Por Miguel Croceri (*)
Cuando están por cumplirse dos años -será el miércoles 10 de diciembre- desde que la ultraderecha institucional y corporativa tomó el control del país, se han combinado distintos factores propicios para arremeter contra los intereses de las mayorías sociales y continuar el sometimiento de Argentina bajo el dominio de Estados Unidos.
La disputa en torno del modelo de país en el que vivirán de ahora en adelante las actuales y futuras generaciones de argentinas y argentinos tendrá un capítulo decisivo en las próximas semanas, cuando se debata en el Congreso la legislación denominada “reforma laboral” que pretende arrasar derechos y conquistas de las/los trabajadoras/es.
El bloque parlamentario U + D (ultraderecha más derecha) consolidará sus posiciones cuando asuman los/las diputados/as y senadores/as surgidos/as de la votación realizada el pasado 26 de octubre. Por tal razón, existen amplias posibilidades de que el o los proyectos del Poder Ejecutivo resulten aprobados en ambas cámaras.
Cabe destacar que las bancadas estrictamente mileístas, es decir las de La Libertad Avanza (LLA), son minoritarias en las dos ramas del Parlamento. Pero luego de la elección decidieron cambiarse de bloque varios/as legisladores/as del Pro. Además, el gobierno contará con aliados de la Unión Cívica Radical (UCR), partidos provincialistas y representantes peronistas que responden a algunos gobernadores.
Las negociaciones para la conformación de alianzas están en pleno desarrollo y se definirán en los próximos días. Hacia el final de la semana pasada, LLA se acercaba a ser la principal fuerza en Diputados, aunque Fuerza Patria (peronismo y aliados) todavía mantenía el predominio. (Información de Ámbito, nota del 28/11/25).
En el Senado el oficialismo contará a partir de ahora con una de sus dirigentes más conocidas, hábiles y agresivas: la saliente ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Luego de fomentar la actuación violenta del personal armado del Estado en sus dos etapas al frente de dicho ministerio (la anterior fue durante la presidencia de Mauricio Macri), la nueva senadora por la ciudad autónoma de Buenos Aires será la jefa del bloque oficialista y desde ese puesto negociará apoyos del Pro, de diversos provincialismos y de sectores del peronismo, con el propósito de conseguir mayorías a favor del gobierno.
El reciente viernes (28/11), la jura de los/las nuevas integrantes de la Cámara alta tuvo como asunto destacado la imposibilidad -por el momento- de que asuma la rionegrina Lorena Villaverde, acusada de vínculos con el narcotráfico. (Crónica de Página 12, nota del 28/11/25).
Trabajar, ya no será lo mismo
Respecto de la mencionada “reforma laboral” -a la cual el oficialismo le pone el nombre propagandístico de “modernaización laboral”-, cabe resaltar que el gobierno todavía no presentó el proyecto. Anunció que lo hará el martes 9 de diciembre, un día antes de que cambie formalmente la composición del Congreso según el resultado electoral de hace poco más de un mes.
Mientras tanto, funcionarios oficiales mantienen negociaciones -casi secretas, sin acceso a la información pública- con las cúpulas empresariales y dirigentes de la CGT que integran el llamado “Consejo de Mayo”, un organismo corporativo inventado por Milei en mayo de 2024, cuando llevaba medio año de gestión (y que en realidad fue conformado varios meses después).
En el caso de que los planes del mileísmo y las élites capitalistas finalmente sean convalidados por mayorías legislativas tanto en el Senado como en Diputados, habrá una gigantesca pérdida de derechos para trabajadores/as en relación de dependencia. Trabajar -como empleado/da registrado/da- ya no será lo mismo.
El bloque ideológico de ultraderecha y derecha, que incluye al gobierno, a corporaciones empresariales, a gobernadores y a otros sectores político-partidarios, aspira a modificar radicalmente las condiciones referidas a horarios laborales, prolongación de las jornadas sin pago de horas extras, destrucción del principio “igual remuneración por igual trabajo”, vacaciones según la voluntad empresarial, vuelta de los “tickets canasta” para pagar una parte de los sueldos, y múltiples reglas para debilitar el poder de negociación salarial de las/los trabajadoras/es frente a las patronales.
(Según un comentario del periodista Mariano Obarrio publicado en el portal I-Profesional, dentro del citado “Consejo de Mayo” existen fuertes controversias entre representantes de la CGT por un lado, y por otro dirigentes de la Unión Industrial Argentina, UIA. “El mensaje gremial” es que “si el gobierno decide avanzar sin acuerdo, diciembre será un mes de muy alta conflictividad”, concluye el artículo. Nota del 28/11/25).
A su vez, el sindicalismo nucleado en las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) -tanto la llamada CTA “de los Trabajadores” que encabeza Hugo Yasky como la “Autónoma” liderada por Hugo “Cachorro” Godoy-, rechaza frontalmente las pretensiones del mileísmo y sus cómplices empresariales y políticos. Por el contrario, busca articular una estrategia conjunta con legisladores/as del peronismo y aliados, y para ello se reunieron con diputados/as de Fuerza Patria. (Reseña del portal InfoGremiales, nota del 28/11/25).
Hasta el momento la posición de rechazo más explícita a la “reforma” o “modernización” laboral fue adoptada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este sindicato dispuso participar junto a otros sectores de un paro nacional cuando el tema sea tratado en el Congreso, y además realizar diferentes protestas, particularmente contra el ministro Federico Sturzenegger, uno de los cerebros de la extrema derecha gobernante. (Información de Tiempo Argentino, nota del 27/11/25).
Ayer la dictadura, hoy la persecución judicial
La ofensiva contra las conquistas y derechos de quienes viven de un sueldo, forma parte del libertinaje capitalista fomentado por el régimen que encabeza Milei, el cual avanza fortalecido y recargado por los votos que consiguió el 26 de octubre . Pero además es una de las exigencias de Donald Trump y del resto de los factores de poder con epicentro en Estados Unidos, que han tomado el control de las principales decisiones que afectan a la sociedad argentina.
El plan de dominación extranjera contra nuestro país abarca las más diversas áreas de los asuntos públicos. Incluye la designación como ministro de Defensa del general en actividad Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército. El nombramiento del militar forma parte de la reivindicación de los crímenes de la última dictadura, y generó un repudio generalizado de los sectores democráticos y populares. (A modo de ejemplo, puede verse el repudio de Abuelas de Plaza de Mayo. Declaración del 25/11/25). https://www.abuelas.org.ar/prensa-y-difusion/noticias/2156
Además, en función de sus objetivos y con la intervención del aparato judicial cómplice, el gobierno nacional y sus aliados de distintas provincias despliegan una estrategia para amedrentar y amenazar con meter presos/as a militantes opositores/as.
La maniobra llega al extremo de acusar al secretario general de ATE-Nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar, por delitos que fueron incorporados a la legislación argentina después de la etapa dictatorial 1976-1983 con el fin de prevenir golpes de Estado. Mediante una denuncia penal del ministerio de Seguridad Nacional, el dirigente fue acusado por “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”. (Información de la agencia Noticias Argentinas, NA. Reporte del 17/11/25).
En Mendoza ya pasaron de las amenazas a las sentencias judiciales. Una trabajadora y un trabajador docentes, que militan en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina-Autónoma, fueron condenados por participar de un acampe de protesta el año pasado.
Una de las víctimas de la persecución es Mónica Gurina, quien recibió una pena de 10 meses de “prisión en suspenso”, y el otro es Leandro Sánchez, condenado a 8 meses de “prisión en suspenso”. Por el momento no irán a la cárcel pero, si el fallo no fuera revertido por tibunales de apelación, quedarán marcados para siempre con un antecedente penal como si fueran delincuentes. (Publicado en la página web de la CTA-Autónoma, posteo del 26/11/25).
Privatización energética y nuevos tarifazos
El plan de devastación nacional para beneficiar a los poderes oligárquicos y los intereses extranjeros es integral y (como se señaló en un párrafo anterior) abarca las áreas más diversas de la vida pública.
En estos días se está consumando la nueva privatización de cuatro usinas hidroeléctricas situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, una medida estratégica que afectará la soberanía de la Nación sobre el recurso del agua para las próximas décadas.
La decisión involucra a las centrales de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita, las cuales ya habían sido entregadas a empresas privadas durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999). Esta vez Milei dispuso realizar otra concesión para los próximos 30 años, y el viernes se formalizó la apertuta de las ofertas económicas. (Tema reseñado por Página 12, nota del 28/11/25).
De forma paralela, la ultraderecha gobernante dispuso otro tarifazo en la luz y el gas que (dicho de forma burlona) constituirá un brutal “regalo de Año Nuevo” para millones de hogares. A partir del 1 de enero, y de forma gradual a lo largo de 2026, el Ejecutivo eliminará subsidios y provocará la consiguiente suba en la facturación.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), informó cuánto se encarecieron ambos servicios esenciales desde que asumió Milei.
Dicho instituto actualizó a noviembre el Reporte de Tarifas y Servicios. Precisó que entre diciembre de 2023 y el mes que está finalizando, la energía eléctrica subió el 263 % promedio. Y en gas natural la suba fue mucho mayor, ya que en el mismo periodo aumentó el 748 %. (Artículo de El Destape, nota del 28/11/25).
Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre dejaron en una situación de mayor fortaleza política al gobierno mileísta y a los poderes de facto locales y foráneos que integran el régimen gobernante, cuyo proyecto estratégico es implantar un tipo de sociedad basado en un libertinaje capitalista cada vez más cruel y violento.
(*)Publicado en www.vaconfirma.com.ar
