Suma rechazos el pacto fiscal que ideó Vidal para controlar a municipios e intendentes

A medida que legisladores e intendentes del FpV –y de otras fuerzas opositoras como el massismo– toman nota y sacan conclusiones sobre el pacto fiscal que María Eugenia Vidal quiere aplicarle a los municipios, crece el malestar con esta medida porque, entienden los protagonistas, buscar recortar recursos y avasallar la autonomía constitucional que tienen las comunas.

Como adelantó Contexto este domingo, fue Francisco “Paco” Durañona, intendente de San Antonio de Areco, el primero en expresar su malestar con la idea de la gobernadora de someter los distritos a metas de austeridad. En diálogo con este medio, había dicho que la provincia no puede meterse con el diseño de las tasas o con la contratación de empleados.

“Esto de querer poner de rodillas a gobernadores e intendentes a partir del cuánto te doy no es de un país moderno, sino que nos lleva al peor de los pasados, de un poder unitario y centralista con el látigo y la billetera”, había denunciado Durañona.

El rechazo tomó más cuerpo este miércoles cuando intendentes, diputados y senadores del FpV y del PJ, en representación de todas las secciones electorales, se reunieron en la Legislatura para analizar las leyes de presupuesto, impositiva y de responsabilidad fiscal.

En ese marco, el actual diputado nacional Gustavo Arrieta fue uno de los que advirtió sobre la “fuerte” merma de fondos para las municipalidades. «Estamos hablando de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos menos para los municipios y que hacen, por ejemplo, a la sustentabilidad del servicio de seguridad, donde los municipios hacen su aporte en combustible», indicó el dirigente de Cañuelas.

En la misma línea, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, pidió “la reflexión de muchos intendentes que hoy han sido convalidados por las elecciones en toda la provincia”. Para el alcalde del sur bonaerense, “si avanza esta ley de responsabilidad fiscal, los municipios vamos a tener una autonomía muy cuestionada».

Finalmente, pronosticó que «si el presupuesto 2018 pasa como está escrito, vamos a tener severos problemas para poder cumplir con las necesidades de nuestra gente».

Con respecto al Ejercicio 2018, fue la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien levantó una de las voces más críticas. «Nos preocupa que Vidal lleva 136 mil millones de deuda acumulada y que vuelve a pedir más endeudamiento», señaló

«Las economías de las familias van a estar cada vez más ajustadas producto de la revaluación muy fuerte de las propiedades y por los nuevos aumentos en gas, luz, ARBA y combustibles», agregó Magario, en relación con el aumento previsto de más del 50% para el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano.

«Una gobernadora que presenta un presupuesto que no sostiene lo elemental, es pura deuda y no tenemos idea de en qué lo va a invertir. Por eso creemos que este presupuesto de esta manera no se puede votar», consideró. La toma de créditos que pretende Vidal para el año que viene es de 60 mil millones de pesos.

Las metas «voluntarias» para municipios

En concreto, esta ley propone una modificación de la Ley Nº 13.29, el actual Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal. Las pautas reclamadas son: que el gasto aumente al ritmo de la inflación, que el crecimiento de la planta municipal vaya en sintonía con el incremento poblacional (1,5% anual), y que el endeudamiento no supere el 8% de los recursos.

En el Artículo 1º se propone “la modificación del Art. 2 del RRFM, y en el Artículo 2 invita a los municipios a adherir a las modificaciones” a través de ordenanzas de los Concejos Deliberantes.

Si bien se habla de “una invitación”, también se aclara que “la adhesión a la presente ley es condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras”.

El Artículo 10 también es sensible para los municipios, ya que se mete en las herramientas de recaudación que tienen los Ejecutivos distritales. En este punto, la propuesta es generar una homogenización de las presiones tributarias y de las tasas de seguridad e higiene, alumbrado, barrido y limpieza, y conservación de caminos.


 

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