En el marco de la avanzada del Gobierno para modificar la Ley de Presupuesto Universitario, las y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional ratificaron su reclamo para que el Ejecutivo cumpla con la ley vigente aprobada por el Congreso el año pasado, con el objetivo de no resignar el salario perdido durante 2024.
“El Consejo Interuniversitario Nacional exige, una vez más, el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y la urgente convocatoria a paritaria docente y nodocente para recomponer la pérdida salarial que se está sufriendo en 2026”, remarcó el organismo que representa a las máximas autoridades de las más de sesenta universidades públicas.
Vale recordar que el Gobierno presentó la semana pasada un proyecto de ley para modificar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada y ratificada —tras el veto presidencial— por amplias mayorías en ambas cámaras. Esa iniciativa desconoce uno de los puntos más sensibles de los reclamos de la comunidad universitaria: la recomposición salarial.
Es que, mientras que la ley vigente establece una recuperación de lo perdido desde diciembre de 2023, el proyecto del gobierno contempla solo una pérdida del 12,3% de 2025, a pagar en tres cuotas de 4,1%, desconociendo el año 2024. Además, en la negociación paritaria para 2026, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación.
“El salario docente universitario perdió 31% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025”, precisó un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y añadió: “De no aplicarse la Ley N° 27.795, el presupuesto 2026 se ubicará entre 32% y 39% por debajo de 2023 en términos reales, retrotrayéndose a niveles de 2006–2007”.
En ese marco, el CIN enfatizó: “Hemos mencionado que existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo, a pesar de que el mismo la ha vetado y la tiene suspendida por un decreto que hemos objetado su constitucionalidad en la justicia”.
Esa instancia judicial a la que refieren los rectores es uno de los motivos por los que el Gobierno activó la “pata política” en el conflicto con las universidades, llevando nuevamente un proyecto de ley al Congreso y alentado por el resultado electoral favorable de las últimas elecciones legislativas.
La Ley de Financiamiento fue vetada por el Ejecutivo, luego ratificada por insistencia de ambas cámaras del Congreso y publicada en octubre de 2025. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por decreto y dio lugar a un proceso judicial en el cual se dictó una medida cautelar, actualmente apelada, sin que ello implicara modificaciones presupuestarias efectivas.
“No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”, concluyó el CIN.