La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar el plan de lucha en todo el país para enfrentar el ajuste del Gobierno nacional sobre la educación superior. A través de un comunicado difundido tras el plenario de secretarios generales, la federación denunció la “brutalidad del ajuste” y convocó a dos paros nacionales de 48 horas: el primero los días 11 y 12 de junio, y el segundo durante la semana del 23 al 27, con fecha a definir.
Además, para esa misma segunda semana propuso la realización de una nueva Marcha Nacional Universitaria con movilizaciones simultáneas en las principales ciudades del país, así como acciones locales de visibilización. A su vez aceptó la campaña nacional de recolección de un millón de firmas para respaldar el reclamo por mayor presupuesto y salarios dignos que propuso el movimiento estudiantil.
https://x.com/PrensaCONADU/status/1930838078819549611
El ajuste en la educación superior
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, las universidades nacionales enfrentan un escenario de desfinanciamiento sin precedentes. El Ejecutivo mantiene congeladas las partidas de funcionamiento y se niega a convocar a la paritaria del sector, lo que provocó una pérdida salarial acumulada de más del 40% para docentes y Nodocentes.
Tras un 2024 signado por este conflicto, el malestar en las casas de estudio se acrecentó este año con aumentos discrecionales y muy por debajo de la inflación, decididos unilateralmente por el Ministerio de Capital Humano. Ese ajuste salarial responde a la política del Ministerio de Economía de fijar techos en las paritarias del sector público como parte de una estrategia deliberada para contener la inflación a través de un ancla salarial.
En este marco, los gremios universitarios denuncian que el programa económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei se basa en un severo ajuste fiscal que recae, en gran medida, sobre los ingresos de trabajadoras y trabajadores estatales. Al restringir las negociaciones colectivas y evitar recomposiciones salariales, el Ejecutivo busca reducir la presión sobre los precios mediante la caída del consumo interno, a costa de un profundo deterioro del poder adquisitivo.
En respuesta, el Frente Sindical de Universidades Nacionales —integrado por las federaciones docentes, Nodocentes y organizaciones estudiantiles— elaboró un proyecto de ley que establece un piso de financiamiento para garantizar el funcionamiento del sistema, la recuperación salarial y la convocatoria obligatoria a paritarias.
La iniciativa fue presentada en el Congreso y se convirtió en uno de los ejes del reclamo del sector universitario. Además del ajuste presupuestario, el conflicto también refleja un rechazo más amplio a la política de vaciamiento del Estado que lleva adelante el oficialismo, que afecta no sólo a la educación superior, sino también a la investigación científica, el CONICET y la producción de conocimiento público.
