Mientras el foco mediático ubicó su atención en el debate por la reforma laboral y la represión a la protesta social puertas afuera del Congreso, en simultáneo avanzó también el proyecto oficialista de baja de imputabilidad. Mientras la reforma laboral logró sellar su media sanción en Senadores, en Diputados el oficialismo logró la aprobación del proyecto que apunta a bajar la punibilidad de 16 a 14 años. Preocupación y malestar en la esfera política y de derechos humanos.
“En vez de debatir solamente cómo meter presos a los pibes —algo que no soluciona nada y, peor aún, agrava el problema— ¿por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro? La seguridad también se construye con oportunidades”, indicó la legisladora y referente del peronismo Mayra Mendoza, tras conocerse la aprobación del proyecto en Diputados.
“Más horas en la escuela, mejor educación, deportes, cultura, clubes y comunidad. Por supuesto con familia y estado que acompañe. A los chicos se los cuida y se los educa para que no caigan en el delito. A nuestros pibes se los abraza, para que no terminen con esposas”, agregó la legisladora bonaerense.
El avance del proyecto se encuentra en un escenario social delicado. Con el debate aun candente por los efectos de la reforma laboral en los sectores más vulnerables, la agenda punitiva que promueve Javier Milei prepara el terreno para castigar a los sectores que más afectados se verán por el modelo económico y laboral.
En esa línea se pronunció la diputada Vanesa Siley, de Fuerza Patria. “El país que proyecta Javier Milei: trabajo esclavo para los padres, y cárcel para los pibes y pibas. La baja de la edad de imputabilidad, para habilitar el encierro desde los 14 años, ya tiene media sanción en Diputados. Timba, fuga y privilegios para el poder económico; esclavismo, palo y cárcel para el Pueblo argentino”, apuntó la legisladora.
Cabe recordar que en la votación de la Cámara Baja el proyecto obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos. El texto del Ejecutivo fue reescrito para conseguir los votos necesarios. Entre los cambios figura la baja a los 14 y no a los 13 años como era en su texto original. Asimismo, la pena máxima en principio indicaba 20 años y no 15, como al final se terminó estableciendo. Mientras tanto, desde el campo de los derechos humanos también persisten las miradas de preocupación sobre el paradigma que plantea la iniciativa.
“No podés construir una política pública en función del reclamo inmediato de las víctimas ante el hecho que recién sucede. Tampoco podés establecer una política pública que va a alcanzar a millones de personas en función de 3 o 10 casos, porque la franja etaria entre 13 y 17 años son muchos adolescentes y los que cometen delitos no llegan al 1%”, sostuvo la abogada Claudia Cesaroni sobre el tema.
“Cuando se habla de bajar la edad PUNIBILIDAD de niñas, niños y adolescentes, no se está discutiendo la imputación de esa población en delitos. Lo que se discute es la PENA que se aplicará sobre ellxs si participaran en algún delito. Por ejemplo: un niño de 14 sigue en el hilo” expresaron, por su parte, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).