Foto Tomás F. Cuesta
El Gobierno nacional anunció la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), lo que trae consigo alrededor de 400 despidos y el recorte directo de políticas públicas. Una medida que Javier Milei había querido imponer en su fallida ley ómnibus. Trabajadores, organismos de derechos humanos, de la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones antisemitas se pronunciaron en su contra.
La medida la dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que el Gobierno esta trabajando «en el desmantelamiento de diferentes institutos que o no sirven para absolutamente nada o son cajas de la política o lugares para generar empleo militante», siendo el primero de estos organismos a eliminar el INADI.
Las y los trabajadores del INADI vienen denunciando las intenciones del Ejecutivo de eliminar este organismo desde la campaña. La ley ómnibus proponía la derogación de la Ley Nº 24.515 que lo creó. Ahora el Gobierno busca otras alternativas para darle fin, a las que Adorni catalogó como «burocracias», aunque en términos legales solo otra normativa puede eliminarlo.
«La verdad que es grave, de toda gravedad, porque es grave también, obviamente, desde el marco institucional, desde lo simbólico, porque el INADI es una referencia institucional a nivel nacional y a nivel global, porque el INADI surge en relación con tratados y acuerdos internacionales, tiene que ver justamente con la respuesta del Estado a lo que han sido en su momento los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. Entonces no podemos desconocer esa construcción y esa referencia. No es solamente una ventanilla de recepción de denuncias, sino que también trabajamos desde hace 29 años en la prevención de prácticas sociales discriminatorias, promoviendo políticas públicas. Es mucho más que recibir denuncias de discriminación», explicó en diálogo con Contexto Julia Amore, quien trabaja desde hace catorce años en el organismo.
El instituto se creó en 1995, a partir de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, con el objetivo de «elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin».
En sus 29 años de historia, además de trabajar diariamente para prevenir y erradicar la discriminación, ha sido parte activa en la constitución de leyes claves en Argentina, como la de Matrimonio Igualitario; de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de Identidad de Género; de Cupo Laboral Trans; de Transparencia y Equidad Electoral; de Accesibilidad Web para personas con discapacidad; de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.
«Está claro el ensañamiento con muchos sectores de nuestra sociedad, con sectores históricamente vulnerabilizados. Obviamente, es lo que primero quieren derribar, eliminar, destruir, y por eso nos atacan. Es clara la intención. Tiene que ver con un adoctrinamiento también», sostuvo Amore.
El INADI cuenta con una sede central en la ciudad de Buenos Aires y con delegaciones en cada provincia, logrando así un alcance federal de sus políticas. «La discriminación es un flagelo que abarca a todo el país y en todas las provincias y en los pueblitos más lejanos. Entonces, a veces hay gente que necesita esa contención, ese abordaje de estas políticas que llevamos a cabo desde el organismo en un marco legal y también en un marco de contención emocional», explicó Amore.
Rechazo general de diversos organismos
Uno de los organismos que se articula de manera directa con el INADI es la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), siendo el Instituto el espacio donde esta comunidad recurre ante las múltiples situaciones de discriminación y violencia que atraviesan, por lo que señalaron que «su cierre es un ataque a la igualdad y a la justicia social».
«Es inadmisible que esta medida ignore los compromisos tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos. Esto demuestra una alarmante falta de sensibilidad y compromiso por parte de quienes tienen el deber de proteger a les ciudadanes de nuestro país. El INADI fue creado por Ley y solo otra Ley Nacional podría cerrarlo. El Congreso no acompañó los artículos de la Ley Ómnibus que pretendían esta medida, buscar cerrarlo de otra manera es atentar contra las atribuciones de otro poder del Estado lo que sería una medida absolutamente inconstitucional», denunciaron desde la FALGBT a través de un comunicado.
Para la Federación, el INADI «es esencial en la construcción» de igualdad, con trabajadores y trabajadoras comprometidas con esta labor. «Nos preocupa profundamente la falta de un espacio institucional dedicado específicamente a garantizar la igualdad y a combatir la discriminación. Esta decisión deja en total desamparo a todas las personas que viven situaciones de discriminación en nuestro país», advirtieron.
En este marco, la FALGBT se solidarizó con sus trabajadores y exigió «que se revierta esta decisión. Apelaremos a la Justicia Nacional e Internacional para evitar su cierre, si es necesario».
Otro de los organismos que se pronunció en contra fue la DAIA. «La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial», señalaron desde el organismo que lucha contra el antisemitismo.
Por su parte, Amnistía Internacional Argentina resaltó la importancia de este organismo, destacando que «fuimos el primer país en el mundo en tener un organismo que atiende denuncias por discriminación. En 2022 atendió + de 12 mil consultas y 2.558 denuncias. Es deber del Estado garantizar que todas las personas podamos vivir libres de violencia, discriminación y miedo».
«Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que promuevan la diversidad e igualdad. El INADI no puede ser disuelto por la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, pues fue creado por el Congreso para la protección y defensa de todas las personas que sufren discriminación», destacaron.
