En agosto de 2015, las bibliotecas populares de la provincia consiguieron aprobar en Diputados y Senadores la Ley N° 14.777 que consagró la lectura como un derecho humano, dejando atrás un decreto ley de la dictadura. La normativa venía a jerarquizar el rol de estas instituciones, otorgando más apoyo y fondos económicos. Sin embargo, el gobierno de María Eugenia Vidal nunca se encargó de reglamentarla y ahora está siendo cajoneada.
Mientras, las bibliotecas deberían seguir recibiendo los subsidios que preveía la anterior normativa: un monto que se va actualizando según la paritaria docente. Sin embargo, este dinero tampoco está siendo desembolsado y hoy la situación es crítica. “Es grave la situación de las bibliotecas en la provincia”, advierten en un comunicado las autoridades de la biblioteca de Leandro N. Alem, “ante el importante retraso en el pago de las subvenciones que tiene el Gobierno provincial, situación que se repitió a lo largo de todo el año 2017”. Desde esta institución, ubicada en el noroeste bonaerense, señalan que actualmente se adeudan enero, febrero, marzo y abril de 2018, historia que se repite a lo largo y ancho de la provincia complicando el pago de los gastos corrientes y el salario de los bibliotecarios.
Por otro lado, según informaron a Contexto extrabajadores de la Dirección de Bibliotecas, hasta diciembre de 2015 eran quinientas bibliotecas las que recibían el subsidios que establece del decreto ley, pero hoy la provincia está subvencionando a 430, habiendo dado de baja a setenta. Las que restan, en tanto, están con constantes atrasos en sus pagos, luchando por sobrevivir.
“Nos condiciona mucho. Es un elemento fundamental, sobre todo porque uno planifica el año en términos económicos porque esto está consagrado por ley. Esto afecta a todas las biblioteca populares. Particularmente, a nosotros, las posibilidades de pago en término de muchas de las obligaciones que tenemos para su funcionamiento”, explicó a Contexto Brian Urban, de la biblioteca Villa Italia de Tandil.
“Por otra parte hay una cuestión coyuntural que se viene extendiendo, que son los aumentos para el gasto corriente y operativo de las bibliotecas. A esta altura principalmente lo que afectan son las tarifas, pero también aumentaron los libros y los gastos generales. Esto ha llevado a que muchas bibliotecas entren en una crisis terminal”, sostuvo Urban. “Tenemos una ley sin reglamentar, un incumplimiento al decreto ley que debería estar rigiéndose pero siempre hay retrasos, y por otra parte no hay políticas públicas destinadas a las bibliotecas populares en la provincia de Buenos Aires”, destacó.
Las bibliotecas bonaerenses, además del pago de las correspondientes subvenciones, atentos al trabajo realizado y al derecho que consagra la Ley N° 14.777, exigen que se destinen políticas públicas para el fomento del sector, que rescaten el rol sociocultural que cumplen en cada una de las localidades.
“Hay que entender la lectura como un derecho humano, sobre todo para los más chicos, pero también hay que motorizar políticas públicas vinculadas al sector”, sostuvo el referente de Tandil.
Con los reclamos constantes y con acercamiento de un pequeño grupo a la Dirección de Bibliotecas, el día jueves se les abonó enero y febrero, pero luego de ese mes a la fecha siguen sin depositar nada, situación que vienen registrando de la asunción del nuevo gobierno.
“Buscan desfinanciar las bibliotecas. Están pateando la deuda y en vez de pagar cien millones como dice la ley pagarán cincuenta millones y lo demás lo van desfinanciado y se lo licua la inflación”, sostuvieron de la anterior gestión.
