Por Gabriela Calotti
“Sin lugar a dudas, la estrategia del Gobierno es tratar de cercenar el conflicto laboral en 2017 cerrando una paritaria con determinados gremios que la legalicen. Pero no va a ser tan fácil porque el conflicto va a seguir creciendo en 2017 más allá de la estrategia de algunos sindicatos de querer cerrar esta discusión”, sostuvo el martes el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. El dirigente estatal encabezó ayer una conferencia de prensa en la que tres gremios rechazaron el cierre de las paritarias para los trabajadores de la Administración bonaerense. Los maestros de SUTEBA y los médicos de CICOP acompañaron el reclamo. Hoy ATE provincia definirá los pasos a seguir.
De Isasi reiteró el rechazo de su gremio al acuerdo paritario por quince meses, es decir, hasta fines de 2017, pues “consolida la pérdida del poder adquisitivo de 2016 en 2017, porque más allá de que la gobernadora diga, casi en cadena nacional, que el aumento es del 18%, la única verdad es la realidad y el aumento es del 11,9%”.
El dirigente explicó que “sería del 18% si se pagara a partir de enero” y no tomando el último trimestre de 2016 como es el caso. “El mismo Gobierno dice que la inflación (para 2017) será del 17% y nosotros creemos que será mayor, o sea que ya tenemos una pérdida del 5,1% en la proyección de 2017”, puntualizó De Isasi en la sede de su gremio.
“EL GOBIERNO NECESITA HACER EL AJUSTE A FONDO EN 2016 PARA EN 2017 PRESENTARSE COMO AQUEL CIRUJANO QUE YA HIZO LA CIRUGÍA MAYOR Y AHORA VIENE EL BIENESTAR Y LA RECUPERACIÓN.»
“El Gobierno necesita hacer el ajuste a fondo en 2016 para en 2017 presentarse como aquel cirujano que ya hizo la cirugía mayor y ahora viene el bienestar y la recuperación. ¿Por qué? Porque tiene que acelerar esa transferencia de recursos de todos los argentinos a los grupos concentrados mientras le dura el consenso electoral”, consideró el dirigente estatal.
“Como el consenso electoral se pone en discusión en 2017, no quiere decir que no lo mantenga, entonces necesita en 2017 o ablandar la posición de descargar el ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras o cerrar los canales que pongan en debate ese ajuste, como es el caso de la paritaria”, precisó De Isasi durante un encuentro con la prensa en la sede gremial bonaerense.
Consideró que “con esta estrategia el Gobierno se propone fragmentar la lucha social y gremial, y por otro lado judicializa y criminaliza la protesta social porque sabe que si hay criminalización y judicialización el común de la sociedad lo piensa dos veces antes de sumarse a la pelea. Y como necesita tiempo para realizar el ajuste, al criminalizar y judicializar está mandando un mensaje a la sociedad”, abundó el dirigente estatal al analizar la forma en que el Gobierno nacional y provincial está desplegando su estrategia semanas antes de las fiestas navideñas y con miras en las elecciones legislativas del año próximo.
“CON ESTA ESTRATEGIA EL GOBIERNO SE PROPONE FRAGMENTAR LA LUCHA SOCIAL Y GREMIAL, Y POR OTRO LADO JUDICIALIZA Y CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL.»
“No quiere decir que lo logre. Está tratando de ganar tiempo”, enfatizó De Isasi, que consideró que al menos en la provincia de Buenos Aires Cambiemos “no pudo hacer el ajuste a fondo”.
El acuerdo que el Gobierno bonaerense de Cambiemos acordó con Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la federación de gremios estatales bonaerenses (FEGEPPBA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que para la prensa hegemónica son el “70% de los gremios” aunque no en número de afiliados, es por quince meses, pues arranca desde el último trimestre de 2016 y se extiende hasta fines del año que viene. Será pagado en cuatro cuotas a partir de enero próximo.
El acuerdo paritario también fue rechazado por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) porque “no alcanza a recuperar el poder adquisitivo que se perdió durante este año”, según su titular Fernando Corsiglia.
“Si hubiéramos discutido esta paritaria en 2017, estaríamos en condiciones de arrancar mayores porcentajes”, afirmó De Isasi. “Esto le sirve al Gobierno como efecto político inmediato para cerrar el año. Van a intentar condicionar todas las demás paritarias en el porcentaje en que se planteó la paritaria de la provincia de Buenos Aires y van a intentar ilegalizar toda aquella protesta creciente contra la precarización laboral”, vaticinó el dirigente.
De hecho, el acuerdo paritario anunciado el lunes por Vidal alcanza solamente a 200.000 trabajadores, es decir, menos del 30% de los empleados públicos que tiene la provincia, considerando que los otros 430.000 son ni más ni menos que docentes, que desde hace meses vienen reclamando la reapertura de paritarias.
“Estamos reclamando que nos convoquen a paritarias”, afirmó el martes el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, antes de anticipar que “nosotros no estamos de acuerdo” con el cierre de la paritaria que firmaron algunos gremios estatales con la provincia, y le volvió a decir a Vidal que “incumplió” la cláusula de reabrir la discusión si lo acordado era superado por la inflación.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, anunció que la discusión salarial con los estatales “está cerrada”. No obstante, De Isasi advirtió que “la realidad se impone a la voluntad. Puede retrasarse el proceso de lucha, pero se va a imponer en 2017, porque, cuando hay ajuste, el pueblo argentino pelea y los trabajadores estatales también”.
