Por Pablo Pellegrino
La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner presentó su primer proyecto desde su regreso a la actividad parlamentaria que busca impedir el ingreso a la función pública a aquellos ciudadanos que tengan relaciones con negocios, fondos o sociedades en guaridas fiscales, y estipula que, en caso de conocerse un hecho de estas características que involucre a un funcionario en actividad, debe presentar su renuncia en un lapso de cinco días hábiles.
También contempla la creación de un nuevo artículo en el Código Penal referido a este tipo de actividades que aplicará penas de entre uno y seis años de prisión, la misma que establece el artículo 256 referido al delito de “dádivas”. La autora de la iniciativa señaló que el objetivo es “frenar el festival de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el gobierno de Cambiemos”.
En diálogo con Contexto, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y especialista en derecho comercial, Ricardo Nissen, destacó la importancia de generar una ley de este tipo porque “es la manera de establecer en una ley algo que es implícito pero que mucha gente no se quiere dar cuenta, y es que las sociedades offshore es una actividad ilícita en Argentina”, y criticó la postura de funcionarios oficialistas que ponen en duda la ilicitud de este tipo de prácticas.
“La ilicitud existe: artículo 19 y 124 de la ley de sociedades, las resoluciones de la Inspección General de Justicia, las normas sobre simulación en el Código Civil y Comercial lo establecen”, enumeró, y enfatizó: “Hay miles de normas, el que no las quiera ver que no las vea”.
“Me parece bien que haya una norma escrita que diga que los han hecho su fortuna con las offshore o mantienen capitales, fondos, fideicomisos, sociedades offshore no puedan ser funcionarios públicos; me parece tan básico que ni deberíamos estar hablando de esto”, evaluó Nissen, y explicó que el objetivo principal de estas sociedades constituidas en guaridas fiscales “es la actividad ilegal”.
“Venden anonimato, poca transparencia y, fundamentalmente, incapacidad de generar información cuando un juez pida datos para averiguar sobre esa sociedad; no le van a dar nada o van a hacer figurar como titular un empleado doméstico del estudio y no habrá hilos conductores para llegar al verdadero dueño”, añadió.
Según el ex titular de la IGJ “la offshore no se convierte en delito porque uno no la denuncia en la AFIP, la offshore es en sí un delito”, y advirtió que “en el mundo en el que nos queremos insertar, estos temas no son menores ni disimulables: una persona con offshore en Europa es un delincuente”.
También criticó a los principales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que tienen este tipo de negocios, y se refirió al caso del nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli: “Es una verguenza lo de Cuccioli, hizo toda su fortuna evadiendo al fisco y hoy está a cargo de la política fiscal en Argentina. Forma parte de la lógica de este gobierno: somos todos imbéciles y ellos siguen mintiendo y restándole importancia a estos delitos”.
El diputado nacional de Neuquén, Darío Martínez, también destacó el proyecto presentado por la ex presidenta y dijo a Contexto que él mismo compartió con la senadora un proyecto de su autoría con el que pretende extender la prohibición a empresas proveedoras y contratistas del Estado.
“El concepto que yo planteo es que el Estado no puede tener relación comercial con nadie que no tribute en el país, básicamente significa que con los países en los que no hay reciprocidad tributaria y en los que estén radicados empresas que quieran contratar con el Estado Argentino sean impedidos”, explicó el legislador.
Según el diputado “esta es una discusión que tenemos que dar en nuestro país porque estamos hablando de una sangría de millones de dólares al año de personas físicas y jurídicas que evaden impuestos”, y agregó: “Eso pasa pasa en la Argentina mientras discutimos si le bajamos o no los ingresos a los jubilados, qué hacemos con el impuesto a las ganancias. Yendo a buscar estos fondos, podríamos solucionar las falencias en la presión tributaria sin perjudicar a los sectores más bajos”.
Consultado sobre la paradoja de tener que elaborar una ley para legislar sobre una actividad que ya es considerada ilícita, Martínez explicó que “no es extraño que lo tengamos que hacer por el contexto en el que estamos”. “Tenemos un gobierno con 17 funcionarios que hemos encontrado que tienen esta relación con las guaridas fiscales, donde muchos de los bancos tienen una oficina vip donde te asesoran para hacer esto, hasta no sería raro tener que discutir si la letra A es la A”, dijo en ese sentido.
Martínez, que fue el principal impulsor de la denuncia contra Mauricio Macri en el marco del escándalo internacional que produjo la filtración de documentos denominada Panamá Papers, criticó a la justicia por “no ponerse los pantalones largos e investigar como corresponde, teniendo todos los elementos a su disposición”. “Mi problema no es el presidente Macri, mi problema son los empresarios Mauricio Macri, que son muchos y que se la están llevando afuera mientras la presión fiscal la ejercen sobre los que menos tienen”, expresó.
“Estoy cien por ciento de acuerdo con el proyecto de Cristina”, dijo el legislador neuquino, pero insistió en extender la medida a los privados. “Un ejemplo bien básico: el contrato más caro al que hace frente la municipalidad de Neuquén es la recolección de residuos, la concesión la tiene la misma empresa que está en Capital Federal. El colero del camión (el trabajador que levanta las bolsas) paga impuesto a las ganancias mientras que el dueño de la empresa tiene 4 sociedades offshore. Esto es lo que no puede seguir pasando”, enfatizó.
