Los principales gremios docentes advirtieron en el Senado de la Nación que el Presupuesto Educativo 2026 presentado por el Gobierno de Javier Milei implica una profundización del ajuste sobre el sistema educativo argentino. Las organizaciones rechazaron las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo, que eliminan artículos centrales de leyes fundamentales para la educación y la ciencia, y denunciaron una reducción sin precedentes del financiamiento nacional.
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, alertó que el proyecto “representa un fuerte ajuste y un retroceso histórico” y que “la educación no puede ser la variable de ajuste”. Según detalló, la inversión educativa caería al 0,68% del PBI, el nivel más bajo desde 2003, frente al 1,66% que se destinaba en 2015.
“Este presupuesto consolida el deterioro del sistema educativo, desconoce el rol del Estado como garante del derecho a enseñar y aprender, y profundiza las desigualdades entre las provincias”, sostuvo la gremialista durante una reunión de la Comisión de Educación y Cultura, encabezada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro.
Durante su exposición, Alesso enumeró recortes drásticos: infraestructura escolar (-84,4%), formación docente (-71,2%), educación técnica (-84,5%), eliminación del FONID, reducción del 90% en programas de conectividad y equipamiento, y la pérdida de becas para más de un millón de estudiantes. También advirtió que la falta de inversión “provoca deserción en los profesorados y caída en la matrícula docente”, con el riesgo de que “falten maestros en las aulas”.
Por su parte, en representación de los trabajadores docentes de gestión privada (SADOP), Patricia Rodríguez sostuvo que “los docentes venimos sufriendo un deterioro constante del salario y de las condiciones laborales, viéndose claramente afectada la calidad educativa en su conjunto”. Además, cuestionó la “política de ajuste del Gobierno y su intento de sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, porque un país que desfinancia su sistema educativo no tiene futuro”.
Desde el oficialismo, los funcionarios del área educativa Carlos Torrendell (secretario de Educación) y Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias) defendieron el proyecto durante otra comisión, la de Presupuesto, realizada ayer. Torrendell justificó la eliminación del artículo 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece un piso del 6% del PBI destinado a la educación.
“No era una buena señal tener esa obligación y no cumplirla”, se defendió. Remarcó que “en las últimas décadas, el presupuesto universitario subió en proporción al total de las partidas”. Sin embargo, añadió: “No es cierto que aumentaron la inversión”.
A su vez, Álvarez confirmó que el Gobierno no cumplirá la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada y ratificada por el Congreso tras el veto de Javier Milei.
Durante la comisión de Educación, la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, remarcó que “sin educación no hay cultura” y advirtió: “Si no tenemos financiamiento ni partidas, la calidad universitaria cae. Estamos en un momento límite y crítico: los docentes se van porque, a veces, su salario no les alcanza ni para pagarse los viáticos. Esto se traduce en una falta de respeto a las políticas de Estado y a los consensos alcanzados”, concluyó.
