 a 140, el año 2025 cerró con 227 crímenes de odio, lo que representa un incremento abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”, concluyeron.

Según el registro, durante 2025 los crímenes que constituyen lesiones al derecho a la vida y/o a la integridad física estuvieron encabezados por las golpizas, que representan el 39,65% del total. En este marco, 90 personas sufrieron agresiones físicas por su identidad de género u orientación sexual el año pasado. “Esta modalidad continúa siendo la forma más extendida de agresión, evidenciando la centralidad de la violencia física directa en los ataques motivados por odio”, indica el informe.
En segundo lugar se ubican las acciones de violencia estructural, que representan el 23,35% de los casos, con 53 hechos. “Esta categoría reúne aquellas situaciones en las que la vulneración histórica y sistemática de derechos genera condiciones materiales de precariedad extrema, deterioro de la salud y exclusión social que derivan en daños graves y, en muchos casos, en muertes evitables”, detalla.
Producto de la discriminación, la estigmatización y la violencia simbólica e institucional, las lesiones autoinfligidas se ubican en tercer lugar, con el 11,45%. En este contexto, 26 personas LGBTIQ+ atentaron contra su propia vida.
Del total de personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio registrados en 2025 por el Observatorio, la mayor proporción corresponde a mujeres trans, quienes concentran el 62,56% de los casos (142). En segundo lugar se encuentran los varones gays, que representan el 22,03% (50) del total de los hechos relevados. Los varones trans se ubican en tercer lugar, con el 7,93% (18 casos), seguidos por las lesbianas, que concentran el 5,73% (13 casos). Finalmente, las personas no binarias representan el 1,76% (4 casos) de los crímenes de odio registrados durante el año.

Para la FALGBT, este aumento no es un hecho aislado. “La magnitud del incremento —un crecimiento de más del 60% respecto del año anterior— convierte a 2025 en el año más violento desde la creación del Observatorio y obliga a una lectura política ineludible: la violencia por odio hacia las personas LGBT+ se ha intensificado de manera directa en un contexto de regresión de derechos, debilitamiento institucional y legitimación estatal del discurso discriminatorio”, sostiene el informe. “La violencia no surge en el vacío: se produce, se habilita y se reproduce en un entramado político, institucional y social específico”, agrega.
En este marco, las organizaciones ponen el foco en la retirada del Estado, con la eliminación de organismos claves como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Mujeres y Diversidad, lo que generó “un escenario de desprotección estructural, en el que las agresiones no solo aumentaron, sino que encontraron mayores márgenes de impunidad”.
Otro de los puntos señalados son los discursos de odio, que muchas veces provienen de las más altas esferas del Gobierno, cuando no del propio presidente Javier Milei. “Cuando desde el Estado se habilita simbólicamente la discriminación, sectores de la sociedad se sienten autorizados a ejercer la violencia de manera directa, convencidos de que sus actos serán tolerados, minimizados o invisibilizados”, sostiene el informe.
